La Concertación debe explicaciones (XXX)

Continuando con la historia del caso Clarín (XXVI en adelante) y los denodados esfuerzos hechos por los sucesivos gobiernos de la Concertación para no devolver sus bienes a su legítimo dueño, ella ha culminado con la reacción negativa que tuvo el gobierno de Bachelet para cumplir el fallo del tribunal internacional (Ciadi) que favoreció precisamente a Víctor Pey.

En efecto, finalmente a comienzos de mayo de 2008 dicho tribunal dio una sentencia favorable a aquél. Así, el Ciadi determinó que el Estado de Chile debía indemnizarlo con más de 16 millones de dólares; una cifra muchísimo menor que la solicitada (517 millones de dólares), ya que el tribunal desestimó el lucro cesante –lo estimado como dejado de ganar por las décadas en que se mantuvo confiscado- como parte de la indemnización.

El fallo reconoció la razón y el derecho de Pey. Y paradójicamente, la aberrante decisión del gobierno de Lagos de 2000 de conferirle –por sí y ante sí- la “devolución” de los bienes del Clarín por un monto de 9 millones de dólares a otras personas, lesionando los derechos de Pey, llevó al Ciadi a decidir que el Estado chileno no podía invocar que el tratado de protección de inversiones con España (de 1994) no podía aplicarse a una confiscación realizada en 1975.

Por cierto, quienes en la práctica más se pueden ver afectados con dicho fallo –los titulares del duopolio periodístico chileno- lo condenaron explícitamente. Así El Mercurio lo calificó como “una exacción agraviante e injusta”. (El Mercurio; 10-5-2008) Y La Tercera lo consideró “un fallo que se sustenta sobre bases que son jurídicamente criticables”. (La Tercera; 10-5-2008) Además –lo que a esas alturas no resultó en absoluto sorpresivo- el gobierno de Bachelet no quiso cumplir con el fallo y solicitó la nulidad de la sentencia al mismo tribunal, lo que estaría por decidirse próximamente.

Todo indica que estaría por llegarse a la insólita situación de que ¡el Estado chileno tendrá que pagar dos veces por el mismo bien! Lo que fue reconocido en su momento por el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía, el socialista Luis Sánchez Castellón, quien al ser consultado al respecto, contestó: “Si llegáramos a perder el juicio, que yo lo dudo, obviamente tendría que acatarse el fallo”. Y que al ser reconsultado si ello significaba que “se pagarían dos indemnizaciones por el mismo bien”, respondió: “Estaríamos en presencia de una situación de esa naturaleza”. (Boletín Libertad de Expresión, N°1, mayo, 2007; Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile)

En concordancia con la persistente defensa fáctica del duopolio, la solicitud de nulidad de la sentencia era algo totalmente preconcebido por el gobierno de Bachelet, como lo consignó entusiastamente y en portada el diario La Tercera: “Chile el 2007 trabajó en el escenario de una derrota y en noviembre pasado se decidió que pedirían la nulidad del juicio, lo que alargaría el proceso dos años más, tras solicitarle al Ciadi revisar la resolución”. (La Tercera; 9-5-2008)

De este modo fue totalmente desoída la voz de decenas de intelectuales y académicos que acordaron “repudiar la decisión del Gobierno chileno de solicitar la nulidad del dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga al Estado chileno a indemnizar con un pago de 16,6 millones de dólares al señor Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende por la confiscación del diario Clarín durante la dictadura militar” (www.libertaddeexpresion.uchile.cl; 19-5-2008)

En dicha declaración señalaron, además, que “la demanda de los legítimos propietarios de Clarín ante un tribunal internacional demuestra la falta de voluntad de los últimos gobiernos de la Concertación de reparar, como corresponde y a todos los afectados, las arbitrariedades cometidas por el régimen de Pinochet. En este caso ha significado que el diario de mayor circulación de la historia del periodismo nacional no haya podido reanudar sus actividades después de 18 años del término de la dictadura”.

Y agregaron que “el desconocimiento de la sentencia del Ciadi, anunciado a nombre del Gobierno por el Ministro de Economía, tiene el propósito de bloquear la posibilidad de un nuevo medio de prensa que fortalezca el pluralismo informativo cuyo déficit en la prensa escrita como consecuencia de la concentración económica en sólo dos grandes conglomerados resulta una de las mayores debilidades de la transición chilena”.

Dicha declaración fue suscrita –entre muchos otros- por los premios nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Monckeberg y Faride Zerán; por el premio nacional de Literatura José Miguel Varas; por el premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón; y por los premios nacionales de Arte José Balmes, Fernando García, Gonzalo Díaz y Guillermo Núñez.

¿No se vulneraron en todo este caso los pronunciamientos del Consejo de Defensa del Estado; la Constitución y las leyes; la buena fe ante los tribunales internacionales; el derecho de propiedad; y los principios más elementales del derecho y la justicia? ¿No se hizo todo lo anterior, en definitiva, para preservar a como diera lugar el duopolio periodístico vigente, cercenando con ello gravemente el derecho a la libre información y expresión en perjuicio de los sectores sociales y políticos mayoritarios del país? ¿No representa este caso una de las ilustraciones más gráficas del extremo grado de subordinación a que llegó la generalidad del liderazgo concertacionista, respecto de la derecha económica, en sus 20 años de gobierno?…

1 de agosto de 2011

Por Felipe Portales

Publicado en www.elclarin.cl