Las leyes especiales de Piñera convierten a Chile en un incipiente «Estado policial»

El problema no está en la falta de leyes especiales para terminar con la violencia y la criminalidad en Chile como la muerte ayer de un carabinero cuando cumplía con su deber en Macul. El Presidente se refirió a este tema, en una inusitada intervención que estaba fuera de todo contexto, al culpar a los parlamentarios de dilatar los debates y votaciones en el Congreso destinados a aprobar leyes que el Gobierno considera que servirán para apagar la “gran hoguera violentista” que afecta a Chile.

Carabineros como cuerpo policial tiene las herramientas en sus manos para detener y entregar a las autoridades judiciales a todos los encapuchados que sean sorprendidos cometiendo desmanes o pillaje, como ha ocurrido en pleno centro de Santiago. Sin embargo, los que son acusados de delitos pasan un par de días o semanas en la cárcel y luego son otra vez dejados en libertad. Esto hace pensar que las leyes disponibles o están mal redactadas o son mal interpretadas por los jueces.

Antes fue la reforma de la Ley Antiterrorista cuya modificación obedeció a un tema puntual como era una huelga de hambre mapuche que anotaba ya un caso de suma gravedad y que podría haber muerto, lo que hubiese originado un conflicto político de proporciones. Hoy estamos frente a la denominada Ley Hinzpeter que los parlamentarios no quieren aprobar por atentar en el fondo en contra de los derechos humanos, como alega parte de la oposición. Varios de sus puntos aluden a quienes participen en tomas, marchas no autorizadas, paros de servicios públicos y saqueos, y castiga con mayor rigor a los que lo hagan a rostro cubierto.

En días pasados Piñera envió al Congreso otro proyecto de ley para castigar a quienes insulten o amenacen a uno o más agentes de la policía. Esta iniciativa endurece las penas por delitos contra Carabineros, como lesiones graves o gravísimas, y crea un nuevo delito que sanciona los insultos y las amenazas y los ataques a los vehículos y los recintos policiales.

Pero… ¿quién se hace responsable de las heridas y golpes propinados por Carabineros contra civiles que se manifiestan democráticamente en la vía pública?

Según el mandatario, el Gobierno resolvió “tomar medidas para restablecer el principio de autoridad”.

Ya antes, en 2005, otra ley especial fue aprobada por el Parlamento referente a bombas incendiarias o molotov que aplica penas desde tres años y un día a 10 años de presidio a quienes porten bombas molotov que se siguen utilizando en cada manifestación pública como lo vemos por televisión y poco se sabe de lo que ocurre con los detenidos que generalmente vuelven otra vez a quedar en libertad.

Todas estas gestiones son inútiles y sólo se hacen para que el público crea que el Gobierno le está dando la guerra a la violencia y a la criminalidad, lo que no es cierto. Son leyes especiales que muy pronto quedan archivadas y pasan al olvido.

Cuando se confirmó ayer la muerte del subteniente de Carabineros Daniel Silva Rodríguez (27) en el incidente policial de Macul, el Presidente Sebastián Piñera aprovechó ese momento de profundo dolor para acusar a la Cámara de Diputados, exhortando a los parlamentarios a que “asuman de una vez por todas su responsabilidad y se pregunten de qué lado están, del lado de los encapuchados o del lado de la gente inocente que quiere vivir en paz, del lado de los carabineros o del lado de los que asesinan a los carabineros”.

Su intervención fue conflictiva por tener fines evidentemente electorales y originar una crisis en las redes sociales que podría haberse evitado. Además, todo lo que dijo no venía al caso, ya que el asesinato del carabinero fue un hecho ya casi de rutina en el mundo del delito y que está enmarcado dentro del problema de la criminalidad que este gobierno prometió resolver y no lo hizo.

¿Se acuerdan de la frase famosa de Piñera sobre el “fin a la puerta giratoria”?

Lamentablemente esta puerta sigue girando y ahora con mucha más fuerza que en el 2010. Triste es aceptar que los asesinatos de policías por parte de delincuentes no cesarán. Es por eso que no es aceptable que se esté culpando indirectamente a los parlamentarios por este cobarde crimen ocurrido en plena vía pública.

Lo que hay que evitar por todos los medios es que este país se convierta en un incipiente “Estado policial” en el que ni siquiera se pueda salir a la calle a protestar o simplemente a desafiar al Gobierno de turno para obligarlo a que cambie las cosas y los chilenos puedan tener algún día una vida más digna. Esta idea de Estado policial es típico en el pensamiento de la derecha y de regímenes autoritarios y no nos olvidemos que hoy dentro de las cúpulas conservadoras siguen habiendo varios dirigentes que “rindieron sus exámenes” sobre autoritarismo en la vieja escuela pinochetista, donde el diálogo nunca existió ni tampoco podía haber existido.

El proyecto Hinzpeter establece en el fondo un nuevo delito de desórdenes públicos y fija para ellos una pena de presidio menor en su grado medio que puede ir desde los 541 días hasta los tres años. La legislación condena a quienes paralicen o interrumpan la prestación de servicios públicos (como hospitales, por ejemplo); invadan, ocupen o saqueen recintos privados, fiscales y municipales; impidan la libre circulación de personas en espacios públicos (como en el caso de marchas sin autorización), atenten contra la autoridad y sus agentes (es decir, la policía); realicen daños a la propiedad ajena; entre otros puntos.

Todos los problemas sociales que se plantean en manifestaciones públicas deberían resolverse por el camino del diálogo entre las autoridades y las partes en conflicto y no intentar hacerlo mediante leyes especiales autoritarias. El Gobierno de turno debería mantener un alto nivel de flexibilidad para cambiar lo que está mal, lo que perjudica a los ciudadanos u origine injusticia permanente en la población.

¿Cómo se podría negar una protesta contra el Transantiago si este servicio no funciona por el fracaso de las autoridades?

¿Cómo no se podría protestar contra la salud si algunos hospitales se hunden en la mugre y la desolación?

¿Cómo no se puede protestar por mejores ingresos o condiciones laborales cuando hay fábricas que ni siquiera tienen baños decentes para su personal o como vimos con los recolectores de basura esta semana que carecen de duchas y espacios de higiene para ser utilizados al término de una jornada llena de toneladas de basura?

La intervención del Presidente fue criticada y con razón. El diputado Jorge Burgos la calificó de una “confusión bastante demagógica”. El diputado del PPD, Felipe Harboe, declaró que “no había escuchado desde el retorno a la Democracia una frase más imprudente y un manejo más burdo del dolor de una familia y de una institución”, agregando que la muerte del funcionario policial no tiene nada que ver con la mencionada ley. “Aquí lo que hay es un intento de manipular a la opinión pública y hacerle creer que si hubiese estado vigente la Ley Hinzpeter esto no hubiera ocurrido o las sanciones serían distintas, cosa que es completamente y enteramente falso. No hay ninguna relación entre una cosa y la otra”.

Por Walter Krohne

Agosto 2 de 2013

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