Pulso sindical Nº122

Así actúa la Justicia en Chile, ¿Qué dicen aquellos que condenan la violencia?

“En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, compuesta por Nibaldo Segura, Hugo Dolmestch, Ruben Ballesteros , Haroldo Brito y Roberto Jacob, condenaron a cinco años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada , al brigadier (r) de Ejercito Víctor Pinto Pérez por el homicidio y secuestro de 13 individuos en la Escuela de Infantería de San Bernardo, en 1973. Los ministros Segura y Ballesteros estuvieron por acoger la figura de prescripción de la acción penal en el llamado episodio San Bernardo”.

El Mercurio – 27 de octubre (página C12)

La Sala Penal del máximo tribunal del país aplicó la figura de la media prescripción penal, rebajando ostensiblemente la condena de 20 años de cárcel sin beneficios que la Corte de Apelaciones de San Miguel había decretado contra del otrora oficial.

El fallo dividido… se refiere a la detención, tortura y muerte de 13 opositores al régimen militar, ocurridos entre el 4 y 8 de diciembre de 1973, que vivían en la localidad de Paine y que fueron trasladados hasta el regimiento.

Noticias 123.cl (Texto Agencia UPI)

El condenado, Víctor Pinto Pérez, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo otra sentencia de ocho años por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, y ha sido procesado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Cooperativa.cl/EFE

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Así fue informada la condena que uno de los asesinos de 13 compatriotas recibió luego de 38 años de ocurridos los hechos. Salvo la información de Cooperativa, en los otros medios no se cita los nombres de “los 13 individuos” o “los 13 opositores al régimen militar”.

De la información se desprenden un par de cuestiones iniciales que vale la pena tener en cuenta, porque incluso ahora SE DESINFORMA O DERECHAMENTE SE MIENTE.

Los asesinatos no se produjeron el 27 o 28 de septiembre de 1973 según puede leerse en el fallo de la Corte Suprema, ni los asesinados vivían en la localidad de Paine, como han reproducido algunos medios.

Dice el fallo en cuestión que se ha condenado a VICTOR PINTO PEREZ por su responsabilidad de autor en el secuestro y homicidio calificado de Ramón Luis Vivanco Díaz, Adiel Monsalves Martínez, Manuel Zacarías González Vargas, José Leningrado Morales Álvarez, Arturo Koyck Fredes, Joel Guillermo Silva Oliva, Roberto Segundo Ávila Márquez, Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Humberto Castro Caldera, Pedro Enrique Oyarzún Zamorano y Hernán Elías Chamorro, perpetrados entre el 27 y 28 de septiembre de 1973; y los homicidios calificados de Manuel Tomás Rojas Fuentes y René Máximo Martínez Aliste, cometidos en fecha no determinada, entre el 4 y 8 de diciembre de 1973.

¿Quiénes lo acompañaron a secuestrar a sus víctimas?, Quiénes lo ayudaron a torturar en el cerro Chena?, ¿Junto a quiénes ametralló a seres humanos indefensos?

¿Quién o quiénes lo protegieron durante todos estos años y le permitieron acceder a un fallo que no guarda relación con el daño causado? ¿QUIÉN Y QUIÉNES?

Estas y muchas preguntas más, hay que hacerlas a los honorables miembros de la Corte Suprema aquí citados, que “juzgaron” al que ellos mismos califican en el fallo como ”secuestrador y homicida calificado”.

Los señores jueces, cuya conciencia no ha de estar en absoluto tranquila (si es que saben lo que es tener conciencia), han castigado a VICTOR PINTO PEREZ, oficial del Ejército de Chile, a la pena de cinco años y un día. O sea“140,46 DÍAS POR CADA ASESINATO”. Y no solo eso, también han resuelto que cumpla su castigo el “libertad vigilada”. Un ejemplo más de cómo se va imponiendo la impunidad.

Nuestra solidaridad, la del sindicalismo de clase, para con los familiares de los asesinados así como el compromiso de no descansar en la denuncia, pero por sobre todo una petición a quienes hablan del respeto a la vida y condenan la violencia.

El pueblo, los familiares de las víctimas, esperan la exigencia de castigo efectivo para un criminal, la demanda pública de justicia para con estos compatriotas que no cometieron delito alguno.

Todos los que están preocupados del funcionamiento de sus instituciones republicanas, que opinan contra la violencia y exigen castigos ejemplares, deben convocar a la prensa nacional y extranjera y denunciar este oprobio.

Tienen que asomarse a los balcones del Congreso y hondear una bandera chilena con luto. Deben sacar letreros y pancartas en las sesiones de la Cámara y del Senado, donde se lea claramente NO A LA IMPUNIDAD, CASTIGO A LOS ASESINOS.

Tienen que explicar por qué han guardado silencio durante tanto tiempo.

QUE NUNCA SE OLVIDE.

Los 11 ferroviarios eran peligrosos para la dictadura que se instalaba. Esa y no otra fue la razón para matarlos.

El gran “delito” cometido es haber hecho suyo y difundido los planteamientos del gobierno de la Unidad Popular.

El arma más peligrosa que cargaron era la palabra, con la que invitaban a redoblar el trabajo, participar en jornadas voluntarias y difundían el cumplimiento del programa popular.

Ellos apoyaron a un gobierno exitoso, que cumplía su palabra, que no estuvo exento de errores pero respondía al pueblo. Si no, ¿cómo explicar que Allende y la UP hayan llegado al poder con casi el 37% de los votos y luego de 3 años –en los que se dice que todo faltaba y que íbamos al despeñadero– en las parlamentarias de marzo de 1973 obtuvieran casi el 45% de apoyo?

Se estaba generando una conciencia popular que haría irreversibles los cambios. El gobierno de Allende había conseguido un 8% más de respaldo. Luego de tres años de gobierno, gobierno que fue combatido de todas las formas posibles por la derecha política y económica, sus enemigos no tenían otro camino que derrocarlo con un golpe militar.

Por eso el crimen a mansalva, la persecución, las desapariciones.

Todo esto lo quieren terminar por la vía de fallos tan aberrantes como este. Pero el pueblo tiene memoria. No olvida. Jamás olvida. Honor y gloria a los caídos.

Por Manuel Ahumada Lillo

Presidente C.G.T. Chile

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