Los acuerdos de paz en Colombia

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En noviembre de 2016, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmaron un Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba.  Entre los principales puntos de dichos Acuerdos de Paz pueden destacarse los siguientes:

  1. los líderes de las Farc no cumplirán prisión, con la condición de reconocimientos de sus actos ante el Tribunal.
  2. Los comandantes guerrilleros podrán participar en política.
  3. Límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz.
  4. En la relación a las víctimas, las Farc recibirán un “perdón colectivo”.
  5. Las Farc aportarán información sobre rutas del narcotráfico, desligándose de clanes mafiosos.
  6. Militares y policías no tendrán juzgamiento distinto al de los guerrilleros.
  7. Reconocimiento de padecimientos de mujeres y minorías étnicas.
  8. El período de posconflicto se extenderá por 15 años.

Las medidas de acompañamiento a los ex Farc establecidas por los Acuerdos de Paz han concluido el 15 de agosto pasado.  ¿Cómo será el futuro de estos campesinos que, para sobrevivir, no tuvieron otra opción sino las armas?

En el origen de las Farc se destaca Pedro Antonio Marín, cuyo nombre de guerra era Manuel Marulanda, en homenaje a un obrero muerto en tortura  por la policía en enero de 1951, en medio de la guerra  “de la violencia” entre liberales y conservadores tras el asesinato del líder popular de izquierda Jorge Eliécer Gaitán (9-4-1948) y que desató el “bogotazo”. Esta guerra terminó en 1957 con el surgimiento del Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para rotarse en el poder. Este período duró hasta la década de 1970, dejando un saldo de más de trescientos mil  muertos.  En las zonas rurales se asesinaba a todos los que no se alistaran en el Partido Conservador.  Marín se negó a  esta extorsión y formó su propia organización armada. En 1953, Marín (“Tirofijo”) se hizo comunista, ocasión en que le propusieron adoptar el nombre político de Manuel Marulanda. En 1957, la guerrilla fundó el Movimiento Agrario de Marquetalia, lugar en el que se refugiaron miles de campesinos desplazados por la violencia de la oligarquía. En 1961, Marquetalia fue invadida y bombardeada por 5.000 soldados. El 20 de julio de ese año, los campesinos resistentes dirigidos por Marulanda proclamaron el Programa Agrario de  los Guerrilleros. El 27 de mayo de 1964 se ha instaurado como el nacimiento de las Farc, constituyéndose  oficialmente  en mayo de  1982, ocasión en que se agregó el sufijo EP (Ejército Popular), como replanteamiento de su accionar militar.

El 28 de mayo de 1984 se dio la orden  de cese  al fuego, como parte de los acuerdos entre las Farc-EP con el gobierno de Belisario Betancourt. Los guerrilleros desmovilizados, los militantes del Partido Comunista y los de otras organizaciones políticas de  izquierda formaron entonces la Unión  Patriótica.  Luego,  fueron asesinados más de 5.000 de sus integrantes.  Este  hecho reactivó la guerra en 1990. En enero de 1999, las Farc-EP tenían presencia en el 90% de los municipios del país.

Las Farc-EP retomaron el diálogo con el gobierno de Andrés Pastrana, desmilitarizando un amplio territorio y la formación del Partido Clandestino y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Pero el 29 de marzo de 2002, el gobierno terminó con los diálogos a través de la operación militar “Thánatos”.  Así se diluyó nuevamente la búsqueda de democracia con justicia social, profundizándose esta posibilidad con el gobierno de Álvaro Uribe.

Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmaron los últimos Acuerdos de Paz. Santos los sometió a referéndum en el que triunfó el NO a la Paz. Los medios, alentados por los partidos de derecha, la oligarquía y los obispos católicos, indujeron a la población a una decisión     equivocada al haber responsabilizado de la violencia a la insurgencia y las organizaciones sociales y no al Estado con su secuela de corrupción, paramilitarismo y defensa de los intereses de USA y de los terratenientes nacionales.

Datos de ACNUR indican que hay siete millones de campesinos desplazados internos. Se suman los “falsos positivos”, esto es, civiles asesinados por el ejército y luego pasados por guerrilleros muertos en combate. Entre 1958 y 2012, se sabe de 220.000 asesinados y 25.000 desaparecidos. El 82% corresponde a civiles (Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”).  En las cárceles permanecen 1.500 presos políticos de las Farc, que deberían estar en libertad de acuerdo a la ley 1.820 o de Amnistía o Indulto.

