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Los otros daños. La salud bajo la dictadura. ¿Qué hay que hacer?

La conmemoración de los 40 años ha traído al presente una dura rememoración de los horrores y dolores que la dictadura provocó a la aún dañada sociedad chilena, especialmente en relación a las violaciones de los derechos de miles y miles de chilenos y chilenas que sufrieron en “carne propia” el terrorismo de ese Estado policial y militarizado. Sin duda la vuelta atrás nos ha producido a casi todos el rechazo más total de esos actos atroces, señalando cada vez con más certeza la necesidad de verdad, justicia y castigo a los responsables, que han debido dar cada vez pasos más atrás en su débil e inconsistente defensa.

Pero junto con este esclarecimiento y camino hacia la sanación de nuestra alma, en el campo de la violencia y el abuso del Estado a personas, no es igual en otros campos de daño, que la bajo la misma dictadura se produjeron. Es más, pareciera que se quiere dar rápidamente vuelta la página y no ver esos otros dominios: la Reforma de nuestro Sistema de Salud es uno de estos ámbitos donde todavía padecemos los resultados de su acción. La reducción del sector público, producida por los masivos despidos desde los Hospitales y Consultorios del Servicio Nacional de Salud, la nula inversión en todos esos años y la destrucción del SNS, junto a la incorporación del mercado al sector salud, han arrastrado como consecuencias inevitables los problemas que hasta hoy no podemos resolver en inequidad, desfinanciamiento estructural del sector público, fragmentación del sistema de atención; todo lo cual se traduce en: listas de espera e insatisfacción de la población y de los trabajadores de la salud.

Las consecuencias de estos cambios que se centraron en la privatización de parte del sistema de seguros y provisión y en la desconcentración del sistema de atención; son hoy irrebatibles. Ya precozmente, un trabajo hecho en los años de la dictadura, por la Dra. Haydee López, mostraba el desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud en los años setenta. En los años ochenta, el Dr. Rodrigo Contreras hablaba de esto mismo, pero agregaba lo que estaba ocurriendo con el estado de salud de la población y el clima dentro de los establecimientos públicos de salud. Por su parte, el geógrafo Antonio Scarpacci, en esos mismos años, daba cuenta de cómo la segregación poblacional de los pobres era inversa a la concentración de los médicos en las zonas de habitación de las clases medias y acomodadas; en las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes, en la Región Metropolitana.

Los datos actuales de distribución de médicos por Sistema de Seguro, vuelven a confirmar lo mismo cuando indican que hay 276 pacientes por médico para la población afiliada al Sector Privado y 920 en el Sector Público, según un estudio del Ministerio de Salud y el Banco Mundial del año 2010. Con este mismo estudio se daba cuenta de una tremenda brecha de profesionales para el Sector Público, especialmente en la Atención Primaria, donde la Agrupación de Médicos de Atención Primaria habla de un déficit entre 1.364 y 7.488 jornadas completas de médicos.

El endeudamiento del Sector Público, que refiere una cifra muy superior a los $ 100.000 millones (cien mil millones de pesos), es otro indicador de este mismo escenario deficitario, producto de la inclusión del mercado a nuestro sistema de salud, que segrega a los más viejos, pobres, enfermos y de menores recursos al seguro público. Por lo mismo, la diferencia en el per cápita de salud, entre 16, 3 % de la población del sector privado que es de $ 345.272 y los $ y el 73,5 % de la población del sector público que dispone de $ 143.667; es una muestra más de este mismo escenario de desigualdades.

Las listas de esperas, que el régimen actual ha tratado de ocultar son también una señal de resultados inequitativos para nuestro país, donde se queda en espera por dinero en el sector privado y el público por una oferta de atención insuficiente. La espera para hospitalización en camillas de los servicios de urgencia de los hospitales públicos, que se ven a diario en la prensa escrita y la televisión, revelan las mismas carencias de la atención de salud de la mayor parte de la población, que es la se encuentra adscrita al sistema público de salud (Fonasa).

Las insatisfacciones y relatos de discriminación por la población pobre de Santiago, que han demostrados los resultados de las series de estudios de opinión realizados por la Universidad Católica cardenal Silva Henríquez, redundan en el mismo campo ya señalado de la inequidad y pobreza del sector público, originado en los cambios ya comentado de la reforma a la salud de la dictadura.

Sin embargo, el diagnóstico del sector se expresa de una manera totalmente diferente cuando se observa los resultados económicos de la empresa privada de salud, que crece en sus ganancias de manera potente, como se puede observar en la floreciente ampliación de la industria sanitaria privada, de clínicas y centros médicos y que además, ha tenido la especial fortuna en estos últimos años, por la derivación de pacientes del sistema público, por los cuales reciben pagos que triplican lo que se factura por las mismas prestaciones a los hospitales públicos. Pero sobre todo estas ganancias que han beneficiado a los privados, se muestran con máxima claridad en la jugosa empresa de seguros privados de salud, las Isapres, que son una muestra de la mejor salud, por cuanto tienen una ganancia que todo el resto de la empresa privada ya quisiera; y que el año pasado fue de $ 81.383 millones con un aumento nominal de 6,5 % (4,9 % real) respecto al año anterior.

En síntesis, los 40 años también deben hacernos reflexionar por aquellas otras atrocidades que la dictadura produjo en nuestro sistema de políticas sociales, que redujo a la privatización y a la subsidiaridad, dejando a un amplio sector de la población bajo regímenes de servicios públicos altamente deficitarios y provocando las raíces de una desigualdad que vive en el centro de una sociedad que reclama con urgencia nuevos cambios en la dirección de la solidaridad y de la equidad. Las autoridades que deberán asumir el año próximo no pueden desconocer de la última encuesta CEP, que nuevamente, como no ocurría hace varios años, la gestión de salud, ha sido evaluada por la población como la primera prioridad que el gobierno debe atender, superando a la Educación e igualando a la seguridad.

Por Jorge Lastra

Médico, especialista en Salud Pública y Gestión de Establecimientos asistenciales.

Publicado en Primera Piedra 537 Análisis Semanal del 30 de septiembre de 2013

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