El negocio de la emergencia

Un nuevo bochorno del Gobierno inaugura el 2011. Un informe emitido por Contraloría revela una gestión de la reconstrucción poco digna de quienes prometían excelencia. El protagonista del caso es Cristóbal Lira, jefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Este empresario del retail dejó sus asuntos privados para abocarse a la misión de servidor público. Su dudosa celebridad nació cuando ofició de Director del Comité de Emergencia de la Presidencia. Sus quince minutos de fama los debe a cosillas poco edificantes.

Según el Informe de Contraloría, el proceder del Gobierno en la reconstrucción ha estado marcado por la incuria, por la ignorancia del funcionamiento del aparato estatal y por irregularidades en los procesos de compra. La mala señal llegó a poco andar el proceso de reconstrucción, cuando el Gobierno le asignó más de $8 mil millones a las empresas Easy, Home Center y Construmar, adjudicándoles la reconstrucción sin licitación previa.

La decisión del Gobierno, aunque reprochable, se ajusta a las facultades que el Decreto Supremo Nº 509 de 1983 le da a Onemi para celebrar contratos y compras sin licitación pública en casos de catástrofe. El lío con esas facultades es que las decisiones de compra no se tomaron en la Onemi, como se debía, sino en el mencionado Comité de Emergencia encabezado por Lira.

La Onemi -señala el informe de Contraloría- se limitó a remitir las solicitudes de adquisición y órdenes de compra conforme recibía instrucciones del Comité, compuesto por funcionarios a honorarios sin autoridad administrativa para tomar decisiones como las que se adoptaron. Los detalles sobre las resoluciones del Comité -o sus comunicaciones con la Onemi-, para la emisión de las órdenes de compra son difíciles de establecer. Porque el “gobierno de excelencia” prefiere los correos electrónicos y los llamados telefónicos a los documentos de rigor en las burocracias estatales serias. Para el Gobierno, la eficiencia y la excelencia sólo existen a la hora del slogan.

Entre los proveedores favorecidos están Cencosud S.A. y D&S, holdings bien conocidos. El primero de ellos hizo noticia por las alzas unilaterales de las tasas que los clientes de Jumbo pagan por la mantención de sus tarjetas de crédito. En esa época su gerente era un cierto Laurence Golborne, que no se distinguía por sacar chilenos del hoyo sino por meterlos dentro.

El segundo holding es dueño de una cadena de supermercados que -según las querellas en curso- es Líder en prácticas antisindicales, encerrar con llave a los reponedores nocturnos y acosar a las cajeras para que exijan donaciones de los clientes (pesitos que Usted dona en caja y que eximen al supermercado de impuestos que podrían servir para la reconstrucción). Tan confiable es Cencosud que los alimentos comprados por el Estado para las familias damnificadas fueron ingresados desde Argentina por el paso Los Libertadores como “ayuda humanitaria a la República de Chile”, evitando así costes aduaneros. La suma en cuestión supera los 2 mil millones de pesos. Se ve que hasta el terremoto es una oportunidad de negocio para las empresas, y que este Gobierno no duda en complacer a su clan.

Según el Jefe de Abastecimiento de la Onemi, se le sugirieron al Comité los proveedores habituales de la entidad. Sin embargo el Comité de Lira agregó D&S, Cencosud y Gillibrand, proveedores que se han llenado los bolsillos a costa de la miseria de la gente. Peor aún, la administración Piñera no publicó las compras efectuadas en el portal informativo de la Dirección de Compras Públicas. Dicha publicación es obligatoria en conformidad con el Decreto nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, con la ley No. 19.886 y con los instructivos de 2006 sobre transparencia activa. Este notable abandono de deberes, incuria, negligencia e irregularidad puede medirse en que veinticinco de las órdenes de compra analizadas por Contraloría -por un valor de $10.416.629-, no fueron informadas a la ciudadanía.

El sobrepago por concepto de viviendas de emergencia es aún más curioso. Según lo convenido en el Comité de Emergencia se acordó un precio base de $440 mil por unidad, más un flete de $25 mil. Y se estableció un incentivo decreciente por rápida entrega que partía con $100 mil para viviendas recibidas entre el 30/03 y el 06/04, y que se reducía gradualmente hasta llegar a los $15 mil para aquellas viviendas recibidas entre el 23 y el 30 de abril.

Pero los precios pagados suelen ser mayores a los convenidos. Contraloría establece que para la última semana de abril correspondía pagar $480 mil netos por vivienda, registrándose en cambio pagos por $505 mil. Adicionalmente el informe da cuenta de pagos por unidad de $820 mil a Forestal Tromen S.A., y de $629 mil a Viviendas Económicas un Techo para Cristo (¿Gracias a Dios?).

La decisión del Comité de Emergencia para hacer “una alianza estratégica” con estas dos empresas -como consigna la explicación oficial- implica sobreprecios que ascienden a $38.139.500. La respuesta de Cristóbal Lira y la ministra Von Baer ante el despilfarro es típica de la gente de negocios, acostumbrada a los dogmas del mercado: “pagar $800 mil por mediaguas que valen $400 mil es lógico cuando crece la demanda”. Como dicen los sacerdotes del capitalismo: Es la dura ley del mercado. Si un terremoto derrumba la mitad de las casas de Chile el precio de los materiales sube y el Estado -como un consumidor más- debe someterse a las reglas de la especulación. Pura ganancia para los amiguetes de palacio.

Si las justificaciones de La Moneda son típicas de un negociante, son impropias de una autoridad pública y brillan por su opacidad. Ellas confirman que el proceso de reconstrucción ha estado -y sigue estando- muy lejano de la promesa de excelencia de un gobierno de empresarios.

Mientras tanto el escándalo continúa…

Por Camilo Navarro

Militante del Partido de Izquierda Paiz

www.twitter.com/@CamiloNavarroO

Politika, segunda quincena enero 2011

El Ciudadano Nº95