La postergación del meollo

Al mirar hacia atrás en este fin de año creo que algunas cosas han efectivamente cambiado en la economía cubana.

Se han intensificado algunos procesos ya en marcha desde años anteriores, como los repartos de tierras a expensas de las grandes empresas agrícolas estatales, esos elefantes blancos improductivos en los que muchos dejamos parte de nuestras vidas, y la ampliación —casi con escrupulosidad quirúrgica— de los espacios para las microempresas privadas en las ciudades.

Pero sobre todo, y en particular en las últimas semanas, se han producido acciones que tienen un impacto cualitativamente diferente. Me refiero a decisiones como liberalizar las ventas y compras de viviendas, la autorización para el comercio directo entre cooperativas y empresas turísticas y restitución de los créditos bancarios para inversiones en negocios de servicios y agrícolas.

En artículos anteriores he argumentado sobre este tema. Desde mi punto de vista estas acciones tienden a desfragmentar los mercados (y a la propia clase burguesa en formación), a convertir tesoros en capitales, a blanquear fortunas y a agilizar la circulación de los capitales en la escuálida economía nacional. Se ha argumentado, y con sobradas razones, que existen dificultades técnicas, económicas y legales para el despliegue de estas medidas. Pero estoy seguro que esas dificultades irán paulatinamente siendo acomodadas a los lados del movimiento principal hacia una economía hegemonizada por el mercado como distribuidor de recursos y valores.

Sin embargo, el problema clave de la economía y del ordenamiento social nacionales sigue estando en el mismo lugar: el extenso sector industrial y de servicios estatal tradicional, donde se genera algo así como la mitad del PIB, y que se caracteriza por su bajísima productividad producto del atraso tecnológico y la descapitalización que el sector ha sufrido desde los 90. Excepto el área azucarera —reestructurada desde hace varios años y agrupada ahora en una modalidad empresarial novedosa— y algunas áreas que han experimentado inversiones extranjeras (como la minería) aquí se ubican numerosas empresas que son en muchos casos las únicas fuentes de empleos de comunidades completas y que obligatoriamente deben ser “actualizadas”.

Los lineamientos, el shopping list de la actualización, son difusos y contradictorios sobre el tema, como corresponde a un asunto de alto costo y sobre el cual aún no están las cuentas claras. Pero por lo general se apunta a dos direcciones: descentralización y autofinanciamiento.

La descentralización empresarial significa, en el contexto cubano, algunas oportunidades novedosas. Digamos que va a contribuir a modelar un sector de gerentes estatales muy diferentes de aquellos administradores envueltos en la triada trágica del no poder, no querer y no saber. Y que estarán listos para saltar encima del patrimonio público apenas se abra una puerta favorable a la privatización. Como ha sucedido en China, donde este sector constituye la bisagra entre el sector privado en expansión y el público en retroceso.

También, y ahora los invito a soñar, una empresa descentralizada es siempre un mejor escenario para la participación de los trabajadores sobre los procesos de toma de decisiones. En los escenarios centralizados que han prevalecido en Cuba la participación de los trabajadores ha sido informativa, acerca de lo que se decidía en el nivel superior, y agregativa de demandas por parte de los trabajadores, que podían quejarse acerca de la suciedad de los baños o del mal estado de la comida. Pero no mucho más. No creo que sea algo diferente ahora, pues los Lineamientos no mencionan prácticamente la participación de los trabajadores en las empresas, pero al menos, repito, son un mejor escenario.

Pero al mismo tiempo la descentralización (y la eliminación de los presupuestos blandos y los subsidios) pueden conducir a una relación poco amistosa con las empresas existentes, y eso va a suceder inevitablemente en las empresas cubanas. No quiero decir que la planta industrial cubana —ineficiente, atrasada y descapitalizada— va a ser exterminada por la descentralización y un mayor uso del mercado. Una parte de las empresas pueden sobrevivir si se les prodiga una inversión suficiente y una suerte de incubadora protectora de los primeros tiempos. Pero otra parte no tiene salvación. Y esto va a significar nuevas expulsiones de fuerza de trabajo que —junto con los cesantes de las racionalizaciones en el aparato burocrático— algunos cálculos apuntan al millón y medio de personas.

Y ese —por encima de cualquier otra consideración— será el asunto más importante de la actualización del general/presidente en el próximo año. Es decir, cómo dejar de circunvalar el meollo, de postergarlo, y finalmente entrar en él. Es imprescindible para una economía cuyo ritmo de crecimiento decae, la productividad apenas mejora y es cada vez más dependiente de eso que eufemísticamente se llama “misiones de cooperación”, y que no es otra cosa que subsidios chavistas motivados políticamente.

Es el momento en el cual uno se pregunta, como hacía Churchill, si estamos en el principio del fin, o en el final del comienzo. Pero sobre todo, cuánto tendremos que pagar —nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos— por esta restauración capitalista tardía, como decía Cuesta Morúa, de casinos y pandillas.

Por Haroldo Dilla Alfonso

Santo Domingo | 26/12/2011

Tomado de www.cubaencuentro.com