El presidente vaquero

Cuatro días después del atentado a las Torres Gemelas y en el momento en que el Congreso estadounidense aprobaba facultades y medidas especiales para que el Ejecutivo combatiera actos terroristas en su territorio, el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, decía: “Encontraremos a aquellos que lo hicieron. Los haremos salir de sus cuevas, los haremos correr y los juzgaremos”. (We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We’ll get them running, and we’ll bring them to justice).

A ese argumento -que parecía tomado de una película protagonizada por John Wayne o, en una versión más contemporánea, por Arnold Schwarzenegger– siguieron otros, igual de célebres, como aquel en que dividió a los países entre amigos y enemigos, miembros del “eje del mal”. Todo en corcondancia con un libreto en que el Presidente representaba el papel de súper Sheriff, el hombre dispuesto a usar todas las formas de lucha para defender el “modo de vida” estadounidense, el sueño americano, amenazado por ese extranjero desconocido y moreno dispuesto en todo momento a atentados suicidas.

Las “políticas públicas” que siguieron a esas declaraciones están hoy a la vista: La invasión de Irak sobre la base de evidencias falsas, la guerra imposible en Afganistán, deportaciones injustas en los aeropuertos de personas de aspecto árabe, centros clandestinos de detención y tortura de prisioneros en distintos puntos del planeta y entre los cuales Guantánamo es sólo el más conocido.

Bush le pidió al pueblo estadounidense que “sacrificara” algunos de los derechos que daban por garantizados (como la privacidad y la libertad de expresión) en pos de una guerra larga y difícil contra “el terrorismo”.

Es discutible cuánto avanzó realmente en sus metas. Lo cierto es que Bush terminó su gobierno con niveles de popularidad históricamente bajos, y se hizo sentido común entre los ciudadanos de ese país el juicio de que ese Presidente nunca se hizo cargo de los problemas reales de los estadounidenses, que tras su discurso bélico se escondían intereses petroleros, y que el gasto en armamentos y en vidas mutiladas fue mucho mayor que el beneficio prometido a su país.

Sebastián Piñera tiene a la vista el ejemplo de ese fracaso y, sin embargo, al menos en la forma en que ha enfrentado los incendios forestales en el sur, pareciera querer emular la estrategia del Presidente vaquero.

Inmediatamente después de declararse los incendios en la zona de la Araucanía, Piñera ha dicho en diferentes y reiteradas declaraciones que tras ellos actuó una “mano perversa”, “terrorista”, cuya única intención es destruir el trabajo honesto de la gente de bien.

“Estos actos terroristas, criminales, nos convencen más que nunca de que el Gobierno tiene que mantener la prudencia, pero al mismo tiempo mantener la lucha contra los hechos de naturaleza terrorista y el crimen organizado”, dijo el Presidente. Y amenazó con usar todo el peso de la ley contra esos antipatriotas que atacan el sueño de los chilenos esforzados y trabajadores, ocultos en los bosques del Bío-Bío. El Ministro del Interior secundó sus declaraciones apuntando derechamente a las organizaciones mapuche.

Piñera dijo que basaba sus declaraciones en diversas “evidencias”, aunque no ha expuesto más datos que la tesis levantada por forestal Mininco, y cuyo sustento sería el hecho de que el fuego se habría iniciado simultáneamente en distintos focos.

El académico y director del Laboratorio de Incendios de la Universidad de Chile, Guillermo Julio, dijo en sendas entrevistas a Radio Cooperativa, que los focos simultáneos podrían tener distintas causas y no sólo la posibilidad de atentado, y que la voracidad de los siniestros este año tiene causas predecibles, como el calentamiento global que ha convertido a la vegetación en un manto seco y vulnerable a cualquier chispa. Además, los bomberos de la zona plantearon una hipótesis más plausible que el accionar de mentes perversas: incendios accidentales provocados por lugareños que producen carbón con métodos artesanales.

Nada de esto constituye evidencia para Piñera, como tampoco constituyeron evidencia para Bush los irrebatibles informes sobre la inexistencia de poderío nuclear en Irak. La voz de estos expertos es disfuncional al libreto y por lo tanto se descarta. Tal vez el Presidente piensa que le redituará mucho más beneficio político asumir el rol de un sheriff que protege a los habitantes de su pueblo de las hordas de salvajes y crueles de indígenas terroristas, de “aquellos que creen que para lograr sus objetivos pueden simplemente sacrificar vidas, sacrificar propiedades, sacrificar sueños”.

La tesis del Gobierno podría ser ignorada como una campaña comunicacional absurda y hasta divertida, si no fuera porque uno sabe lo que significan declaraciones como esas en las mentes de los policías que tienen que acatarlas. No demoraron mucho los carabineros de la zona en detener a un par de muchachos mapuche sorprendidos, según ellos, intentando prender fuego. Comenzaron los allanamientos en búsqueda de pistas que permitan probar la supuesta conspiración. Y ya se trasladaron a la zona nuevos contingentes de zorrillos, guanacos y fuerzas especiales.

La experiencia indica que la arremetida “antiterrorista” agregará nuevas dosis de dolor, discriminación y sufrimiento al pueblo mapuche y a sus niños, quienes viven constantemente bajo la sombra de la sospecha y la incriminación de parte del Estado chileno.

¿Qué otra cosa podría sino hacer la policía chilena, bajo dependencia directa del Ministro del Interior, si éste ya hizo una asociación directa entre los incendios forestales, el ataque a un helicóptero y la quema de un bus en Santiago? ¿Investigar y demostrar que el Presidente y su ministro se equivocaron? ¿Hacerlos pasar el bochorno de probar que hicieron declaraciones sin sustento? Como los militares en Irak, las fuerzas policiales chilenas probablemente no tendrán el beneficio de esa independencia de juicio. Se les paga por actuar. Si el Presidente piensa que las organizaciones mapuche son las culpables, pues la tendencia de buena parte de esos funcionarios será trabajar para demostrar que tiene razón. El respeto a principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto a derechos humanos fundamentales quedarán supeditados al cumplimiento de esa meta. También, al oir la convicción con que hablan el Presidente y su ministro, habrá ciudadanos bienintencionados que les creerán y considerarán normal nuevos actos de represión en el sur.

Uno podría esperar del Presidente que frente a los problemas que enfrenta decida adoptar medidas públicas consistentes con el problema. Por ejemplo, como sugirió Guillermo Julio, duplicar el presupuesto de la Conaf, puesto que lo esperable es que siga habiendo incendios forestales en un planeta cuya temperatura va al alza y no a la baja. Que se tomen medidas para proteger en serio los parques nacionales, impidiendo que los turistas puedan hacer fuego en su interior. Que se intervenga la naturaleza creando barreras protectoras en caso de que se desate un incendio. Y tantas otras cosas que pueden hacerse en materia preventiva y de manejo de las crisis.

Pero tal vez eso sea pedir peras al olmo. Es más fácil y más entretenido jugar a los vaqueros, apuntar el dedo acusador desde la posición de la máxima magistratura, pensar que en el país hay buenos y malos, crear la idea de que hay un enemigo interno del cual el Presidente sheriff tiene que protegernos. Total a Bush le funcionó. Por poco tiempo, pero le funcionó.

Por Alejandra Matus

Periodista. Master en Administración Pública/Universidad de Harvard.

El Ciudadano Nº118, segunda quincena enero 2012