¿Por qué conmemorar los cincuenta años del golpe cívico militar?

¿Cómo generar consciencia colectiva si aún no sabemos cuántas personas estuvieron detenidas en el INBA y en la Casa de la Cultura? ¿Murieron personas dentro del Internado Nacional? ¿Por qué no es de conocimiento público que la Quinta Normal fue utilizada como centro de detención?

Por El Ciudadano

05/07/2023

Publicado en

1973ChileMemoria / Chile / Columnas

0 0


Por Felipe Olivares León  y Claudio Vilches Maturana

Durante esta semana, una de las caras más representativas de la lucha por la verdad y la justicia en Chile, ex presidenta de la Agrupación de Familiares y Detenidos Desaparecidos (AFDD) y actual Diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro Sierra, emplazó duramente a la administración del Presidente Gabriel Boric a presentar una agenda sobre qué significa conmemorar los cincuenta años del golpe cívico militar en Chile. En concreto, llamó a “establecer una conciencia colectiva de que el nunca más tiene que ser una realidad.”

El 30 de mayo de 2023, la encuesta CERC-MORI, Chile a la sombra de Pinochet: la opinión pública sobre “la era de Pinochet” 1973-2023, arrojó tres datos que permiten aproximarse a la conciencia aludida por Lorena Pizarro. Respecto del conocimiento del golpe de Estado, el 58% de los chilenos dice saber mucho y algo. En cuanto a la justificación del golpe militar, un 36% considera que los militares tenían razón en dar el golpe militar. Finalmente, un 47% consideró que el régimen militar fue en parte bueno y en parte malo.

Los datos que entregó la encuesta avalan la demanda y emplazamiento de la Diputada Pizarro, en cuanto, pareciera ser que como sociedad no tenemos una conciencia colectiva respecto al “nunca más” como una necesidad urgente de resolver en el país. ¿Hemos fallado como sociedad? ¿Nos ha fallado el Estado en esta materia? Es evidente que hemos adolecido de la capacidad para ponernos de acuerdo y llegar al convencimiento colectivo de que un golpe de Estado y una Dictadura Militar, no es el camino para resolver las diferencias que podamos tener.

Debatir sobre la dictadura implica necesariamente enfrentarse a conflictos políticos, éticos y sociales según la posición que exista desde la experiencia individual, respecto de los acontecimientos que marcaron los años de la dictadura y que han perdurado con el paso de los años. Sumado a factores como la politización de la memoria, la autocensura de aquellos que siendo víctimas o victimarios, no hablaron; y el implacable paso del tiempo que se ha llevado la vida de las personas involucradas, acabando con toda posibilidad de contar su experiencia. De esta forma, esa verdad histórica, se restringe, oculta, aleja y desaparece.

El punto anterior cobra fuerza, en la medida en que como investigadores, nos vamos aproximando a una serie de historias y crímenes, que por un lado, parecen estar olvidados, no contados; y que por otro, tienen el factor común de que responden a una memoria individual, encapsulada y restringida, lo cual, imposibilita el que podamos construir una memoria colectiva, que en primera instancia, es la que impulsa y dota de sustancia a una conciencia colectiva.

En nuestro libro: “Mátame de frente”, que lanzaremos en el marco de la conmemoración del golpe militar, y que está sustentado en una investigación que recogió los expedientes judiciales de los episodios caratulados: “Hospital San Juan de Dios”, “Carlos Fariña”, “Puente Bulnes” y “Casa de la Cultura de Barrancas”, en base a testimonios de sobrevivientes y familiares, archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Centro de Documentación del Museo de la Memoria y prensa escrita, apelamos a la falta de una memoria colectiva. Y es que si bien los casos se reconstruyen desde una memoria individual, la paradoja es que las historias están conectadas entre sí, íntimamente vinculadas por espacios, por hechos históricos y por sobre todo por los criminales responsables: Regimiento de Infantería de Montaña N°3 «Yungay» de San Felipe.

En los relatos y testimonios, las víctimas y familiares no tienen en su memoria al regimiento, lo que se encuentra alojado en sus recuerdos son imágenes de rostros, trajes militares, violencia y, en algunos casos, nombres. No obstante a través de los expedientes judiciales, fue posible ir determinando una estructura militar, con orgánica, con instrucciones, las cuales determinaban la espacialidad de la ocupación militar y que, en última instancia, fue parte de la estructura diseñada por las Fuerzas Armadas para controlar y combatir a la población en base a la doctrina contrasubversiva

Nuestro libro narra la llegada del Regimiento Yungay N°3 de San Felipe a la ciudad de Santiago. Es increíble y desolador confirmar que un porcentaje de la población desconozca la trascendencia negativa que tuvo el Regimiento en la ciudad, cuya delimitación comprendía hacia el norte la ribera del río Mapocho, hacia el poniente Américo Vespucio, hacia el sur el eje Alameda/Ruta 68 y hacia el oriente la Av. Matucana. El regimiento fue responsable de una serie de asesinatos y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el eje Matucana.

