Proceso Judicial de la Masacre de Marina kue: Suspensiones, audiencias, atropellos y nulidades

Todo comentario sobre algún proceso judicial debería comenzar con una declaración contundente y aclaratoria: «no estoy en la cárcel, comento desde ese afuera». En el caso Marina kue hay imputadas y/o presas, cerca de unas sesenta personas. Y, en la cultura jurídico-policial paraguaya, no hay mucha diferencia para casi cualquier persona entre estar presa o imputada. Mismos impedimentos de desplazamiento, mismos controles policiales sobre la vida de la gente: temor, amenazas, censura. Otra herramienta judicial para inmovilizar y reprimir es la prisión preventiva.

Está investigado y probado el uso de la imputación como un instrumento represivo, varios informes de derechos humanos en Paraguay dan testimonio de ello. Perdemos de vista, por cierta predisposición interesada en no conflictuarnos la vida, que el sistema judicial es un aparato político de control sistémico. Olvidamos que el sistema judicial está construido para sostener el actual estado de cosas y ese estado de cosas actual en Paraguay implica el robo descarado de tierras por parte de grandes propietarios que legalizan fraudulentamente dichas tierras mediante mecanismos agilizados por la burocracia judicial.

En particular el sistema judicial-policial paraguayo actúa como una industria: realiza de algún modos balances contables y financieros y revisa cada cierto tiempo su productividad. No sabemos aún a ciencia cierta cuál es el porcentaje del PIB que mueve porque algunos de sus ingresos (como la productividad de los abogados, servicios anexos y economía intracarcelaria) escapan a las cuentas públicas del Ministerio de Justicia y Trabajo y del poder judicial. Para esta industria, los conflictos con la ley son su materia prima y el consumidor es el ciudadano acorralado en la maraña burocrática judicial.

Todo paso por cualquier tribunal requiere un ingente esfuerzo monetario por parte de quién deba sufrir una caída en la telaraña judicial: certificados, documentos, papeles, copias, copias certificadas, copias legalizadas, recibos, sellos y confirmaciones. Además exige adentrarse en una exquisita diplomacia burocrática del caer bien, pagar facturas y recibos de cuentas, sonreír y hablar sonsamente para congraciarse con el funcionario tal o la ujier cual.

Este sistema, esta industria judicial no es neutra ya que busca sus propios objetivos y sostiene sus propósitos contra cualquier eventualidad. Hay que decirlo claro, la industria judicial tiene su propio objetivo político -económico y eso opera contra la perspectiva constitucional, ciudadana y popular sobre lo que es justicia y lo que no es.

En el caso judicial levantado sobre la masacre de Marina kue esto es evidente casi como una pedagogía de la realidad: para la industria judicial paraguaya no se trata de encontrar una verdad sobre lo sucedido ese 15 de junio de 2012 en las tierras de Marina kue, si no de construir la solución adecuada al fin político del sistema judicial compuesto por juzgados, fiscalías, defensorías, abogados y juristas y demás peritos y servicios anexos. Un entramado coherente, internamente conflictivo y altamente productivo.

No están en ese Juzgado de Curuguaty, ni en esa Fiscalía, ni en la Corte Suprema, interesados en producir verdad y justicia, sino en producir un resultado judicial mediante un proceso judicial hecho a base de un conjunto de procedimientos y técnicas judiciales, cualquiera forma tenga éste. Se trata de ajustar un hecho histórico a la maquinaria procesal. De ahí la confusión de la gente que espera justicia en este caso, justicia que trae consigo una claridad sobre lo acontecido con responsabilidades, propósitos y autores claros. Ya que lo que quiere y busca la burocracia judicial es otra cosa total y absolutamente distinta.

Este aparato quiere ante todo que se salve la cara de las partes de su tinglado implicadas hasta el tuétano en esta Masacre: la policía, autora de la muerte de once campesinos al menos, es protegida por la Fiscalía la que, como ha certificado ante la prensa el fiscal de la causa Jalil Rachid, sólo está preocupada de investigar la muerte de los seis policías y no de los once campesinos. Quieren evitar cualquier investigación sobre las ejecuciones, posible fuego amigo, torturas, prisiones arbitrarias, abusos, todos ellos documentados por investigaciones independientes y reportes de prensa.

La Fiscalía, en su momento a cargo de Ninfa Aguilar, es protegida por jueces y defensores, puesto que aún no demandan investigar la actuación de esa fiscala y sus ayudantes el día 15 de junio de 2012 en Marina kue, siendo responsables del operativo que concluyó en la masacre y del cual no se hicieron cargo, puesto que no acompañaron el operativo policial. Aguilar, designada investigadora de la masacre no se acercó hasta el lugar de los hechos sino que desde su oficina diseñó la acusación que hoy todavía se continúa.

