La telaraña de contactos de Luis Hermosilla: Crónica de su relación con los dueños de Chile

Por Jorge Molina Araneda

Este artículo está dedicado a Daniela Vásquez Dahmen… Luz inspiradora.

Luis Hermosilla es un abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica. En su época universitaria formó una gran amistad con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el exministro de Interior, Andrés Chadwick.

Actualmente se encuentra en el ojo del huracán ya que a raíz del caso audios y filtraciones paulatinamente se ha descubierto una gigantesca red de poder, influencia y corrupción.

Todo se inició con la filtración de un audio de una reunión entre Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, en el pretérito mes de junio en el edificio del Grupo Patio en Vitacura. En el audio, proponen crear una “caja negra” para manejar pagos clandestinos, destinados a obtener información privilegiada y favores de estas instituciones.

Luego de revelarse el audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla. Sumándose con esta misma acción el SII, el cual inició una investigación interna.

Nos referimos al mismo abogado que un mes antes, aproximadamente, de que fuera nombrado Sergio Muñoz como director de la Policía de Investigaciones, durante un asado en la casa que se arrendaba a la FACh para que ahí viviera el director general de la policía civil, delante de todos los presentes, se comprometió con Héctor Espinoza y Sergio Muñoz de que él iba a convencer a Andrés Chadwick y Sebastián Piñera de nominar a Muñoz como futuro continuador de Espinoza en el máximo cargo de la PDI.

Las redes de Hermosilla

En abril de 2013, cuando Andrés Chadwick ya era ministro del Interior y aún seguía ligado al estudio “Hermosilla y Chadwick”, pero –según ha explicado- solo bajo el régimen de “comunidad de techo”, Hermosilla se adjudicó $25.900.000 como pago por una asesoría penal, particularmente para tomar causas relacionadas con el conflicto en La Araucanía, por ejemplo, la querella del gobierno contra el machi Celestino Córdova. Este contrato fue firmado por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

El contrato fue modificado tres meses después, elevándose el valor de los servicios profesionales de Hermosilla a casi $29 millones, ahora para tramitar causas penales en las que intervenga el ministerio del Interior. Esta modificación de julio de 2013 fue firmada por el propio Andrés Chadwick.

Un tercer contrato, esta vez de $44 millones, se celebró entre Hermosilla y la cartera: su labor consistía en lo mismo del primer contrato, es decir, asesorar al Ministerio del Interior en las causas penales tramitadas en la Región de La Araucanía.

Otro contrato con Hermosilla fue en relación a la causa por sobreprecios en insumos para el plan Frontera Norte de la Subsecretaría del Interior, aunque en ese momento se dijo que los honorarios para el abogado habrían sido pagados personalmente por el subsecretario de entonces, Rodrigo Ubilla.

Cabe recordar que Luis Hermosilla también estuvo vinculado al caso SQM, como asesor de la minera y abogado de uno de los gerentes, Patricio de Solminihac, hermano del exministro de Piñera, Hernán de Solminihac, en el caso cascadas.

No solo ha sido abogado del ministerio del Interior en los casos Luchsinger y Catrillanca, sino que además fue abogado defensor de Claudio Spiniak.

Spiniak fue detenido y acusado el 30 de septiembre de 2003 de integrar una red de pedófilos, a lo que posteriormente se le sumaría la acusación por facilitación a la prostitución y abuso sexual de menores de edad (caso que salpicó a los entonces senadores Carlos Bombal y Jovino Novoa). Spiniak, el principal inculpado, fue condenado por el juez Valderrama —ejerciendo como magistrado del 33º Juzgado del Crimen de Santiago—, el 10 de agosto de 2006, a 5 años de cárcel por cuatro abusos sexuales. El Consejo de Defensa del Estado recurrió de casación en la forma contra la sentencia, y la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la condena a siete años y medio. El Servicio Nacional de Menores (Sename) interpuso un recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, la cual finalmente anuló la sentencia del tribunal de segunda instancia el 7 de agosto de 2008, y dictó una sentencia de reemplazo, donde agregó cargos por abuso a un quinto menor y fijó la pena de Spiniak en 12 años de presidio. Posteriormente, Claudio Spiniak se vio beneficiado con la rebaja de su pena a 10 años, saliendo en libertad el 16 de diciembre de 2013.