El 11 de septiembre de 1973 el Regimiento Yungay arribó a la ciudad de Santiago y se instaló en dependencias del Internado Nacional Barros Arana. El INBA se mantuvo como centro de detención durante 24 días. Durante dicho periodo el regimiento allanó: el 12 de septiembre la Universidad Técnica del Estado; se intervino por un tiempo indeterminado el Hospital San Juan de Dios, realizándose operativos militares en su interior los días 15, 17 y 19 de septiembre, con resultado de siete fusilados, un detenido desaparecido y una sobreviviente; allanamiento a la Población Nueva Matucana (actual Parque de la Familia) el 22 de septiembre, con resultado de nueve personas detenidas: siete fusilados, un detenido desaparecido y un sobreviviente.

Paralelamente al uso del Internado Nacional como centro de detención, el regimiento Yungay utilizó las dependencias de la “Casa de la cultura” de Barrancas (actual Municipalidad de Pudahuel) como centro de detención y fusilamiento. En dicho periodo, el Internado seguía siendo utilizado por los militares para comer, dormir y mantener prisioneros. Sin embargo, la justicia logró determinar que de la ocupación de la “Casa de la Cultura”, se llevaron a cabo once fusilamientos y la desaparición de una persona. La intervención militar en las poblaciones: Santiago Pino, Roosevelt, San Pablo y Manuel Larraín, fue parte de la política doctrinaria contrasubversiva. En paralelo, el regimiento utilizó la extensión del territorio de Barrancas para perpetrar crímenes en el sector del Túnel Lo Prado y San Pablo con Américo Vespucio.

El Internado Nacional Barros Arana y la actual Municipalidad de Pudahuel, poseen elementos en común. Se desconoce la cantidad de personas que estuvieron detenidas en dichos lugares. Y lo que reviste mayor gravedad, ninguna de las dos instituciones se ha hecho cargo de reconocer su vinculación histórica como centros de detención, estando ambas instituciones identificadas en el Informe Rettig.

El 5 de octubre de 1973, el regimiento abandona el Internado Nacional trasladándose a dependencias ubicadas al interior de la Quinta Normal que albergaron a la EXPO Chile 72, ubicadas a un costado de la calle Matucana (actual Metro Quinta Normal). En dicho recinto se instalaron celdas provisorias y tiendas de campaña para los militares. Durante el mes de octubre, el regimiento Yungay realizó dos allanamientos en la población La Pincoya, el resultado de estos operativos tuvo como consecuencia el asesinato de tres menores de edad, entre los cuales se encontraba el menor Carlos Fariña Oyarce de 13 años. Su caso fue un enigma; su madre falleció sin saber de su paradero, posteriormente sus hermanos continuaron la búsqueda, hasta que finalmente tras 27 años desde su desaparición, la tierra devolvió a Carlos, o tal como su hermano afirmara en un diario de circulación nacional de la época: “Desde la tierra, mi hermano acusa”. El cuerpo de Carlos Fariña apareció un 30 de junio del 2000, en la intersección de Américo Vespucio con Avenida San Pablo, comuna de Pudahuel. El uso de la Quinta Normal se extendió hasta diciembre de 1974, fecha en que el Regimiento Yungay regresó a la ciudad de San Felipe, dando paso a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), nueva estructura que se estableció para detener y perseguir sistemáticamente a personas.

El caso del Puente Bulnes reviste especial significación por el hecho de haber sido utilizado como lugar de fusilamiento. Diversos regimientos, y no tan sólo el Yungay, lo utilizaron para fusilar detenidos. ¿Por qué se visibilizó lo sucedido en el Puente Bulnes? Feroz resulta imaginar el río emblemático de la ciudad de Santiago teñido de sangre, arrastrando cuerpos de fusilados a vista y paciencia de toda la población. Ese espacio, ese puente, no cabe duda que fue elegido de forma deliberada para representar el poder y de lo que eran capaces de hacer los militares contra su propio pueblo. Fue un lugar para inculcar el horror y el miedo en la población de forma sistemática.

