La Concertación debe explicaciones (XLIX)

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país el porqué, además de la búsqueda de impunidad penal de quienes cometieron crímenes contra la humanidad de acuerdo al Informe Rettig, sus sucesivos gobiernos bregaron por su impunidad moral y política. De este modo, además de consagrar en los hechos el decreto-ley de amnistía; dichos gobiernos ocultaron los nombres de quienes aparecían denunciados como culpables; y los mantuvieron y promovieron en su carrera militar. Además, no hicieron nada por destituir a su máximo responsable (Pinochet) ni a los miembros del Poder Judicial que tuvieron una actitud crucial de encubrimiento de dichos crímenes.

Todo ello pese a que las agrupaciones de familiares de las víctimas y algunos parlamentarios de la Concertación así lo demandaron. De este modo, la senadora Laura Soto (PPD) señaló que el propio establecimiento de la verdad requería “que se publiquen los nombres de los culpables y que también se conozcan las circunstancias” (Cosas; 5-2-1991); y el diputado Claudio Huepe (PDC) planteó que “el asunto de los nombres está relacionado con la verdad y entregarlos es parte de esa verdad” (Análisis; 11-2-1991). Por otro lado, los senadores democratacristianos Ricardo Hormazábal y Jorge Lavandero enfatizaron que “los malos elementos (de las Fuerzas Armadas) deben ser excluidos” (La Tercera; 13-2-1991). Sin embargo, el Presidente del Senado, Gabriel Valdés, “opinó que no es partidario de dar a conocer los nombres de quienes presuntamente fueron autores de las violaciones, porque no ayuda al objetivo final, que es la reconciliación de todos los chilenos” (El Mercurio; 20-2-1991); postura que finalmente se impuso. Incluso años después, durante los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos, se envió a varios de los peores violadores de derechos humanos como agregados militares de Chile en el exterior; añadiendo a la impunidad moral que ello significaba, la indiferencia frente al bochorno internacional experimentado.

Respecto del Poder Judicial, el Presidente de la JDC, Sergio Micco, afirmó que “el principal responsable del encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos fue el Poder Judicial y, en particular, la Corte Suprema. Nosotros, por tanto, creemos que es absolutamente necesario que haya una total reestructuración del Poder Judicial y de los Ministros de la Corte Suprema y que ellos asuman ante la historia su responsabilidad” (El Mercurio; 2-2-1991). Esta iniciativa fue en principio considerada positivamente por el jefe de la bancada de diputados DC, Jorge Pizarro, quien señaló que una acusación constitucional contra los miembros de la Corte Suprema “es una iniciativa interesante y positiva para esclarecer la verdad de todo. Vamos a ver si es factible” (La Tercera; 13-2-1991). Asimismo, el Presidente del PS, Jorge Arrate, expresó que su colectividad estaba estudiando la viabilidad jurídica de dicha acusación, pero que en todo caso compartía el planteamiento de la JDC, pues “revela una postura moral muy adecuada con la cual coincido. Desde el punto de vista ético tengo la peor opinión de lo que ha sido la página escrita por la Corte Suprema durante los diecisiete años del régimen anterior” (La Segunda; 15-2-1991). Sin embargo, se impuso la opinión del vicepresidente del PDC, Genaro Arriagada, quien dijo que “descartaba la idea de la juventud de su partido” (La Segunda; 15-2-1991); lo que fue confirmado por el propio ministro del Interior, Enrique Krauss (Ver La Nación; 15-2-1991).

Pero fue tal el impacto generado con la horrenda verdad contenida en el Informe Rettig, que las Juventudes Políticas de la Concertación solicitaron “un gesto de grandeza moral al general Pinochet que se traduzca en su renuncia voluntaria a la comandancia en jefe del Ejército, como un acto de reconocimiento que le cabe por los graves crímenes cometidos durante su Gobierno”; y pidieron a “las Fuerzas Armadas un gesto similar que signifique pasar a retiro a todos aquellos miembros que se encuentren comprometidos en esos actos” y que “la reconciliación deseada es un proceso que debe sustentarse sobre las bases del conocimiento y Justicia y reparación de las familias de las víctimas” (La Epoca; 3-9-1991).

Mucho más débilmente el Presidente del PPD, Jorge Schaulsohn, manifestó que el decreto-ley de amnistía “por lo menos debe ser objeto de una interpretación (legal) de manera que no excluya la posibilidad de investigar y de identificar a los responsables, por la vía judicial, de las violaciones de derechos humanos” (El Mercurio; 28-2-1991). El Presidente del PS, Jorge Arrate, fue más allá al señalar que no compartiría “una ley interpretativa para permitir el fin de la investigación solamente ya que ésta pondría un límite a la necesidad de justicia” (La Segunda; 28-2-1991).

Finalmente, en el ámbito de la justicia Aylwin se limitó a exhortar a la Corte Suprema que “en ejercicio de sus atribuciones instruya a los tribunales correspondientes para que activen con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión Verdad y Reconciliación les remitió, haciéndole presente que, en mi opinión, la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial y se determinen las responsabilidades, especialmente en los casos de personas desaparecidas” (La Epoca; 5-3-1991). Por cierto, la Corte Suprema no hizo ningún caso de ella; y el Gobierno se hizo el desentendido de aquella negativa.

Aunque notablemente, ¡la postura de Aylwin fue mucho más pro-activa que la de Lagos en 2004, cuando éste último envió un proyecto de ley –aprobado en 48 horas por la virtual unanimidad del Congreso– que le prohibió al Poder Judicial acceder a las denuncias de tortura que las víctimas denunciaron a la Comisión Valech!…

Por Felipe Portales

Agosto 7 de 2012

Publicado en El Clarín