En sentido estricto la investigación fiscal, si es que la hubo, duró exactamente un día: desde el nombramiento de Aguilar el 15 al día siguiente, 16 de junio de 2012, a las 10:30 horas de la mañana, momento en el cual se presentan las imputaciones de la causa por los mismos delitos bajo los cuales se les acusaría seis meses después, excepto el de homicidio doloso, el cual se mantuvo en el grado de tentativa, figura que también aparecía en esa imputación. Hasta el día 18 de junio se mantiene a la fiscala Ninfa Aguilar a cargo de la investigación, tiempo que emplea para ampliar por decenas el número de personas imputadas y terminar de armar el guión que hasta hoy día sostiene el fiscal Jalil Rachid, reemplazo de Aguilar desde ese 18 de junio de 2012.

La burocracia judicial-policial debe cuidar a los funcionarios del Ministerio Público que en ese día actuaron como una parte más de la policía, según ha dejado claro las declaraciones de la defensa de Marcelo Trinidad el pasado 3 de junio de 2013. Así como debe cuidar a los propios jueces, uno de los cuáles, José Dolores Benítez ya fue destituido por prevaricato y a quien se pide sea investigado por su participación en la prisión e imputación indebida de al menos 3 personas. Sin contar su absoluta participación el funesto origen de todo esto, respaldando y secundando al juez Goiburú en la fraudulenta legalización de la rapiña de Marina kue por la empresa Campos Morumbí.

Esta corporación judicial-policial cuida también, en este proceso, a la Defensoría Pública que cumplió su papel de no defender a nadie hasta que las personas imputadas comenzaron a ser defendidas por los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro. La muestra palpable de la actitud de la Defensoría la constituye su actuación, o falta de ella, en todos los casos que llevaron adelante. Las libertades conseguidas (sin formalizar aún) fueron producto de la presión humanitaria internacional, y en los casos que ésta no estuvo presente, se cargaron las tintas sobre los imputados, como en el caso de los adolescentes acusados de los cuales uno recibió una condena abreviada y otra será llevada a juicio oral sin que la defensa haya presentado ni una sola prueba de descargo.

Cuidan asimismo a un fiscal, Jalil Rachid quien se dedicó, si es que se dedicó, a seguir el guión escrito por la fiscala Ninfa Aguilar bajo inspiración de los fiscales Francisco Javier Díaz Verón y Eber Ovelar, un guión hecho con tal rapidez (menos de un día) que da para sospechar que hubiese sido elaborado antes. O tal vez no, tal vez es la simple repetición del guión de siempre: los pobres son culpables, la policía debe ser protegida, los grandes terratenientes deben ser protegidos. El fiscal Rachid en seis meses de investigación no hizo otra cosa que sostener la investigación ya realizada por Ninfa Aguilar y dotarla de algunas pruebas y, sobre todo, de ocultar muchas otras pruebas que pudieran comprometer a la policía y a la propia fiscalía.

Una acusación realizada a partir de una investigación de un día es difícil de sostener, y en el tinglado judicial se sostiene sólo por la fe y voluntad del resto de sus componentes. Esa fe y voluntad las tenía el juez Dolores Benítez, pero está visto que le faltan a la jueza Janine Ríos quien intenta seguir un libreto que hace agua por todos lados y que está escrito bajo el lema de «que nadie quede mal, salvo los culpables de siempre».

Hace agua ese libreto porque está demasiado a la vista, su utilidad política ya fue agotada y no hay cómo sacarle más jugo político, del bueno, porque gotitas aún dará, como muestra la ofensiva anti PLRA que el corresponsal del periódico Abc en Curuguaty intenta realizar estos días. El rédito político fue un golpe de Estado parlamentario, un gobierno liberal corto y la vuelta al poder de la ANR. No hay mucho más que sacar ahora y por tanto no hay mucho más que aportar desde los intereses políticos mayoritarios al tema, como no sea endilgarle los muertos cada uno al otro.

Hace agua ese guión porque contra todo pronóstico, y mucho, pero mucho más que el golpe de Estado parlamentario del 22 de junio de 2012, la Masacre de Marina kue tuvo trascendencia internacional y golpeó los corazones de la gente sensible en Paraguay y el mundo.