Spiniak era un hombre importante, pero más lo eran sus amigos cercanos, entre ellos Jorge Rabié, por aquel entonces dueño de la distribuidora de alimentos más grande de Chile (Rabié S.A.). Además, en dicha causa apareció el testimonio de Gemita Bueno, quien aseguró que uno de los abusadores sexuales amigos de Spiniak era el líder de la UDI, Jovino Novoa, lo que posteriormente la justicia estableció que era falso.

Fue en dicho caso que Hermosilla se ganó un enemigo muy poderoso: el actual ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo, quien –durante un interrogatorio al psiquiatra de Spiniak, Juan Pinto Quappe– acusó a Hermosilla de haber cometido una falta ética, al haber provisto al médico de un cuestionario con las preguntas. Esto incluso significó que Hermosilla presentara un amparo en su contra, ante el Colegio de Abogados (que falló a su favor).

Hermosilla es uno de los penalistas más conocidos por la opinión pública. Fue abogado defensor del sacerdote John O’Reilly, rostro emblemático de los Legionarios de Cristo, quien fue condenado por abuso sexual reiterado contra una niña de seis años de edad, alumna del Colegio Cumbres, a 4 años y 1 día -con beneficio de libertad vigilada-. En tanto, la justicia canónica ratificó ese fallo y dejó a firme la sentencia  por pederastia contra “la cara de los Legionarios de Cristo en Chile”.

O’Reilly es muy cercano a Pilar Capdevila, esposa de Eliodoro Matte. Además, estaba a cargo de la dirección espiritual del colegio Cumbres, donde –entre otros– estudiaron los hijos de políticos de derecha como Andrés Chadwick, Andrés Allamand, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Cristián Larroulet y Marcela Cubillos. 

Profesionalmente es descrito como criterioso y muy buen asesor. Lo fue en el caso Chispas, en el que junto con representar a Marcos Zylberberg cuando fue sometido a proceso por “transacción ficticia” —fallo revocado en segunda instancia— hizo de consejero y prestó oídos a un afligido José Yuraszeck, cuya defensa estuvo a cargo de Hugo Rivera.

En materia de honorarios puede estar entre los abogados más caros. “Por un caso como el del cura O’Reilly puede cobrar, por lo menos, $100 millones además de un premio por resultados”, calcula un litigante. También puede hacerlo gratis como dicen que ocurrió con la defensa de Jaime Guzmán que asumió en 1996… Lo conocía desde la universidad y se lo pidió su amigo Andrés Chadwick.

Fue miembro del Instituto de Derechos Humanos desde enero de 2010. Entró en uno de los dos cupos que le correspondía aprobar al Senado y que fueron consensuados durante el mandato de Michelle Bachelet.

A los 14 años, siendo alumno del Instituto Nacional, se inscribió en el Partido Comunista, según publicó en su oportunidad la revista Capital. Entró a estudiar Derecho en la Universidad Católica en 1974 y formó parte de un cuarteto inseparable con sus compañeros de curso Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick y José Miguel Olivares, quienes serían líderes del gremialismo, presidentes de la FEUC y militantes de la UDI.

A Jaime Guzmán lo conocieron en el segundo semestre del primer año de la carrera y ejerció una influencia gravitante en el giro político de dos de ellos: Olivares, que era simpatizante DC, y Chadwick, exMapu.

A partir de 1977 Hermosilla se distancia. Sus amigos han tomado posiciones cada vez más ajenas a las suyas; Coloma y Chadwick son dos de los 77 jóvenes que suben con antorchas hasta la cima de Chacarillas a jurar lealtad al régimen de Pinochet.

