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La Concertación debe explicaciones (LVII)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país la extrema subordinación hacia Pinochet a que se llegó durante el gobierno de Aylwin; la que incluso se manifestó en la aceptación de un reconocido espionaje efectuado a diversos partidos políticos por los servicios de inteligencia del Ejército y en la burda distorsión de los hechos efectuada tanto por el Ejército como por el Gobierno, para restarle importancia al tema.

En efecto, el diario La Epoca publicó en julio de 1991 las confesiones de un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), “Max” (quien resultó ser -de acuerdo al PC- Marco Antonio de la Fuente López, militante del PC de Renca desde 1970, quien luego de su detención por la CNI en 1985 se había convertido en informante); quien reconocía que después de 1990 su trabajo se había orientado prioritariamente al PS y, en menor medida, al PPD y PC. Concretamente se le había pedido que averiguara sobre el PS lo siguiente: “Nómina de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del PS; Funciones que realiza dicha Comisión; Participación en ella de militantes que han efectuado cursos de adoctrinamiento político-militar en el extranjero; Niveles de contactos que mantiene dicha Comisión con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile; Relación entre el PS y otras colectividades políticas para desarrollar el trabajo de la Comisión; Tipo y modelo de los computadores que utiliza el partido; Nombre y dirección de los digitadores; Posibilidades de reclutamiento; Calidad de vida, número de hijos, sueldos, horarios y turnos de trabajo de los digitadores” (La Epoca; 3-7-1991).

Al día siguiente, los directivos máximos del PPD, Erich Schnake y Sergio Bitar, “revelaron que el 5 de junio la sede central (del Partido) fue asaltada con intención evidente de sustraer información política, lo que coincide con un pasaje del testimonio del colaborador de la Dine, publicado ayer”. Asimismo, el senador PS, Jaime Gazmuri, declaró que “se han detectado en el PS jóvenes que, simulando ser estudiantes o integrantes de centros de estudios, mantienen vigilancia sobre dirigentes socialistas, lo que viene a revelar que existe un plan muy bien estructurado de espionaje”. Y los altos dirigentes del PC, Gladys Marín y Manuel Cantero, confirmaron que “hemos venido denunciando el seguimiento de nuestros dirigentes” (La Epoca; 4-7-1991). Posteriormente se supo que el principal contacto de Max, “Charly”, era el sargento del Ejército Carlos Kramm Soto (Ver La Epoca; 26-7-1991).

El Ejército se vio obligado a realizar un sumario, el que después de muchas dilaciones concluyó con que “dos integrantes de la Dirección de Inteligencia tomaron contacto, de propia iniciativa, con Marco Antonio de la Fuente López, ex informante de la Central Nacional de Informaciones, actualmente disuelta, actividad que les estaba expresamente prohibida. Asimismo, se ha comprobado que las materias tratadas en dicha oportunidad se relacionan con situaciones exclusivamente personales y particulares del mencionado De la Fuente, en orden a ayudarlo en la solución de problemas económicos que lo afectaban. Además de lo anterior, se pudo acreditar que tales actividades se desarrollaron en abierta infracción a la reglamentación institucional pertinente, ya que se efectuaron contraviniendo expresas disposiciones del mando respectivo, provocándose con ello un grave daño a la imagen institucional. Por lo tanto, la autoridad que dispuso la instrucción de la investigación sumaria administrativa ha resuelto aplicar las sanciones disciplinarias reglamentarias” (La Nación; 31-8-1991).

Es decir, no pudo ser más surrealista la declaración del Ejército, ya que concluyó que no hubo espionaje político alguno, sino solo contactos de ayuda económica de dos agentes de la Dine con un ex informante de la CNI. Pero tanto o más estrambótica fue la declaración del ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, al respecto: “Creo que hay que tomar nota de que se ha reconocido la existencia de una falta grave por parte de funcionarios de la Dine. Ellos han desarrollado actividades para las que no estaban autorizados. Cualquiera que sea la justificación que hayan tenido, por razón que argumenten, han desarrollado acciones de inteligencia interna, por la vía de contactos con informantes que cumplían a su vez funciones de espionaje en partidos políticos legales. Desde ese punto de vista, sin embargo, no crean, como lo dice la propia declaración del Ejército, grave daño a la institución” (La Epoca; 1-9-1991).

Es decir, el portavoz del Gobierno se satisfacía con la declaración del Ejército, ¡¡pero entendiéndola al revés!! Así, el Gobierno comprendía que había una “falta grave”, cuando se trataba del reconocimiento de un inocuo contacto extrarreglamentario. Luego, el Gobierno daba a entender que hubo algo de significación política en toda la trama, cuando en la declaración del Ejército se “aclaró” que eso no fue así en absoluto. Y, por último, el Gobierno dijo que el Ejército no había sufrido daño institucional, cuando la declaración de éste fue explícita en que se provocó “un grave daño a su imagen institucional”…

Pero además, la declaración de Correa terminaba con una patética aceptación de la completa autonomía del Ejército: “Si se ha sancionado debidamente a los culpables, hechos como éste no debieran volver a ocurrir. Al menos así lo esperamos” (La Epoca; 1-9-1991).Con todo lo anterior quedaba claro que el Ejército seguía efectuando espionaje político y que continuaría haciéndolo, dada la total debilidad y resignación expresada por el Gobierno.

A mayor abundamiento, dos días después Pinochet –consultado por el reciente descubrimiento de restos humanos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en el Patio 29 del Cementerio General– declaró que eran “una sorpresa” y que “felicitaba a los buscadores de cadáveres”. Y al señalársele que en varios casos había dos osamentas en una misma tumba, agregó: “¡Pero qué economía más grande!”. Además, preguntado sobre las dudas que persistían respecto de la investigación del Ejército por el espionaje político, dijo con sorna: “Entonces voy a tener que prepararles un sumario especial que diga lo que ellos quieren que diga” (La Nación; 3-9-1991).

Y por si todavía quedaba alguna duda sobre la absoluta subordinación del Gobierno al Ejército; el presidente Aylwin señaló pocos días después a la televisión británica: “Ahora, ¿por qué no enfrentamos una reforma de las Fuerzas Armadas? Porque las personas, según los antecedentes que tenemos, que pueden haber tenido participación directa en este tipo de hechos (violaciones a los derechos humanos), ya están en retiro (¡en momentos en que era público y notorio que connotados violadores de derechos humanos, como Miguel Krasnoff, continuaban como altos oficiales del Ejército!), y las Fuerzas Armadas, en sus funciones específicas, profesionales, nos parecen tener la organización adecuada” (La Epoca; 11-9-1991).

Para quienes culpan al miedo de todas esas actitudes, vale la pena recordar dos declaraciones del mismo Aylwin: A fines de su gobierno, de que “la presencia del general Pinochet en la comandancia en jefe (del Ejército) debe ser evaluada positivamente” (El Mercurio; 28-9-1993). Y el año pasado, de que “Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé” (El País, España; 27-5-2012).

Por Felipe Portales

21 mayo 2013

Publicado en El Clarín de Chile

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