Escuchando el avance del crimen organizado en Chile

Tres noches de fuegos artificiales y disparos al aire en un funeral de un narcotraficante parecería algo normal en países azotados por este flagelo pero lamentablemente, hace varios años, también se ha convertido en una realidad en diversas comunas de nuestro país, como pasó en Peñalolén. De hecho, todos los fines de semana hay disparos y fuegos artificiales en una población donde yo vivo en una de las comunas más pudiente y emblemática por sus planes de seguridad ciudadana en Santiago. “Es la llegada de la droga” me dijo un vecino. Los que quieran escuchar lo pueden hacer, si dejan de taparse los oídos con las manos.

A raíz de estos hechos, diversos “expertos”, mayoritariamente policías en retiro, menos académicos, parecen opinar desde sus propios intereses que desde un análisis científico-técnico de la realidad. Hace años que se escucha un debate en torno a si existen “organizaciones criminales” en Chile. La respuesta mayoritaria es que no, sino “bandas delictuales”. Sin embargo, a regañadientes comenzamos a aceptar que ya no somos sólo un país de tránsito sino que de consumo, acopio y envío a latitudes impensadas hace algunos años y en el que el aumento de los laboratorios es una tendencia constante al crecimiento. Creo que es importante ahondar en estas distinciones en función de las políticas públicas con que se debe enfrentar este fenómeno. Pero creo que es fundamental y estratégico realizar un estudio comparado y estudios prospectivos sobre la evolución del crimen organizado en otros países como lo sucedido en México, Colombia, Perú, Bolivia y Argentina, estos tres últimos países nuestros vecinos. En estos casos cuando se tomó en serio el tema ya era tarde.

En la reunión de expertos de Interpol (1988) sobre criminalidad organizada, se definió a la delincuencia organizada como “cualquier asociación o grupo de personas que se dediquen a una actividad ilícita continuada y cuyo principal objetivo sea la obtención de beneficios, haciendo caso omiso a la existencia de fronteras nacionales”.

Doce años después, en Palermo, Italia, la Convención sobre Criminalidad Organizada Transnacional (2000) la definió como: “la actividad colectiva de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus dirigentes obtener beneficios, controlar territorios, mercados nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto intensificando la actividad criminal como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular mediante la realización de una serie de actividades tales como: Tráfico de drogas y blanqueo conexo, trata de personas y explotación de la prostitución ajena, falsificación de moneda, tráfico ilícito de objetos culturales, de materia nuclear, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, corrupción de funcionarios, etc.”

Como señalan muchos autores, la categoría de crimen organizado debe quedar reservada para designar la forma superior de asociación criminal o las más graves representaciones de estas colectividades. Es decir, cualquier organización creada con el propósito expreso de obtener y acumular beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas y que asegure su supervivencia, funcionamiento y protección mediante recurso a la violencia y la corrupción o la confusión con empresas legales. Pero tampoco debemos minimizar lo que actualmente sucede en el país y que se puede verificar en los informes, declaraciones y estudios de la Fiscalía Nacional y de numerosos centros de estudios y académicos chilenos.

Veamos la evolución de fenómeno en América Latina en los últimos cinco años. Los delitos transfronterizos han crecido en volumen, complejidad y relevancia. Se han incrementado las actividades ilícitas asociadas, fortaleciendo a grupos y organizaciones o bandas criminales -que se dedican con frecuencia a más de un ilícito-, generando la preocupación de los gobiernos de la región. Los encuentros regionales reflejan esta preocupación. Actualmente antes que hablar de integración se discuten problemas comunes en torno al Crimen Organizado Transnacional (COT). La amenaza de los delitos transfronterizos debería superar las diferencias ideológicas o las tensiones bilaterales, obligar a la coordinación y al combate conjunto de estos ilícitos lo cual hasta el día de hoy no sucede. Será tarde o hay esperanza aún.

En lo que respecta a Argentina, Bolivia, Chile y Perú es posible identificar desafíos comunes en sus espacios fronterizos compartidos. Los delitos más recurrentes se repiten en estos tres países: narcotráfico, tráfico y trata de personas, y contrabando (en el caso peruano se agrega la minería ilegal del oro). Además se suma el tráfico de armas que aún no llega en la magnitud con que sucede fuera de nuestras fronteras. Pese a lo anterior nuestras “bandas” criminales ostentan poseer armamento de guerra incluso en redes sociales. Recuerdo la polémica en Brasil cuando apareció en redes sociales el ex futbolista, Adriano “el emperador” con un arma de guerra enchapada en oro al más estilo de la narco cultura mexicana el año 2014.

De igual manera, se pueden detectar causas comunes que favorecen estos delitos. Entre ellas destacan, primero, la baja presencia estatal en zonas fronterizas, la ausencia de planes integrales de desarrollo y asistencia en las zonas fronterizas –por lo general aisladas, pobres y económicamente deprimidas-, que garanticen su plena incorporación a las políticas estatales y los circuitos comerciales legales.

La carencia de recursos humanos y materiales para garantizar un efectivo control fronterizo. Los países de la región no cuentan con las capacidades en personal, tecnología e infraestructura necesarias para garantizar la vigilancia de sus fronteras. Además, las dificultades geográficas y topográficas de estos espacios, lo que facilita el tráfico ilegal a través de pasos no habilitados. Por último, la corrupción de los cuerpos encargados del control fronterizo, en especial ante los ingentes recursos que manejan las organizaciones o bandas criminales.

Estos delitos vecinales tienen también repercusiones regionales. En muchas de estas actividades ilegales, como el narcotráfico o la trata de personas, Argentina y Bolivia figuran como países de tránsito hacia otros mercados, en especial el brasileño y desde allí a Europa, mayoritariamente vía África.

Y en Chile, nuestras fronteras naturales -la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. nos dan una falsa sensación de seguridad que a veces nos puede jugar en nuestra contra. No somos una isla amurallada inmune a un fenómeno que depredatoria, parasitaria o simbióticamente carcome nuestras instituciones estatales latinoamericanas hace años, utilizando la terminología del académico argentino, Juan Gabriel Toklatian.

Un primer ejemplo: el famoso narcotraficante, Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos” del Cartel de Juárez, estuvo en Chile por cuatro meses a comienzos de 1997. Para apoyarlo en su instalación contrató a un destacado abogado nacional, hermano de un excandidato presidencial. Otros ejemplos: En noviembre de 2009 fueron detenidos los mexicanos Javier Ramírez, Jorge Magallanes y Valeria Hernández, presuntos integrantes del cartel de Sinaloa, con un millón de dólares y 100 kilos de efedrina que pretendían enviar hacia México; y  el año 2014, fue detenida la boliviana Magaly Cueto, ex pareja del mítico narcotraficante Pablo Escobar, con medio kilo de cocaína.

Y en la actualidad, sólo debemos recordar la declaración de Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, sobre la existencia en poblaciones de Chile de un “Estado de Sitio Narco”, que coarta el acceso al Estado de Derecho a casi un millón de personas. Incluso, artículos académicos de una prestigiosa universidad católica de Chile e investigaciones periodísticas apuntan a que la violenta disputa territorial entre traficantes de drogas en poblaciones, ha dado paso a sofisticadas organizaciones criminales. Los estudios prospectivos nos mostrarán si estas organizaciones se vincularán al COT y comenzarán la corrupción de funcionarios públicos, primero municipales y después regionales, hasta expandir un negocio fuera de control tal como pasó en muchos de los países de América Latina. Y si sacamos nuestras manos, destapamos nuestros oídos y sólo escuchamos…

Por Sergio Salinas Cañas

Periodista. Doctor en Estudios Latinoamericanos.