De acuerdo a la revista Qué Pasa,  ha mantenido una amistad permanente con Fernando Paulsen, el panelista de Tolerancia Cero, por quien se bautizó católico para poder ser padrino de uno de sus hijos. Otro hombre de la prensa cercano a Hermosilla es el director de ExAnte, Cristián Bofill. Es también cercano a Gloria Stanley, cuyo yerno, el periodista Andrés Velasco, asesoraba comunicacionalmente a los Legionarios en el caso del sacerdote O’Reilly.

Héctor Salazar, exabogado de la Vicaría de la Solidaridad, quien tomó después de Hermosilla la defensa del sociólogo José Manuel Parada, degollado por la dictadura en 1985, es sumamente crítico de su excompañero de ruta por haber apoyado públicamente a Joaquín Lavín en su primera campaña presidencial. “El personaje deja de ser creíble, para nuestro mundo fue una desilusión. Tú tienes derecho a cambiar, lo que llama la atención es que sea de blanco a negro. Recuerdo que le mandamos una carta pidiéndole explicaciones, la firmamos cuatro o cinco abogados de la Vicaría. Se enojó mucho y conmigo la distancia se alargó tanto que no me saluda. Lo atribuyo a que él tiene conciencia de que yo tengo la convicción del tipo de personaje que es”, sostiene el profesional.

Merced a su defensa en el caso de Jaime Guzmán, forjó un lazo indestructible con la UDI.

Asumió causas que provocaron gran conmoción pública: el asesinato del pequeño Víctor Zamorano Jones en la que colaboró con su padre Nurieldín Hermosilla; la responsabilidad jerárquica del exgerente de ventas de Codelco, Owen Guerrini, en las operaciones de futuros de cobre del operador Juan Pablo Dávila, y como defensor de Jorge Tocornal, acusado por haber violado y abusado de sus dos hijos y en la que éste fue condenado a 13 años de cárcel. Esta última fue su segunda representación en una causa sobre hechos de connotación sexual después del caso Spiniak.

En 1999, a la par que Hermosilla se sumaba a la campaña lavinista y declaraba “votar por Lavín no es votar por Pinochet” la Universidad Andrés Bello buscaba su acreditación. Pensando en nombres que le dieran prestigio y, a la vez, pudieran atraer académicos influyentes los entonces socios de esa casa de estudios, Luis Cordero y Miguel Ángel Poduje, fallecido exministro de Vivienda de Pinochet, invitan a Hermosilla a ser decano de la Escuela de Derecho.

Cuando él tuvo que designar al vicedecano escuchó las recomendaciones de dos cercanos: Rodrigo Hinzpeter, su socio en la oficina de abogados que armó junto a Andrés Jana y Arturo Vergara; y Andrés Chadwick. Ambos le propusieron a Patricio Zapata, un abogado de la DC, que había trabajado en la Secretaría General de la Presidencia y que, por cierto, ampliaba el arcoíris político de la Facultad.

El nuevo decano reclutó a dos ministros de la Suprema y a uno de la Corte de Apelaciones para hacer clases: Milton Juica, Domingo Kokisch y Alfredo Pfeiffer -estos dos últimos ya fallecidos- quienes representaban distintas posturas dentro del Poder Judicial. Uno progresista y pro derechos humanos; otro de derecha, pero respetado por sus fallos, y el tercero (Pfeiffer), partidario de la Ley de Amnistía y cuestionado por los abogados de derechos humanos.

En la época fue muy criticado que, siendo un penalista activo, contratara a altos representantes de la justicia. Igualmente, los ministros aceptaron.

