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Para una Defensoría de los Pueblos de Chile

Uno de los hechos más importantes en mi larga experiencia de lucha social ocurrió el año 2009, cuando una tarde, junto a mis compañeras y compañeros de Andha Chile a Luchar Democrático, decidimos tomarnos la Primera Comisaría en protesta por el abuso, el maltrato y la violación de derechos fundamentales que estaban sufriendo nuestros hijos e hijas por el sólo hecho de ejercer su libertad de demandar educación igualitaria y de calidad.

Esta toma fue la única medida que nos quedó como organización social para hacer ver a la autoridad la debilidad de las instituciones cuando se trata de garantizar y proteger derechos fundamentales del pueblo organizado, y más aún cuando las víctimas son menores de edad.

La verdad es que da mucha impotencia ver cómo el Estado se demora tres segundos en sacar a las fuerzas armadas a la calle cuando se trata de proteger la propiedad, sobre todo la de las grandes empresas, pero cuando se trata de garantizar el derecho del pueblo a organizarse y a usar el espacio público para plantear sus demandas, en esos tres segundos nos convertimos en el objeto de la más brutal y salvaje represión.

La horrible golpiza recibida en la marcha del 13 de junio por Pedro Aguilera, presidente del centro de alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño, no es un hecho aislado en Chile. Al contrario. Es la norma. Basta ver la militarización de la Araucanía y el amedrentamiento contra niños y niñas mapuche sólo porque sus comunidades demandan el respeto a sus derechos ancestrales.

Lamentablemente, la mayor parte de las violaciones a los derechos fundamentales en Chile no se ven, no son públicas, ni siquiera se presienten. Rodrigo Román, militante del Partido Igualdad y abogado especializado en la defensa de personas detenidas, procesadas y/o acusadas como resultado del abuso de poder de las instituciones del Estado, atiende varios casos al día en los que se cometen vulneraciones de derechos, desde detenciones injustificadas hasta montajes del Ministerio del Interior.

Esto es en sí mismo una gravísima anomalía y nos muestra el tenor de las políticas de seguridad y el modelo de Estado que la Alianza y la Concertación han desarrollado para proteger este neoliberalismo que nos vulnera día a día. La triste realidad de los pueblos en Chile es que vivimos vulnerados por el Estado neoliberal, tanto cuando no nos organizamos como cuando sí lo hacemos. No hay forma de que el pueblo saque cuentas alegres.

Lo bueno de tener un pueblo despierto es que la sociedad en su conjunto ha rechazado firmemente el salvajismo injustificable de Fuerzas Especiales en la golpiza contra Pedro Aguilera. Ésa es una gran noticia y da muchas esperanzas. Pero en el estado actual de descontrol en que se encuentran las instituciones del “orden” no es suficiente rasgar vestiduras por este actuar incivilizado, cavernícola y que recuerda los momentos más negros de la historia de Chile. Ni siquiera es suficiente que las organizaciones sociales nos tomemos comisarías para demandar el fin de la violación de derechos fundamentales. Es urgente, repito, URGENTE dar un paso más, y uno realmente atrevido.

Todo Chile sabe que el gobierno que encabezaré será el del atrevimiento popular. Así que no tendré inconveniente en dar este paso urgente. Después de convocar a un plebiscito para una Asamblea Constituyente Social, el segundo día de mi gobierno enviaré al parlamento con urgencia suma el proyecto de ley que crea la Defensoría de los Pueblos de Chile. Si el parlamento lo rechaza, será sometido también a un plebiscito.

Pero mi gobierno no terminará sin que Chile cuente, por fin, con una Defensoría de los Pueblos que nos proteja contra la vulneración del Estado y las empresas privadas.

Antes de que alguien me comente “Roxana, pero si ya los gobiernos de Lagos y Bachelet hicieron cosas como la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, pero no sirvió de nada”, déjenme avisarles que cuando una luchadora del pueblo habla de Defensoría de los Pueblos lo dice en serio. No vamos a hacer nada parecido a las cáscaras de nuez de los gobiernos de la Concertación, que, por supuesto, ningún interés en proteger al pueblo tenían. En los últimos 24 años se han creado instituciones públicas con misiones que se podrían considerar propias de una Defensoría del Pueblo, como el Sernac o el Instituto de Derechos Humanos. Pero nunca una Defensoría del Pueblo de verdad.

El cálculo político detrás de lo anterior es claro: mejor para la acumulación neoliberal una institucionalidad de defensa de la ciudadanía desperdigada en múltiples servicios débiles, dependientes del Ejecutivo y de atribuciones más bien simbólicas que una única institución pública grande, fuerte, autónoma y con recursos suficientes para ser un contrapeso al poder de los servicios públicos, las fuerzas del orden y las empresas privadas. Una institución con estas últimas características es la Defensoría de los Pueblos que mi gobierno va a crear:

1. La Defensoría de los Pueblos de Chile será autónoma y con patrimonio propio. Tendrá la función de hacer cumplir y garantizar el respeto de los derechos fundamentales establecidos en la constitución y las leyes.

2. Tendrá facultades para sancionar vulneraciones contra esos derechos. Podrá suspender a funcionarios de las fuerzas de orden o armadas mientras se realiza la investigación cuando exista violación a derechos humanos. En el caso de violaciones a los derechos del consumidor, podrá multar a las empresas responsables. En el caso de vulneración de derechos de otras instituciones públicas, podrá suspender a funcionarios y funcionarias y aplicar las sanciones.

3. Tendrá el mandato de perseguir judicialmente todo acto que vulnere derechos básicos y fundamentales a nombre de las víctimas de las vulneraciones.

4. Reunirá a todas las subsecretarías, servicios nacionales e institutos públicos que tengan como función la protección y acceso a los derechos fundamentales de las personas. Fusionará en una única institución a las siguientes oficinas y dependencias públicas: Instituto de Derechos Humanos, Servicio Nacional del Consumidor, Subsecretaría de Derechos Humanos y Consejo de la Transparencia.

Una sola institución responsable de la protección de estos derechos, fuerte y autónoma, puede cumplir de mejor forma con su misión que una institucionalidad de múltiples servicios públicos débiles y dependientes de la autoridad.

5. Tendrá unidades especializadas en combatir las vulneraciones de derechos más urgentes: contra los pueblos originarios, contra la diversidad sexual y el derecho a la identidad de género, la violencia y discriminación de género, contra las organizaciones sociales que se movilizan.

6. Será dirigido por un Defensor o Defensora Popular elegida por votación popular por un periodo de ocho años sin derecho a repostulación. Su cargo, como todos los de elección popular, podrá ser objeto de revocación de mandato. Los y las postulantes al cargo no podrán registrar militancia en algún partido político en los dos años inmediatamente anteriores a la postulación.

7. Para garantizar su autonomía efectiva, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo de Chile se fijará en una partida propia que en ninguna gestión presupuestaria podrá ser inferior al 0,35% del presupuesto de la nación.

Esta Defensoría de los Pueblos la construiremos juntos, y por eso los y las invitamos el 17 de noviembre para hacer que el pueblo mande en un Chile en el que nunca más se vulneren derechos fundamentales.

¡¡Arriba las y los que luchan!!

Por Roxana Miranda Meneses

Candidata a la Presidencia de Chile

El Ciudadano Nº143, junio 2013

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