El 27 de junio de 2017 fue el acto oficial de dejación de armas de las Farc. La ONU recibió las armas. Desde entontes, los ex Farc están buscando su reinserción a la vida civil. Han sido enviados a “zonas veredales” (montañas) que no son habitables, sin garantías de sobrevivencia y sin el cumplimiento del acuerdo fundamental: tierras para trabajar. Mientras, Indepaz ha confirmado que, desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2019, el ejército y los paramilitares han asesinado a 837 líderes sociales y de derechos humanos, de los que 135 son ex guerrilleros y sus familias en proceso de reinserción. Se sabe, además, de 1.351 líderes sociales amenazados de muerte.

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho modificaciones favoreciendo la impunidad de los militares violadores de derechos humanos. Es así como están excluidos de comparecer ante la justicia los ex presidentes, los agentes estatales y los empresarios vinculados a los paramilitares. Un  número de 1.900 militares reciben trato especial, bajo el argumento de Álvaro Uribe quien ha sostenido que “no deben confesar sus crímenes,  ni reconocer responsabilidad en ellos, para resguardar el honor militar” (Congreso, 31-10-2018). Esto, a pesar de que el Movimiento  Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha presentado ante la Comisión de Verdad un informe con 17.852 víctimas de crímenes de Estado y 2.909 funcionarios del Estado responsables de los crímenes, de los cuales son 31 oficiales mayores, 10 generales, 16 comandantes del ejército, 856 agentes de Policía Nacional, todos en relación con paramilitares. Las masacres y violaciones de derechos humanos se  ejercen contra las poblaciones que se oponen al saqueo y la destrucción medioambiental de megaproyectos que cuentan con la complicidad de las autoridades. Se  ha constatado que en 2016 fueron destinados 68.255 efectivos de Fuerzas Armadas para protegen al sector minero energético, a tal extremo que  nueve de veinte batallones han sido instalados en el interior de los predios de las empresas.

No obstante que Celac había proclamado Zona de Paz a América Latina y El Caribe (La Habana, Cuba, enero de 2014), en mayo de ese mismo año el gobierno de Colombia formó el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad (CREES), una nueva Escuela de las Américas, “para dar a conocer la experiencia de Colombia en su lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”. Tanto o más grave aún para toda la región ha sido el Acuerdo de Intercambio de Información y Seguridad que el entonces presidente Santos firmó como “miembro especial” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) (Bruselas, Bélgica, 2017).    

Los ex Farc han accedido a algunos curules del Congreso como Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manteniendo la sigla Farc. Sin trabajo político ni experiencia en ese campo, los resultados electorales han sido débiles en las elecciones legislativas de 2018: sólo 49.170 votos (0,34%). Los ex combatientes están instalados en las veinticuatro zonas da agrupamiento (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR), totalmente construidos por los guerrilleros gracias al material suministrado por el Estado nacional y por Noruega. Tienen problemas de escasez y de aislamiento, acentuándose la desmoralización y la incertidumbre. La confianza depositada en la Agencia de Reintegración y Normalización (ARN), organismo encargado de la reinserción de los combatientes a la vida civil no tiene nada qué proponerles. La protección ofrecida por el gobierno no se ha hecho realidad. Llegada la fecha de término del estatuto jurídico, terminará también la protección del ejército que continuará siendo el enemigo, además de que  dejarán de recibir la asignación mensual de alrededor de 220 euros. Se suma la angustia de los campesinos que piden que vuelvan las Farc para protegerlos del ejército y de los paramilitares.

Frente a los asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento, persecución, abusos, violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones campesina, indígena y afrodescendiente, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, enviaron una carta al presidente Duque pidiendo la moratoria de concesiones y denunciando los hechos antes descritos y enfatizando que la represión se debe a los intereses de transnacionales extractivistas (mineras, petroleras, hidroeléctricas) que utilizan para sus fines a las policías, las fuerzas armadas, grupos mercenarios y sicarios.

En septiembre de 2018, una Comisión de Observación del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL), integrada  por dos españoles, un belga, un colombiano y dos chilenos, visitó los campamentos de ex Farc de Llano Grande (Debida) y de San José de León (Mutatá), en la provincia de Antioquia, para confirmar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Hoy debemos defender las vidas de los ex Farc que están en peligro  porque el gobierno de Colombia no ha cumplido los compromisos contraídos formalmente. 

Consciente de que la historia del mundo es la búsqueda de la libertad, es éste mi homenaje a los que han combatido y arriesgado sus vidas y no han recibido privilegio alguno, sino que por el contrario, han conocido la desgracia y la persecución.  Ellos hacen  la historia y también la sufren.

Por Hervi Lara B.

Santiago de Chile, 22 de agosto de 2019.