En otro terreno, en 2020, las operaciones sospechosas de la empresa Ramaja Inversiones Ltda. –de propiedad del empresario Alberto Scuncio–, que se encontraban bajo investigación de parte de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, por el delito de lavado de activos, según el informe reservado de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) –conocido por la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública en agosto de 2019–, no solo se remitirían a la exportación a sobreprecio de cajas de alimentos a Venezuela, sino que parte importante también de las sospechas de la ANI recaían en sus actividades de importación de miles de toneladas de urea, un derivado del petróleo que se utiliza de fertilizante, como insumo para la fabricación de explosivos y como precursor químico para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a lo informado por la División de Inteligencia de la ANI, el 8 de agosto de 2019, la empresa Ramaja importó desde Venezuela, entre fines de 2017 y 2018, más 32 mil toneladas del producto, por un valor de US$9.739.000.

Si bien para las empresas ligadas al rubro, el enorme volumen de importación de este producto no es algo inusual, pues cada lote de urea que ingresa al país oscila entre las 15 mil y 35 mil toneladas, el informe de inteligencia centra su atención en que la sociedad de Alberto Scuncio, sin tener mayor trayectoria en este rubro, se convirtió desde mediados de la década pasada y, solo en un par de años, en el único proveedor de urea en Chile, situación que hizo experimentar a la empresa un estallido comercial con más de 757 operaciones de comercio exterior solo el año 2016.

Según consta en el informe, los cargamentos de urea fueron adquiridos fundamentalmente por la empresa nacional Agrogestión Vitra S.A. Una de estas importaciones tuvo su recalado en el puerto de Penco el 01 de enero de 2018 y alcanzó un volumen de 14 mil 299 toneladas. Desde el mismo puerto de descarga, Ramaja vendió a Vitra 8 mil 700 toneladas por un valor cercano a los 2 mil millones de pesos.

Luego que el informe de la ANI ingresara al despacho del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, muy pocas personas tomaron conocimiento de la gravedad de la información y tampoco se derivaron instrucciones explícitas de investigación, pese a lo detallado del informe que relacionaba a la empresa Ramaja con exportación a sobreprecio de cajas de alimentos a Venezuela, investigaciones vigentes de lavado de dinero en Estados Unidos contra empresarios ligados al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en el que aparece la sociedad de Scuncio, además de sospechosas importaciones de urea. de hecho, la investigación vigente en el Ministerio Público provino de la Unidad de Inteligencia Financiera, que de manera autónoma elevó un Reporte de Operación Sospechosa, debido a los movimientos financieros de Ramaja.

Según fuentes conocedoras del trabajo de la subsecretaría, la información no pasó inadvertida para el abogado Luis Hermosilla, quien gozaba por entonces de plena libertad en el Ministerio del Interior, debido a su rol de asesor en materias criminales del exministro de la cartera, Andrés Chadwick.

Y no pasó inadvertido que la empresa Agrogestión Vitra S.A. –que le compraba la urea a Ramaja– es una de las compañías de propiedad de Gonzalo Vial Concha, hijo del controlador de empresas Agrosuper, Gonzalo Vial Vial, y que se vio envuelto en el escándalo Caval, que tuvo como protagonistas al hijo y a la exnuera de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.

En ese litigio, quien defiende a Gonzalo Vial Concha es precisamente el penalista Luis Hermosilla, quien, siendo el abogado del dueño de Vitra, habría tomado conocimiento del informe de inteligencia en que aparecía mencionada esta empresa, en su doble calidad de abogado privado y asesor del Ministerio del Interior, para la presentación de querellas criminales.

Antes de Ramaja, el principal proveedor de la sustancia era la compañía de petróleos PDVSA, investigada por delitos de corrupción por más de US$ 4.500 millones en Estados Unidos.

“Durante años la urea llegó a Chile a través de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Pero luego dejó de ofrecer el producto y muchos en el mercado chileno le compraron a la empresa Ramaja. Así lo hizo Vitra en 2016, 2017, 2018”, puntualizó Vitra de manera oficial.

