Pablo Longueira y un futuro de ingobernabilidad

Si hay algo que ha sido constante en el discurso de quienes nos han gobernado durante estas dos últimas décadas ha sido la apelación a la retórica de los consensos

Por Mauricio Becerra

14/07/2013

Publicado en

Columnas

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Si hay algo que ha sido constante en el discurso de quienes nos han gobernado durante estas dos últimas décadas ha sido la apelación a la retórica de los consensos. La protección bajo cualquier circunstancia de la democracia de los “acuerdos”, que ha permitido 23 años de grandes equilibrios macroeconómicos, a pesar del alto costo social en materia de desigualdad, se tornó en la gran política todos los gobiernos post-autoritarios. Sin duda, un cuidado especial, sobre todo de aquellos discursos y acciones que “amenazaban” por la vía de las movilizaciones sociales el orden político institucional. A estas alturas, es sabido y de conocimiento público que el pacto concertacionista no sólo consistió en excluir al Partido Comunista del bloque de centro izquierda, sino que además residió en elaborar racionalmente un conjunto de estrategias desmovilizadoras de la sociedad civil en pos de no alterar la política de los consensos que beneficiaba en mayor medida a las élites políticas y económicas en la dirección del país.

Esta protección tanto de los enclaves del régimen político como del modelo económico y social imperante, se ve fuertemente expresada en la sistemática intervención electoral tanto del Presidente Sebastián Piñera como del actual Ministro de Hacienda, el Sr. Felipe Larraín. Han sido muchas las intervenciones abiertas que estos personajes han realizado en su condición de hombres públicos para denunciar una eventual ingobernabilidad de parte del Pacto de la Nueva Mayoría: la asamblea constituyente, la nueva constitución, el cambio del sistema electoral, las reformas tributarias, es decir, todas las reformas democráticas, que en opinión y lato conocimiento de la derecha, estarían afectando la política de los consensos: equilibrios macroeconómicos, indicadores de crecimiento sostenido y estabilidad institucional para la inversión extranjera. 

Lo cierto es que la sociedad chilena está sufriendo importantes transformaciones donde el actual sistema institucional simplemente “no da el ancho”. Cambios desde la sociedad, y particularmente desde la sociedad civil que demandan nuevas formas de inclusión, deliberación y participación directa en la distribución del poder. Y ante este cambio societal profundo, lo que se puede observar es una negativa constante de parte de la derecha más dura y del gobierno en reconocer la actual naturaleza de lo social en nuestro país: movimientos y acciones sociales colectivas que sistemáticamente han llevado a la derecha a una ingobernabilidad vivida en el actual gobierno y a la imposibilidad de sostener un proyecto con gobernabilidad de la mano de Pablo Longueira.

Muy por el contrario de lo que gran parte de los analistas señalan, no son las grandes transformaciones que plantean los candidatos de la oposición, las consignas de la centro izquierda, las que llevarían a Chile a desestabilizar los equilibrios macroeconómicos, sostenidos básicamente en una exorbitante desigualdad económica y social. Sino que más bien, consideramos, ha sido la derecha la incapaz de darle gobernabilidad a Chile en estos años de gobierno. Fenómeno que se repetiría con creces en una eventual administración de Pablo Longueira.

 

Es pertinente señalar que si hay algo que ha caracterizado a este gobierno ha sido la ausencia de un proyecto propio y diferenciador de la anterior administración de la Concertación, más allá de la retórica del “cambio” propuesta por el actual mandatario en los tiempos de campaña presidencial. La actual administración ha movido su agenda única y exclusivamente en función de las movilizaciones sociales, respondiendo parcialmente a ellas, ante una suerte de “erupción social múltiple” que aún no se ha manifestado totalmente; Hidroaysén, Freirina, el movimiento estudiantil, Magallanes, Punta Arenas, ANDHA Chile, movimientos en la Araucanía, Movimiento social por Aysén, movilizaciones en Calama, CODELCO, entre otras grandes movilizaciones han pauteado y determinado la agenda pública del gobierno de Sebastián Piñera. Estas manifestaciones no son espurias ni tampoco espontáneas. En tal sentido, y sociológicamente hablando, no estamos en presencia de protestas sociales –aunque éstas se tornan como un medio específico de la acción colectiva– sino más bien de movimientos sociales y formas de acción acciones colectiva que tienen como objetivo transformar el modelo de desarrollo, ante un fin de ciclo del neoliberalismo que “a todas luces” está agotado y en decadencia. La naturaleza de las demandas sociales de todos esos movimientos, no tienen como fin la reivindicación instrumental: ellas abogan por un cambio del modelo socioeconómico y del modelo político imperante en una dirección desarrollista y del Bienestar. Ésta última palabra completamente omitida por los analistas para definir cuál es la real naturaleza de las demandas sociales, las que en ningún caso son revolucionarias, sino que apuntan a una nueva relación entre Estado y sociedad.

De tal modo es que un eventual gobierno de la Alianza por Chile asegura total inestabilidad institucional e ingobernabilidad para afrontar los desafíos del futuro, algo que ya hemos podido observar parcialmente en el actual gobierno. Ello por el constante cierre social y político de estos sectores elitarios que parecen negarse a responder a los cambios que la sociedad demanda.

En tal sentido, el candidato de la UDI, el Sr. Pablo Longueira, pareciera ir en oposición directa con la voluntad de las mayorías, como si eso no importara: el día miércoles 22 de mayo, señaló que Hidroaysén está aprobado “aunque la gente se movilice”. Del mismo modo, en constantes ocasiones ha expresado la necesidad de más autoridad para enfrentar las movilizaciones sociales. También ha expresado enfáticamente que “las calles no le pueden dictar a los políticos qué hacer” y ha señalado textualmente: “no quiero un país con asambleas constituyentes como el resto de los países vecinos”.

Entonces, las preguntas básicas que un ciudadano puede realizarse son: ¿qué tipo de gobernabilidad le ofrece al país un candidato que vulnera a las mayorías sociales? ¿A qué centro social se refiere Pablo Longueira, cuando son los sectores populares y las clases medias las más afectadas con las desigualdades sociales y económicas que ha generado el modelo de desarrollo neoliberal en Chile? Finalmente ¿Con qué medios va a frenar (o aplacar) Pablo Longueira a la sociedad cuando esta se exprese sistemáticamente en las calles exigiendo derechos sociales como la educación pública y gratuita, una previsión digna y pública o bien una asamblea constituyente que erradique de una vez por todas y para siempre el pecado original de la constitución ilegítima impuesta por la dictadura?

La gobernabilidad que requiere Chile, en dirección opuesta a lo que plantea el candidato de la UDI y su sector político, es una que debe estar sostenida en las grandes transformaciones que necesita el país: disminuir significativamente la desigualdad económica y social; retornar un modelo público y ciudadano pasando de una sociedad de consumo a una sociedad de derecho; recuperar las riquezas naturales para Chile; realizar una reforma tributaria justa que permita redistribuir más equitativamente la riqueza; terminar con los enclaves que impuso la dictadura y volver a legitimar a la política para dotar al Estado de las herramientas necesarias para transformarse en un agente del desarrollo, en pos de una nueva relación con la sociedad. Sólo así se podrá lograr la gobernabilidad y el funcionamiento correcto de las instituciones políticas al servicio de la ciudadanía.

Alejandro Osorio Rauld

Sociólogo, Magíster en Ciencias sociales, U. de Chile, Docente de la Universidad ARCIS

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