Cae estrepitosamente el guión de la Fiscalía porque necesitaba de rapidez para concretarse y de inacción por parte de la defensa y los defendidos. La huelga de hambre de septiembre a noviembre llevada a cabo por parte de las personas presas en ese momento fue el primer desestabilizador del libreto fiscal. El informe Peicc, el informe de derechos humanos de la Codehupy, las movilizaciones por la libertad y la vida de lxs huelguistas, la presencia pública y mediática del tema, las preguntas por organismos internacionales de derechos humanos, todo eso en conjunto y potenciándose desblindaron un proceso que venía como un tanque a cerrar todo con una y única verdad judicial. Verdad judicial que salvaría la cara de todos los componentes del tinglado judicial y de paso de todos quienes obtuvieron ganancia política con esto.

Un golpe mayor a la burocracia judicial fue la conjunción de dos situaciones que tomaron una fuerza desconocida hasta entonces; una, que dos abogados reconocidos, con amplia experiencia y respeto en el ámbito penal asumiesen la defensa de los acusados: Vicente Morales y Guillermo Ferreiro no se hicieron parte del libreto ya escrito y actuaron en función de sus defendidos y no en función de la industria judicial, algo muy extraño en la historia judicial paraguaya. Y la otra: que el propio proceso judicial tomase interés mediático y con ello que las arbitrariedades, desprolijidades, atropellos y nulidades también tomasen interés para la prensa.

Entre las cosas que fueron objeto del interés mediático están las risibles razones dadas por el fiscal Rachid para defender su investigación (o falta de ella) y acusación, la presión internacional necesaria para que se pudiera dar lugar a un derecho de dos mujeres embarazadas y lo incomprensible para el público que ese derecho no fuese provisto por oficio, por simple observancia de la panza de las embarazadas, el compromiso evidente del juez Dolores Benítez con el atropello legal sobre una propiedad del Estado que dio origen al escenario judicial en el cual se desarrolló la masacre y la consecuente destitución del juez Benítez por prevaricato. Estas situaciones hicieron que, más allá de los intereses comprometidos de los dueños de los principales medios de comunicación en el Paraguay, el proceso judicial sobre la masacre tomara relevancia como historia en desarrollo para la prensa.

La conjunción de ambas situaciones hizo evidente para la burocracia judicial que había que hacer algo para que todo el sistema, la industria judicial, no quedase en entredicho por el reflejo en que esta causa se está constituyendo. Esa presión afectó a una jueza, la señora Janine Ríos, quien había asumido el caso a partir de la defenestración del prevaricador Dolores, haciéndole actuar a la rápida, con objetivos resultistas, productivos: avanzar lo antes posible, a como de lugar en la tarea de llevar todo el proceso a juicio oral, es decir hacer su tarea y salir del escenario de una manera reservada.

Mas, cartera por delante, logró todo lo contrario: se hizo muy visible y ralentizó el proceso al saltar o querer saltar etapas. El problema inicial, el de la titularidad de las tierras de Marina kue, que afecta principalmente a los poderes locales en Canindeyú, es un tema que le incomoda y del cual parece no querer saber nada y eso le ha llevado a atropellar el proceso ya más de tres veces. La titularidad de la tierra, de quién es Marina kue, es un tema mediática y públicamente resuelto: son, esas tierras, del Estado.

El problema es que nadie está dispuesto, en la burocracia judicial, a devolver a Campos Morumbí todo el dinero invertido para que legal aunque fraudulentamente esas tierras hayan pasado a su efímera propiedad. Nadie está dispuesto a asumir el costo político interno de un montón de maniobras judiciales que concluyeron en la muerte de 17 personas. Porque es la lucha por la tierra, es cierto, pero es también, y al mismo tiempo, la lucha por los papeles en los campos judiciales de juzgados y tribunales. Y esa lucha por los papeles quedará en cero si la realidad de todos (que Marina kue es del Estado y para la reforma agraria) se traspasa a la realidad judicial (que hoy por es la «confusión»). La jueza Janine Ríos intenta huir hacia adelante de tomar una decisión que traerá consecuencias desgraciadas para quienes sembraron de esperanzas el escritorio de la gerencia de Campos Morumbí.

Los abogados Morales y Ferreiro, la prensa, los periodistas, la gente sensible de este país intentan realizar una utopía institucional: que el caso de la Masacre de Marina kue sea llevado por la senda de la verdad y la justicia. Luchan, para ello contra una realidad institucional, que no importa ni la verdad ni la justicia, sólo un resultado y un proceso que no ponga en cuestión la industria judicial, que no ponga en cuestión el eterno escenario de pobres culpables, terratenientes víctimas, propiedades robadas pero intocables, jueces y fiscales que nunca se equivocan, policía de procedimientos estronistas incuestionables y una prensa que santifica todo eso.

Pelao Carvallo

18 de junio de 2013

a un año de la masacre de Marina kue seguimos en resistencia

Tierra y Libertad