La compra de los insumos a la empresa de Scuncio coincidió con el estallido comercial que esta experimentó precisamente el año 2016 y que la llevó de la nada a tener más de 700 operaciones de comercio exterior, en solo un año.

El abrupto cese de la importación de la empresa petrolera de Venezuela coincidió con dos hechos. Por una parte, la investigación por corrupción que comenzó en Estados Unidos y, por otra, la condena a más de 20 años de cárcel por el delito de narcotráfico de Walid Makled, principal distribuidor internacional de urea de la empresa estatal venezolana Pequiven, filial de la estatal  PDVSA. Según autoridades de Colombia –que fue el país donde cayó detenido–, Makled está vinculado a una organización que enviaba más de 10 toneladas mensuales de cocaína a EE.UU. Esta firma, creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas, es la sociedad madre de la empresa International Petrochemical Holding Limited, la que a través de su gerente de asuntos legales y representante también de Pequiven, Fabián Sánchez Girón, constituyó en Chile en el año 2016 la compañía Suministros del Sur, Susuca, en sociedad con la empresa Ramaja, de propiedad de Alberto y Martín Scuncio.

Fuentes cercanas a las empresas que trabajan con la urea admiten que desde el 2016 existían fuertes rumores de actividades sospechosas de Ramaja con la importación de la sustancia y, que por esa razón, habrían dejado de comprarle el 2018. En mayo de ese año, un informe de la Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), presentado en Panamá, señaló que la urea y el amoniaco estaban siendo utilizados en los laboratorios de cocaína en Bolivia como precursores para la elaboración de la pasta base y la cristalización del clorhidrato.

Podemos, asimismo, encontrar más casos que le permitieron a Hermosilla cimentar, cual deletéreo arácnido, su telaraña de ilícitos y corrupción; a saber, de acuerdo a El Mostrador (09/04/2024):

-El 27 de septiembre de 2001, dos semanas después de los atentados en contra de Nueva York y Washington DC, dos cartas bombas llegaron a la zona oriente de Santiago. Una fue recepcionada en la Embajada de Estados Unidos, siendo desactivada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. La segunda fue recibida en el despacho de Luis Hermosilla, por aquel entonces ubicado en un edificio de calle Nueva Tajamar.

Ahí sucedió algo muy curioso. Desde la oficina de Hermosilla se dio aviso a Carabineros y al lugar llegaron dos oficiales, ambos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar). Uno de ellos, que desactivó la bomba en el lugar, pues antes había se había desempeñado en el GOPE, era Sergio Escobar. El otro era el entonces mayor Bruno Villalobos, que llegaría a ser general director de Carabineros.

Por las cartas bombas fueron condenados a penas de más de 10 años el exmilitante del PS y “analista de inteligencia” Lenin Guardia Basso y el exmilitante de organizaciones radicales e informante de “La Oficina” (antecesora de la Agencia Nacional de Inteligencia) Humberto López Candia.

-Tomó la causa por un accidente de tránsito ocurrido en Andrés Bello con Los Leones, donde el vehículo conducido por el abogado Cristian García-Huidobro Ruiz-Tagle chocó a otro móvil, dejando a dos personas lesionadas. García-Huidobro fue por mucho tiempo abogado del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), una posición muy influyente dentro de uno de los gremios más importantes del país.

-Fue abogado del infumable Juan Laccasie, conocido por su fama televisiva (“El Chispa”), y es con él con quien aparece en un muy difundido video de una fiesta en un yate.

Hacia 2010 el padre del tristemente célebre “chispa”, Juan Alfredo Lacassie Wiederhold, era el gerente general de una de las mayores empresas de construcción del mundo, Azvi, que en Chile ganó una serie de licitaciones de obras públicas, entre ellas, la relativa al polémico puente Cau Cau. Luego de ese episodio, Lacassie hijo volvió a tener problemas con la justicia, pues en 2013 fue acusado de amenazar al periodista Sebastián Eyzaguirre.