A raíz de lo anterior, vale la pena preguntarse ¿somos realmente conscientes de los hechos aquí relatados? ¿Cómo generar consciencia colectiva si aún no sabemos cuántas personas estuvieron detenidas en el INBA y en la Casa de la Cultura? ¿Murieron personas dentro del Internado Nacional? ¿Por qué no es de conocimiento público que la Quinta Normal fue utilizada como centro de detención?

El 11 de septiembre de 1974, Agustín Contreras Santander y Manuel Valencia Cáceres fueron detenidos en la comuna de Renca por referirse de manera negativa al régimen de Pinochet. Trasladados posteriormente a la Quinta Normal, fueron torturados por dos conscriptos y asesinados con un corvo por el teniente de reserva Juan Martínez Oyanedel, quien se encontraba de guardia. Concertado el asesinato por instrucción de Martínez Oyanedel, los cuerpos sin vida fueron sepultados en el Parque de la Quinta Normal. Al día siguiente, y tras el cambio de guardia, los conscriptos de recambio se negaron a recibir el turno, dado que existían dos cuerpos enterrados. Esta acción gatilló la denuncia en contra de Martínez Oyanedel por parte de su superior, desencadenando su posterior detención y condena por parte de la justicia militar, siendo sentenciado a presidio perpetuo. Sin embargo, este se vio beneficiado en 1978, por la ley de amnistía de Pinochet. Hoy en día se encuentra libre.

Resulta paradójico que en el mismo eje Matucana, donde se encuentran ubicados todos los sitios previamente señalados, esté erigido el emblema institucional de la memoria: El museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Existe una evidente fragmentación de la memoria y una desconexión de los espacios. Las dificultades para coordinar el diálogo entre estos lugares que comparten una historia común, es una realidad, un hecho constatable. No existe ruta de la memoria, no existen actividades conjuntas; sino más bien, memorias encapsuladas, fragmentadas en un barrio que parece condenado al olvido.

La memoria, ese concepto intangible, arraigado en lo más profundo de nuestras experiencias personales, en conjunto con otras construye una memoria colectiva que nos otorga un sentido de identidad, pertenencia y cultura. Y que, sin embargo, en el año de conmemoración del golpe nos conflictúa.

Los hechos narrados en esta columna que forman parte del libro: “Mátame de frente”, hasta el día de hoy son evasivos. Decorados de silencios cómplices y en algunos casos, condenados al olvido. Esto no solo plantea un problema en términos del ejercicio de la memoria, sino que también dificulta la posibilidad de esclarecer y conocer la verdad sobre lo que realmente sucedió en estos espacios.

El horror que graficó el Puente Bulnes tuvo un punto de inflexión durante el retorno a la democracia marcado por un hito político, que fue la construcción de un memorial que reivindicó la figura del sacerdote Joan Alsina en 1995. En aquel entonces confluyeron una serie de actores que de manera colectiva contribuyeron a dotar un espacio de significación, recuerdo y memoria. El plan de Obras Públicas del Estado, junto a la propuesta de memorial diseñada por Claudio Di Girolamo, quien con la ayuda diversos actores de la sociedad civil y el mundo eclesiástico, tales como: el sacerdote Miguel Jordá, el Movimiento Obrero de Acción Católica (MOAC) entre otros, sumado a la mediatización del caso Alsina y la posterior incorporación de los rostros de los detenidos desaparecidos, construyeron  una conciencia colectiva; es decir, se llegó a un acuerdo y convencimiento de resignificar un espacio que estuvo marcado por la muerte, en vida. En palabras de Claudio Di Girolamo, “un país sin memoria es un país muerto”.

Hoy en día, caminar hacia el memorial del Puente Bulnes significa encontrarse con el abandono absoluto del Estado. En el sector poniente de la ciudad, al interior de la Municipalidad de Pudahuel, es posible encontrar el único vestigio tangible de la ocupación del Regimiento Yungay de San Felipe en Santiago, una torre militar escondida entre los parques que decoran la Municipalidad. En el olvido de una ciudad que mira hacia el oriente y no hacia el poniente, el factor común de estos espacios es que pequeñas agrupaciones, al margen del Estado preservan esa historia y esa memoria, continuando la lucha contra el olvido ¿Qué nos pasó en el camino? 

¿Por qué conmemorar? Conmemoramos para no olvidar: Lucio Bagus, trabajador del Hospital San Juan de Dios, a 50 años del golpe, aún permanece en calidad de detenido desaparecido. Conmemoramos por Lucio. ¿Dónde está?

Felipe Olivares León 
Claudio Vilches Maturana

Cientistas Políticos e investigadores

Sigue leyendo:

Síguenos y suscríbete a nuestras publicaciones

Comparte ✌️

Relacionados

Comenta 💬