La Concertación debe explicaciones (XXIX)

Continuando con la historia del caso Clarín (Ver XXVI en adelante) y los ingentes esfuerzos de los gobiernos de la Concertación por no devolverlo a su legítimo dueño, dichos gobiernos han utilizado todos los medios imaginables con el fin de conseguir su objetivo. Particularmente respecto de la defensa que han realizado en el juicio internacional incoado por Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi).

De partida -y como indicador de los grados de subordinación de dichos gobiernos a la derecha económica- Ricardo Lagos obtuvo que uno de los abogados de derecha más prominentes del país (Jorge Carey) se sumara al equipo que defiende las posiciones gubernativas en dicho tribunal.

En relación al proceso mismo, los gobiernos concertacionistas han utilizado los más escabrosos métodos con tal de obtener su “triunfo”. Así, para descalificar la calidad de español de Víctor Pey (recordemos que Pey había renunciado a la doble nacionalidad española-chilena en 1996, previo a la presentación de su demanda), de acuerdo al reportaje –nunca desmentido- del destacado periodista Francisco Marín efectuado en 2007, el gobierno chileno alteró la ficha de identificación de Pey, cambiando su cualidad de extranjero por la de chileno, señalando que “esto consta en el documento oficial C 268 del procedimiento de arbitraje Ciadi Caso N° ARB-98-2. El documento se titula: ‘Memorando de la mala fe de Chile a lo largo del procedimiento de arbitraje provocando su prolongación y el aumento de su costo’. Está fechado en septiembre de 2005 y contiene 51 páginas”. (El Ciudadano; N° 48, Agosto de 2007)

Pero sin duda que lo más grave han sido los procedimientos utilizados con la finalidad de “inutilizar” al tribunal. A este respecto es importante tener en cuenta que “el tribunal del Ciadi está constituido por tres miembros. Según estatutos, cada parte nombra a un árbitro, mientras que el tercero, que oficia de presidente del tribunal, es designado por el Banco Mundial”, posición que desde 2001 recayó en el suizo Pierre Lalive. Lo insólito es que “después de siete años de litigios, en junio de 2005 estaba listo el proyecto de sentencia que había sido redactado por Lalive y que como se sabría posteriormente, beneficiaba a los demandantes. Lalive envió copias a los otros dos árbitros con el objetivo de que emitieran su parecer y mantuvieran su confidencialidad, puesto que en septiembre de aquel año, se les daría a conocer a las partes, cuando se realizaran los alegatos finales del arbitraje en Nueva York. Mohamed Bedjaoui, árbitro argelino nombrado por los demandantes, aprobó el texto. Pero el escogido por Chile, violó el carácter secreto del documento: Lo entregó el 1 de agosto del mismo 2005 a las autoridades chilenas”. (El Ciudadano; op. cit.)

Luego, ¡los representantes de Chile recusaron a los miembros del tribunal arguyendo “la ‘lentitud’ de los jueces, las ‘incompatibilidades de salud’ de Lalive, y el hecho que el argelino Bedjaoui, asumiera como ministro de Asuntos Exteriores de su país”! Ante ello, Lalive reaccionó señalando que “en ningún momento antes de enviar a los árbitros mi proyecto final de sentencia la parte demandada formuló queja contra los árbitros o invocó una supuesta lentitud del tribunal de arbitraje”. (El Ciudadano; op. cit.) Y dos días después, el juez ecuatoriano designado por Chile renunció en forma indeclinable…

La recusación de los otros dos miembros no fue aceptada por el Banco Mundial; y en reemplazo del juez ecuatoriano el propio presidente de dicho organismo internacional, Paul Wolfowitz (connotado ex asesor del Gobierno de George Bush), quiso designar a la jurista belga Brigitte Stern. Sin embargo, ¡el gobierno de Michelle Bachelet recusó en 2006 a dicha jueza porque había escrito un artículo en Le Monde el 26 de marzo de 1999 (“Temblad ex dictadores”) alabando la detención de Pinochet en Londres; por lo que estimaba (sí, el propio gobierno de Bachelet) que aquello le quitaba imparcialidad a la jueza!… (Ver El Ciudadano; op. cit.; y La Nación; 30-5-2006)

Wolfowitz aceptó la recusación y designó entonces al jurista Emmanuel Gaillard, a quien también el gobierno de Bachelet intentó recusar arguyendo que ya había fallado en otros arbitrajes anteriores cuya materia presentaba similitudes con el caso Clarín. Pero ya Wolfowitz no aceptó esta nueva petición dilatoria. Sin embargo, “el Gobierno de Chile se dirigió entonces directamente a Gaillard para pedirle que no aceptara la nominación (…) Este no contestó, porque no corresponde a un árbitro comunicarse con ninguna de las partes y reafirmó su participación”. (El Ciudadano; op. cit.) (Continuará)

19 de julio de 2011

Por Felipe Portales

Publicado en www.elclarin.cl