-Asumió por amistad o vínculos personales –aunque de por medio hay una dosis importante de poder– la representación del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien fue compañero en la universidad de su hijo Juan Cristóbal, con quien formaron parte de Nueva Acción Universitaria (NAU), que dio paso al partido Revolución Democrática.

-Asumió la defensa del exdirector de la PDI Héctor Espinosa Valenzuela, actualmente acusado de lavado de activos, fraude al fisco y malversación de caudales públicos. No se trata de la única causa en la cual apareció como abogado de Espinosa. En el portal del Poder Judicial figura como su representante en dos querellas que este presentó, debido a filtraciones de la investigación que le afecta. La primera de ellas, interpuesta en 2021, tenía que ver con varias notas periodísticas en distintos medios web, en las cuales aparecían antecedentes que se suponía eran reservados. La segunda, que data de 2022, es por lo mismo, aunque esta vez la querella decía relación con los antecedentes del caso expuestos en un capítulo de “Informe Especial”, de TVN.

-Otra causa de poca importancia penal en la que intervino fue en “el cuento del tío” que tuvo como víctima a la asesora del hogar de Paula González Alemany, quien es esposa del abogado y miembro de importantes directorios Oscar Spoerer Varela, que además fue miembro de la mesa directiva a la Asociación de AFP.

-La primera causa de la reforma procesal penal en que aparece involucrado es de 2006, cuando defendió al entonces senador Guido Girardi en una querella que se presentó contra él ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por ’arte de los máximos ejecutivos de las AFP Hábitat, Santa María, Bansander, PlanVital y Cuprum, debido a que en varias entrevistas televisivas el entonces parlamentario y poder fáctico del PPD calificó a los gerentes de las asociaciones de fondos de pensiones de “delincuentes de cuello y corbata”, que “roban a la gente sus pensiones”, “que abusan de ellos”, “que les quitan sus derechos a tener jubilaciones decentes”. En el Diario Financiero, en tanto, dijo que “han tenido prácticas que son delictivas”.

Girardi fue acusado de injurias graves con publicidad y su defensa fue asumida por Luis Hermosilla, junto a Ricardo López Zegers y Alfredo Morgado. Sin embargo, la causa no avanzó, debido a una presentación de inaplicabilidad efectuada ante el Tribunal Constitucional (TC).

-Otra causa con políticos de por medio en la que participó es aquella de la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de varios funcionarios municipales, a quienes acusó de fraude al fisco y cohecho, debido a varios permisos de construcción otorgados en dicha comuna en el “Conjunto Armónico Bellavista”, donde Hermosilla fue defensor del exdirector de Obras Municipales, Enrique Herrera.

-Fue el defensor del exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, en una querella por injurias interpuesta en su contra, en 2013, por los entonces diputados Marco Antonio Núñez y Juan Luis Castro (actual senador), y en otra, de 2019, patrocinada por la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud AG (APIS).

-En el caso SQM fue defensor de Juan Antonio Guzmán Molinari, director de múltiples empresas, entre ellas, de Laureate, cuando esta era propietaria de la Universidad Andrés Bello, de la cual Hermosilla fue decano de Derecho.

-Asumió como defensor de Andrés Chadwick no solo en la acusación constitucional que terminó con su destitución en 2019, sino también en todas las causas por violaciones a los derechos humanos que se interpusieron en contra del exministro del Interior y del expresidente Sebastián Piñera, cuyo abogado en dichos procesos era Samuel Donoso (y, en otros, Juan Domingo Acosta).

-Fue abogado de la hermana del expresidente Piñera, Magdalena, al menos en la parte final del proceso que se inició en plena pandemia, cuando el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella a raíz de la cantidad de personas que asistieron al funeral del exarzobispo Bernardino Piñera, tío de ambos, el 21 de junio de 2020.

