La política de los apolíticos fiscales del caso Curuguaty a través de sus  alegatos finales

Fiscala Liliana Alcaraz: Empezó diciendo que todo ocurrió «el 15 de junio del año 2012 en la propiedad conocida como Campos Morombí«

Por Wari

19/06/2016

Publicado en

Columnas

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Pelao CarvalloFiscala Liliana Alcaraz:

Empezó diciendo que todo ocurrió «el 15 de junio del año 2012 en la propiedad conocida como Campos Morombí«.  No Marinakue, eso ya nos indica el apego a la verdad de esta fiscala. Agregó que «la verdad será debatida en la única instancia valedera, que es este juicio.» Los debates académicos, la producción cultural y periodística respecto al caso no las considera verdades valederas, que lo son, en su área. De hecho, la historia por suerte no se basa única y exclusivamente en los juicios y sus alegatos.

Para denostar el debate del caso argumenta que «Alrededor de este caso se han generado mentiras, tergiversaciones, malas interpretaciones interesadas de sectores políticos ideológicos y de mucha gente, todas estas mentiras, falacias han logrado tergiversar y confundir a la opinión pública, todas estas malas interpretaciones interesadas se asemejan a lo acontecido en este juicio oral y público».  Habría para el Ministerio Público (MP) una mala interpretación, y una buena, la suya. La opinión pública solo puede opinar diferente al MP cuando es tergiversada y confundida.

El MP a través de la fiscal Alcaraz tiene una visión estrecha y claramente opuesta a la constitución nacional en cuanto al Estado de Derecho y la libertad de debate y expresión: «Este (el juicio)  es el único ámbito donde se debe analizar y debatir acerca de lo acontecido en Campos Morombí, no en salas del Congreso, no en programas televisivos ni en la plaza, no debatiendo en ámbitos que no tienen que ver con el Estado de derecho.» Con esta declaración ha cercenado unos cuantos derechos y libertades de los paraguayos y las paraguayas.

Usando imágenes de un niño inició su alegato esta fiscal, un niño que ella refiere como «con la ropa sucia y varios días sin haberse aseado.» Parece ser alguien que nunca ha pisado el campo en su vida esta fiscala ya que critica desde una mirada urbanocéntrica de élite las formas de vestir y estar de un niño de una cultura que desconoce y al mismo tiempo detesta. No sólo describe sino que criminalizó con la pregunta  «¿Qué futuro podemos esperar de esta criatura si a tan solo unos pocos años de edad forma parte de la estrategia para un enfrentamiento?» Por estar «sucio» y «desaseado». Le espera un futuro terrible para él y terrible para la fiscal Alcaraz porque con esa pregunta pretende instalar el temor al futuro adulto campesino que será ese niño campesino.

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El discurso de la fiscala pretendió ser normativo e historicista, para ella  «-Vencer o morir- fue inadecuadamente utilizado por los ocupantes ilegítimos de Campos Morombí. ‘Vencer o morir’ se tiñó de sangre, de luto el día de la masacre». Sin dar argumentos de esa historia a la que se refiere, expresó que esa frase tendría una uso adecuado, para gente de valía, y que no puede pretenderla o mal usarla gente que usa la violencia para defender derechos. Una frase que que ha sido encarnada por la gente de a pie, el pueblo paraguayo, en todas las guerras a la que ha sido obligado a tomar parte, para defender derechos justamente, con violencia! Y la fiscal Alcaraz quiere decir quién puede y quién no decir Vencer o Morir! Con la autoridad del prejuicio, claro.

La fiscala Alcaraz hizo política al lanzar una acusación contra toda una clase y una cultura paraguaya cuando dice: «No valió la pena el lema ‘Vencer o morir’ porque fue mal utilizado y por intereses mezquinos de un sector de la población.» De un momento a otro la acusación no es contra 11 campesinos sino contra todo «un sector de la población»! Una declaración política, profundamente anticampesina, de una clase contra otra.

Su adscripción político-afectiva es clara: sólo los policías muertos ese día cuentan para ella, les nombra y relata su vida uno por uno. Finalmente, hizo «un minuto de silencio en honor de estas seis personas que murieron en cumplimiento de sus funciones», pero al ver el público presente se vio obligada a agregar, de mala gana, «y también recordar a los 11 campesinos que murieron ese día.»

Para la fiscala, presentar una tesis sobre lo ocurrido en Marinakue que no sea la propia de la fiscalía «Es una mentira creada mediática y quizá políticamente una idea con el objetivo de crear confusión, odio y división»; pensar y opinar es un crimen pareciera.  Aun así dedicó una buena parte de su intervención a refutar temas que, como ella misma ha dicho, no forman parte del juicio: la muerte de policías a manos de otros policías (francotiradores), el uso del helicóptero por parte de la policía para disparar contra los campesinos. La fiscalía argumenta su tesis rebatiendo temas que no están -por decisión del Ministerio Público- en el juicio.

Para la fiscal Alcaraz es antecedente delictual pertenecer a una organización campesina (citó al  Moapa) y hacer alusiones al Che Guevara y a Lenin. Declararse analfabeto pero saber de lo que se habla es también un antecedente delictual para ella. El «elemento ideológico» es otro antecedente delictivo para estar en la ocupación. Para ella, una organización en el terreno, ordenada y responsable solo puede ser «paramilitar». La fiscal pretendió responder a la pregunta popular y ciudadana  “¿qué pasó en Curuguaty?”, y normalizar el uso de la frase “Vencer o morir”, frase privativa de héroes no responsables de cometer delitos, como si, por ejemplo, la independencia de Paraguay no se hubiera logrado cometiendo sedición contra la monarquía española.

