Las consecuencias del desalojo como política de vivienda

Mientras el país crece próspero frente a los ojos de los estadistas y los economistas, 33.000 familias viven en situación de campamento, alejados completamente de los números positivos que escuchamos en las cuentas presidenciales. Pareciera ser que el desarrollo les pasa por las torres de alta tensión que se imponen sobre sus improvisados techos, pero que jamás han alimentado de energía sus humildes hogares.

Ante esta situación, la respuesta del Estado debiese ser categórica y eficaz. No es posible que estas familias, viviendo en un país que camina al desarrollo, caigan en la desesperación de formar un asentamiento ilegal sin acceso a servicios básicos ni a redes públicas de salud y educación porque el ingreso familiar no alcanza, siquiera, para parar la olla y mucho menos, pagar un arriendo. Insisto: no es posible. Menos aún cuando las proyecciones del país apuntan a un ingreso per cápita de US$20.000 en corto plazo.

Pero como nos encontramos en el mundo al revés, en vez de ver cómo nuestros representantes discuten soluciones reales ratificando, por ejemplo, la vivienda como un derecho fundamental de acuerdo a los tratados internacionales que Chile ha firmado, vemos a un gobierno que, desentendiéndose del problema, desaloja sin vacilar los campamentos dejando a las familias en la calle, relegadas al allegamiento o a una nueva toma ilegal de terrenos, convirtiendo así a la pobreza en un círculo sin fin.

En los últimos meses, como voluntarios, hemos sido testigos a través de los medios de la violación de DDHH ocurrida con ocasión de los desalojos forzosos de más de un campamento. El primero fue en San Antonio, en abril recién pasado. Cuarenta y dos familias quedaron literalmente en la calle luego de que el Serviu y Carabineros de Chile hicieran aparición con maquinaria pesada demoliendo todo lo que encontraran a su paso creando una imagen triste de vulnerabilidad y de injusticia. El segundo ocurrió en el sector La Gruta de Coquimbo, donde también un gran contingente policial y la autoridad desalojaron alrededor de 30 familias. A esa fecha, en TECHO Valparaíso ya habíamos vivido la experiencia de recibir a las fuerzas especiales de carabineros junto a las retroexcavadoras el verano recién pasado en el comité Villa Las Estrellas de Viña del Mar, la ciudad con más campamentos del país.

El desalojo forzoso, que es una clara vulneración a los Derechos Humanos, es una medida que no se debiera tomar en ningún caso. Mucho menos sin trabajar una solución habitacional con los afectados, quienes la pasan luchando por una vivienda digna sin respuestas claras por parte de los gobiernos, enfrentándose a procesos engorrosos que pueden durar hasta 10 años.

Como voluntario de TECHO Valparaíso, no solo pido a nuestros representantes que exijan y diseñen una política de Estado fuerte e integradora para terminar de raíz con el problema de la vivienda definitiva y los sectores vulnerables, también pido que se respeten los derechos fundamentales de las personas que por culpa de muchos años de medidas mal focalizadas, hacinamiento y pocas oportunidades, han tenido que caer en la obligación de vulnerar la propiedad privada para poder tener un techo donde dormir y educar a sus hijos, tomando el riesgo de ser desalojados violentamente por la autoridad que sin mirar caras pretende nada más que acomodar cifras.

David Catalán Pérez

Voluntario TECHO

Región de Valparaíso