Para una revolución electoral

Nuevamente la Alianza y la Concertación, los mismos que están por cumplir 30 años coludidos para hacer de Chile el país desigual y abusivo que es hoy, se han puesto a jugar al Halloween. En esta ocasión se han disfrazado de amigos de la representación democrática anunciando con bombos y platillos que tienen un acuerdo para sustituir el binominal por un sistema proporcional. Y como La Moneda es florero de mesa, el Gobierno no ha querido ser menos y también se puso a embolinar la perdiz con su propia propuesta de reforma electoral.

Si no fuera porque ya hemos escuchado chorrocientas veces que se va a reformar el binominal, podríamos hoy estar un poco curiosos y curiosas. Pero ya sabemos dónde acaban estas cosas: en los tachos de basura de las oficinas de los y las “honorables”, que saben que este sistema electoral les permite tratar sus asientos en el parlamento como si fuesen sus fundos privados. En esta ocasión, además, hay que recordar la intencionalidad de la propuesta de reforma, que el presidente de Renovación Nacional anunció con esa cara de palo que acostumbra: contener y neutralizar el avance de la demanda de Asamblea Constituyente. Así como suena: nos quieren vender el fin del binominal a cambio de que renunciemos a crear una constitución de forma democrática, con la participación protagónica del pueblo soberano.

En mi opinión, la “binominalización” del debate sobre el sistema político tiene otra consecuencia importante: el ocultamiento de graves limitaciones en las instituciones representativas chilenas. Y ninguna de las miles de página que se han escrito y publicado en la última semana ha profundizado ni un milímetro en ellas. A mi entender, las más graves limitaciones son tres:

1. Las instituciones de representación han secuestrado la voluntad popular. La democracia, que debiera ser “el gobierno del pueblo”, en Chile es en realidad una “oligarquía”, el gobierno de un reducido número de “representantes”. En una democracia el pueblo manda y las autoridades obedecen. Pero en Chile ocurre lo contrario: una pequeña oligarquía, muy amiga además del empresariado nacional y transnacional, hace y deshace mientras el pueblo que quiere recobrar su soberanía es criminalizado y violentado.

2. Parte importante de la “oligarquización” de la política chilena tiene su origen en la extrema “partidización” de la institucionalidad. El sistema político ha generado todo tipo de barreras de acceso a otras formas de organización o participación distintas a los “partidos políticos”. Así garantiza completo monopolio partidario en los cargos de representación. Y eso tiene un impacto directo en la composición y funcionamiento de las instituciones públicas, pues las principales autoridades, directorios y/o consejos de instituciones tan fundamentales para la vida nacional como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Televisión Nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras, son elegidos por el parlamento, que, a su vez, está controlado en un 99% por las burocracias de los partidos duopólicos. Las instituciones públicas, de esta forma, se han convertido en apéndices del sistema de partidos y, con ello, en garantes de su impunidad.

3. A su vez, los partidos duopólicos, los que, usurpando la soberanía popular, han capturado las instituciones públicas gracias a apropiarse del parlamento, son un botín de camarillas que, controlando las burocracias partidarias, llenan las listas de candidatos y candidatas con sus primitos, hermanitos, cuñaditos, papitos, sobrinitos… Cada vez que una dinastía partidaria se hace con la dirección de un partido, llena todas nuestras instituciones de representación popular con sus apellidos: los Frei Ruiz-Tagle, los Walker, los Viera Gallo-Chadwick, los Chadwick-Piñera, los Larraín-Matte, los Latorre-Rincón, los Piñera, los Lagos-Escobar-Weber-Durán, los Aylwin, los Rossi, los Puccio, los Alvear-Ajenjo-Martínez, los van Rysselberghe, los Girardi, los Ominami-Enriquez… Todas familias que sonrojarían incluso a Vito Corleone. En lo que constituye una vergüenza nacional, la oligarquía chilena hace rato ya que se ha convertido en una “oligarquía nepótica”.

El cambio del binominal por un sistema proporcional probablemente nos va a ayudar a hacer un poco (tampoco tanto) más plural la composición del parlamento. Y tal vez también a cambiar el sistema de alianzas entre los partidos. Por eso es urgente una reforma en esta materia.

Pero el cambio de sistema electoral por sí solo no va a afectar en lo más mínimo a ninguna de las tres graves limitaciones analizadas acá. Un sistema proporcional que mantenga la potestad de selección, de designación a “dedazo”, de las listas de candidatos y candidatas en manos de las burocracias partidarias conservará como hasta ahora el nepotismo y el control oligarca de las instituciones públicas. Si el cambio en el binominal no se enmarca en transformaciones más profundas del orden electoral, sus efectos sobre el funcionamiento del sistema representativo serán marginales.

El Partido Igualdad y los movimientos sociales que me han honrado como su candidata presidencial entienden que necesitamos avanzar no sólo hacia un sistema de gobierno “más representativo”, sino hacia un sistema de gobierno en el que el pueblo mande. Eso supone muchas cosas, fundamentalmente el desarrollo de mecanismos de gobierno popular.

Pero también supone romper el absoluto control de las instituciones públicas que ha desarrollado la oligarquía nepótica que hoy gobierna y legisla para el gran capital. Y para eso no basta cambiar el sistema electoral. Necesitamos urgentemente una profunda revolución electoral, que transforme las bases del actual ordenamiento electoral.

A partir del 11 de marzo de 2014, mi gobierno se hará cargo de llevar a cabo esa revolución electoral. Sus pilares serán cinco:

1. Todos los poderes del Estado serán dirigidos por autoridades elegidas a través de elecciones populares, universales, abiertas y competitivas.

Lo mismo ocurrirá con las principales instituciones públicas autónomas, como el Ministerio Público, la Defensoría de los Pueblos de Chile o la Defensoría Penal Pública.

2. Todos los ministros y todas las ministras de la Corte Suprema serán elegidas a través de un sistema de escrutinio mayoritario plurinominal.

Lo mismo ocurrirá con los y las integrantes del Tribunal Constitucional, el directorio de Televisión Nacional y el consejo de la Defensoría de los Pueblos de Chile. El o la Fiscal Nacional, el Defensor o la Defensora Penal Pública y los alcaldes o alcaldesas se elegirán a través de un sistema de mayoría simple. La Asamblea Nacional Unicameral, las Asambleas Regionales y los concejos municipales se elegirán con un sistema proporcional de cifra repartidora simple (D’Hondt).

3. Toda autoridad elegida a través de votación popular estará sujeta a la revocación de mandato. Toda revocación de mandato se realizará única y exclusivamente a través de votación popular, que asumirá la forma de Referéndum Revocatorio convocado por un 5% mínimo del padrón de la unidad electoral en que ejerce la autoridad a revocar. Se revocará un mandato con mayoría absoluta a favor de la revocación.

4. Primarias obligatorias para la conformación de listas en las que el número de interesados e interesadas exceda el número de cupos disponibles.

5. Las listas sometidas a votación popular se conformarán respetando estrictamente cuotas de género y de pueblos originarios.

Las fuerzas que apoyan mi candidatura están convencidas de que modificando las reglas electorales no basta para avanzar hacia una república representativa y mucho menos para una en la que el pueblo mande. Pero saben que permitirán combatir la resistencia de las oligarquías chilenas hacia el pueblo políticamente activo.

Ya no podemos dejar en manos de las minorías el destino de las mayorías. Es tiempo de poner las elecciones al servicio de la voluntad y gobierno populares. Simplemente ha llegado la hora de que el pueblo mande…

Por Roxana Miranda Meneses

Candidata a la Presidencia de Chile

El Ciudadano Nº144, julio 2013