Fusionar para dejar de nombrarnos

Por Sindy Salazar Pincheira y Ariadna Beneventi Pacheco

A veces los derechos no retroceden con una prohibición. Retroceden cuando pierden nombre, presupuesto y una institución obligada a defenderlos. Bajo el lenguaje neutro de la “eficiencia administrativa”, la posible fusión entre ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco de la revisión UN80, es motivo de preocupación. Nadie anuncia el fin de ninguna agencia: se habla de reestructuración. Se asegura de que los mandatos se preserven. Pero preservar un mandato en el papel no responde todavía a la pregunta central: ¿qué ocurre con su presupuesto, autonomía y capacidad de actuar cuando dos instituciones distintas pasan a formar una sola?

La preocupación ya no viene solo de la sociedad civil. En junio, 19 Estados advirtieron que la evidencia disponible todavía no demuestra que una fusión produzca ganancias de eficiencia suficientes y manifestaron dudas sobre la capacidad de preservar íntegramente ambos mandatos. En agosto, una coalición feminista de 146 países pidió retirar la propuesta y considerar alternativas. Si el problema es mejorar la coordinación y la eficiencia, ¿por qué la respuesta tendría que ser fusionar?

ONU Mujeres y UNFPA no hacen lo mismo. UNFPA tiene un fuerte componente operativo y humanitario en salud sexual y reproductiva, y población; ONU Mujeres tiene un mandato específico en igualdad de género y derechos de las mujeres. Sus funciones se cruzan, pero no se reemplazan. Y esa diferencia importa.

El argumento de la eficiencia, además, sigue sin estar demostrado. No existe claridad suficiente sobre cuánto se ahorraría, cuánto costaría la transición ni qué capacidades podrían perderse. Y aquí está la pregunta: ¿ahorrar para qué? La eficiencia no puede medirse solo por cuánto cuesta una institución, sino también por lo que permite hacer. Un derecho puede seguir escrito en el papel y, al mismo tiempo, perder capacidad institucional para hacerse efectivo.

Todo esto ocurre, además, en un contexto que no puede ignorarse: retrocesos en el financiamiento multilateral y movimientos que cuestionan abiertamente los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Obliga a mirar cualquier debilitamiento de la institucionalidad especializada también a la luz del momento político en que ocurre.

Chile tampoco mira esta discusión desde afuera. Como Estado miembro de las Naciones Unidas, tendrá una posición que asumir. No se trata de defender estructuras por inercia ni de oponerse a que la ONU cambie, sino de exigir que cualquier cambio fortalezca, y no debilite, la capacidad construida durante décadas para proteger los derechos de las mujeres.

Gran parte de la ciudadanía no tiene claro qué hace exactamente cada agencia más allá de sus siglas. Esa desconexión es un arma de doble filo, porque cuando el trabajo real es invisible para una ciudadanía desconectada, es más fácil recortarlo sin que nadie pregunte qué se pierde. Porque nombrar no es solo poner una sigla. Es reconocer un problema, asignar recursos y establecer quién debe responder. Después de décadas luchando para que los derechos de las mujeres tuvieran nombre, presupuesto e instituciones responsables, la eficiencia no puede convertirse en una forma silenciosa de retroceder.

A veces los derechos no desaparecen: simplemente dejan de nombrarse.

Sindy Salazar Pincheira

Abogada DDHH. Parte de Corafem y Mujeres Wallpeninas.

Ariadna Beneventi Pacheco

Fundadora y directora ONG Intransigentes. Estudiante Sociología UC.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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