Según la acusación, en el sepelio hubo 31 asistentes (siendo 20 el máximo permitido en la época de la pandemia) y tampoco se respetó el distanciamiento social de un metro mínimo, lo que ejemplificaba el querellante con un empujón que supuestamente Sebastián Piñera dio a su primo Andrés Chadwick, cuando este impidió que se abriera el ataúd. En un procedimiento monitorio, efectuado el 16 de diciembre de ese año, Magdalena Piñera, fue condenada al pago de 6 UTM por infracción a las normas sanitarias, siendo representada por Luis Hermosilla, quien seis meses después solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.

-Entre otras causas de gran connotación en que ha participado Hermosilla, se encuentran la acusación de Farmacias Ahumada en contra de varios sujetos acusados de emitir facturas falsas de dicha compañía, la relativa a las irregularidades en la licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil y otra en la cual representó a una de las mayores distribuidoras de calzado del país, Belsport, cuando esta era propiedad de la familia Rishmague –por aquel entonces propietaria de la segunda mayor cadena de marcas de retail del país–, en una querella en contra del excontador de la firma.

-También fue abogado de dos de los máximos ejecutivos de Barrick Gold Chile (Manuel Fumagalli Drago y Laura Phyllis María Emery) en una querella por injurias interpuesta en contra de ellos y otros por Jorge Lopehandía Cortés.

-Fue defensor de Roberto Sumar Müller, frente a la querella que interpuso en su contra Juan Carlos Larraín, por suscripción de contrato engañoso en relación con seguros. Igualmente, actuó como abogado del empresario Gonzalo Vial Concha, cuando este se querelló –en el marco del caso Caval– en contra de Natalia Compagnon, a quien acusó de haberlo estafado en mil millones de dólares, por la entrega de informes de minería que, en realidad, eran simples copy-paste.

-Otra de las causas vinculadas a la colonia árabe que tuvo Hermosilla fue la querella de Jorge Yarur Bascuñán en contra de Jorge Yarur Elsaca, a quien el primero acusaba de haberlo defraudado en 42 millones de dólares, por la propiedad del banco BCI, caso en el cual Hermosilla fue querellante, junto a Samuel Donoso y otros abogados.

-Una de sus últimas causas (en 2022) fue la defensa del empresario Munir Hazbún Rezuc, frente a una querella que su exesposa (María Alejandra Muñoz Boudeguer) interpuso en su contra, acusándolo de haber instalado un micrófono y un GPS en el automóvil que ella ocupaba (un Maserati).

Hazbún Rezuc es pareja de Compagnon y fue un estrecho amigo de los hermanos Sauer hasta que se sintió estafado por ellos, por lo que hoy se presenta como una de sus víctimas. Los hermanos Sauer fueron formalizados junto a otras cuatro personas por los delitos cometidos a través del factoring Factop.

También fue abogado de Tonka Tomicic, en el caso “relojes”, por el cual la expareja de esta se halla imputada, y durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera fue querellante del Ministerio del Interior en los casos Luchsinger-Mackay, Catrillanca y Huracán, este último, el montaje de inteligencia acaecido en el periodo de Bruno Villalobos, quien, sin embargo, nunca fue formalizado en dicha causa.

Finalmente, siguiendo a la Doctora en Derecho María Inés Horvitz, Hermosilla es el paradigma de quien se sirve del poder fáctico adquirido tras bambalinas por lazos de amistad, educación y conexiones; un cardenal Richelieu tras las sombras. Los casos Penta-SQM, «pacogate», «milicogate», convenios, jueces de Rancagua, fraudes y desfalcos en municipalidades y corporaciones municipales a lo largo de todo Chile, así como un largo etcétera de recientes revelaciones de corrupción en la administración del Estado, debieran impulsar agendas públicas convergentes acerca de la necesidad de contener este flagelo sin las mezquindades del rédito a corto plazo. Con rigor y sin impunidad, porque se trata de una cuestión de Estado, y en ello nos jugamos el futuro de nuestras instituciones y de la democracia.

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