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Fiscal Nelson Ruiz

Este fiscal retrató a los campesinos desde una perspectiva infantilizadora y paternalista; para él la gente que lucha consecuentemente por la tierra estarían » embaucados por seudo-líderes de ideas facinerosas, de destrucción y muerte para conseguir sus fines». Fines que de todos modos son deplorables puesto que tratan de «de generar daños a la propiedad privada, tutelada por la Constitución Nacional, señalando que es inviolable la propiedad privada.»  Al igual que Alcaraz, Ruiz cree que la opinión pública cuando piensa distinto a la fiscalía está confundida por personas concretas que tienen la capacidad y poder de manipular las mentes y opiniones de la ciudadanía, pero según él no van «a refutar la falacia y las mentiras de las que se han valido todo este tiempo personas inescrupulosas para generar confusión en la ciudadanía».

También en concordancia con la fiscal Alcaraz el juicio para Ruiz no es sólo  contra las 11 personas acusadas sino que contra todo un sector o clase «Queremos que se dicte una sentencia justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un actor persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos».  Es sintómatico que este fiscal no nombra al guaraní por su nombre, le llama «idioma vernáculo». De todos modos es hasta ahora el único que ha señalado que «los campesinos (muertos ese día) han recibido disparos de armas de fuego de uso reglamentario de la policía nacional».

Ruiz hace una separación jerárquica de saberes para limitar quiénes pueden hablar de que «allí se procedió a la usurpación planteada por Blas Riquelme, titular de Campos Morombí SA. Esa sentencia está firme y ejecutada, los juristas podemos dimensionar lo que esto significa, no así el lego.» El pueblo, lego, no puede entonces, según Ruiz, discutir la legalidad o legitimidad de cualquier cosa, esto con el objeto de no cuestionar a Campos Morumbi, ya que «Esta resolución no puede ser objeto de ningún otro debate jurídico».  Por otra parte pretende también normalizar el uso de la consigna «Marinakue Pueblo mba’e» preguntando » ¿Quién de los 11 acusados es representante del pueblo?», olvidando que justamente las 11 personas acusadas, campesinas, paraguayas, sin tierras, son precisamente el pueblo, representantes entonces con toda la legitimidad social de sí mismo. A su pregunta cabe responder sin duda: todos y todas las 11 personas acusadas son la representación del pueblo, son el pueblo, atacado por la ley, la policía y el Estado, representado por la Fiscalía.

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Ruiz confunde la letra de la ley con la realidad de la ley al decir «La resolución del reconocimiento del Indert dice que no faculta a la comisión o sus miembros la ocupación de inmueble de dominio fiscal o privado, esta resolución quedará automáticamente sin efecto.» Sabido eso que ese es un formalismo que no se condice con la realidad. El Indert no quita reconocimiento a las organizacones que ocupan inmuebles solo por el hecho de ocuparlos, porque la realidad de las tierras malhabidas impide que ese precepto tenga asidero, la propiedad territorial en Paraguay adolece de ilegalidad! Ruiz quiso demostrar que Marinakue es propiedad de Campos Morombí, queriendo retrotraer la discusión al estado en que se encontraba, para la prensa, el 15 de junio de 2012.  Intenta hacer una discusión política con una diputada además: «Por eso no quiso presentarse la diputada Zulma Gómez» dijo, contra alguien que no fue parte del juicio. Un reconocimiento del Indert es presunción de dolo. Saber la «situación jurídica de los inmuebles individualizados», saber bien «la situación jurídica del inmueble» es parte de un delito, no un justo punto de partida para intentar cambiar el estado injusto de las cosas.

Fiscal Leonardi Guerrero

Para Leonardi es antecedente penal que alguien critique al gobierno, a los invasores brasileños, al imperialismo yanqui, o alabar al  Mcal. López. También es delito o antecedente el identificarse como líder de un grupo. Además insiste en caracterizar a un grupo de campesinos con cierto orden y organización efectiva como militar, les llama «grupo de soldados campesinos».

El fiscal Guerrero denosta no solo a las personas acusadas sino a su contexto, afectos e historia: «en la vida de estos ciudadanos no han funcionado las instituciones que por el hecho de vivir en sociedad existen de manera natural, tal vez no han funcionado en cuanto a la formación integral de una persona, no le funcionó la familia, la escuela o la facultad». No solo irresponsabiliza a la policía por la muerte de los campesinos asesinados ese 15 de junio de 2012, sino que pretende achacar esas muertes a los propios campesinos sobrevivientes, en un tenebroso intercambio de roles: «no solo por la muerte de los policías sino también de los campesinos». Para condenar a alguien este fiscal  argumenta que es necesario solamente saber  «sobre cuestiones ideológicas y la Revolución Rusa de Lenin».

Concluyendo:

Claramente los fiscales plantean sus argumentos desde un posicionamiento político muy concreto: anticampesino, antiorganizacional, elitista, urbanocéntrico y monocastellanoparlante.

Por Pelao Carvallo

Articulación por Curuguaty

16 de junio de 2016

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