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Pulso sindical Nº 205

Del 21 al 27 de agosto de 2013

En los últimos días, invariablemente los medios de comunicación han fijado la atención en las manifestaciones y los hechos producidos al término de las mismas, en relación con el recordatorio del segundo año desde que se produjera el asesinato del joven poblador de Peñalolen, Manuel Gutiérrez, el 25 de agosto del 2011, debido a impactos de balas disparadas por carabineros.

Ni una sola línea escrita respecto de los responsables del asesinato, nada que indique si hay sanciones y cuáles fueron éstas, para esos policías que dispararon y los oficiales que mintieron al decir que no había uniformados involucrados en este crimen.

Lo mismo sucede cada vez que hay manifestaciones populares. Sean los estudiantes, pobladores o trabajadores quienes convocan, el centro de los medios está en hartarnos de imágenes con barricadas y algunas decenas de enmascarados actuando a vista y paciencia de la policía, ignorando o desvirtuando las demandas de los miles y miles que marchan y se manifiestan.

Varios meses han transcurrido desde la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, quien recibiera un balazo en la cabeza mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Luego de que se informara de la detención del supuesto autor del disparo, ni una sola noticia o nuevo antecedente ha vuelto a ser entregado.

No podemos dejar de mencionar las condenas a aquellos que borrachos han conducido sus vehículos y matado personas, las sanciones a pedófilos y abusadores eclesiásticos, e incluso a las autoridades políticas que han defraudado al Estado. Y ni hablar de las “sanciones” a los encontrados culpables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos

Lean y juzguen.

1.- La Corte Suprema chilena anuló la sentencia de la Corte Marcial que absolvió al cabo Miguel Patricio Jara Muñoz, por el asesinato del weichafe Jaime Mendoza Collío y lo condenó a tres años de presidio menor en su grado medio, con la remisión condicional de la pena, lo que en la práctica significa el cumplimiento de esta pena en plena y total libertad. (Avkin Pivke Mapu)

2.- La Corte Suprema rebajó la sentencia en contra del brigadier de Ejército (R) Víctor Pinto Pérez, quien estaba condenado a más de 20 años de cárcel por 13 homicidios cometidos en el Regimiento de Infantería de San Bernardo (cerro Chena). El máximo tribunal redujo la pena a cinco años de cárcel remitidos, es decir, los cumplirá en libertad. (lanación.cl, 26-10-2011)

No solo se trata de sanciones absurdas, considerando el enorme daño causado, sino que queda en claro que el castigo depende de quien sea el acusado y los contactos y apoyos que tenga. De esto poco o nada se informó. ¿Es esto justicia?

Si no le parece suficientemente injusto, lea bien lo siguiente:

En fallo unánime, el Tribunal Oral Penal de Cañete condenó a 10 años y un día de cárcel a Nicolás Antonio Ñeguey Carrillo como autor del delito consumado de robo con intimidación de tres botellas de cerveza. (31 de julio 2013, Elperiodico.cl)

***

Hace 40 años, un 23 de agosto de 1973, el Presidente Salvador Allende designó en el cargo de comandante el jefe del Ejercito a A. Pinochet U., quien solo tres semanas después encabezaría el golpe de Estado con que fue depuesto el gobierno encabezado por Allende.

Como cada año en esta fecha muchos son los que continúan demandando cerrar definitivamente esta pagina de la historia y avanzar hacía un futuro próspero y seguro.

Los mismos gestores del golpe, que por años se negaron a decirlo, hoy llaman sin ambigüedad ninguna dictadura a la dictadura, lamentan los “excesos” producidos y hacen gárgaras con la palabrita perdón.

Algunos parecen creer que es suficiente con algunos actos simbólicos, como cambiar el nombre de algunas calles o inaugurar parques, muestras fotográficas y otras cositas similares.

¿Por qué no reconocen de una buena vez que le dieron luz verde al golpe cuando la UP sacó casi el 45% de los votos en las parlamentarias de marzo de 1973? Ellos querían destituir a Allende en el Congreso y no pudieron, por eso partieron a golpear las puertas de los cuarteles.

Todavía hablan del desabastecimiento y de las carencias de ese tiempo, pero ninguno parece recordar que los productos de consumo diario que escaseaban, llenaban las estanterías de los almacenes al día siguiente del golpe. ¿Escasez o acaparamiento?

CÍNICOS DE MIERDA. ¿HASTA CUANDO LE MIENTEN A NUESTRO PUEBLO?

El golpe contó con el aval de la patronal, porque había que destruir un Código del Trabajo que era ejemplo en América Latina.

Porque era necesario destruir una poderosa organización sindical, que aunque había caído en el jueguito de la sobre politización, representaba a más del 30% del total de los trabajadores chilenos, la mayoría agrupados en una sola y gran organización por rama.

Sepan los trabajadores que hasta el 11 de septiembre de 1973 contaban, entre otros, con beneficios como estos:

* Los empleadores debían entregar copias de los pagos de remuneraciones y el otorgamiento de los beneficios establecidos en la legislación (sueldos, feriados, gratificación), a la Inspección del Trabajo.

* Descanso en domingo y feriados legales (Art.322 C. del T. antiguo) y las 44 horas semanales, para los empleados del comercio (Art. 32 de la ley 17.365)

* En caso de despido injustificado y de negativa patronal de reincorporación, se obligaba al pago mínimo de un mes por año sin tope ni limitación alguna, en cuanto a su monto superior (Art. 8° de la ley 16.455)

* No se autorizaba el fraccionamiento del feriado y los trabajadores de regiones extremas y otros como los mineros, tenían feriados de 25 días hábiles.

* Una ley establecía un impuesto habitacional de 5% sobre las utilidades. Los empleadores que construían viviendas para sus trabajadores con sus fondos, podrían imputar las sumas invertidas al referido impuesto.

Por eso, junto con recordar, hay que comprometerse a seguir luchando. Ni perdón ni olvido. Justicia y castigo. Nada más, pero nada menos.

Por Manuel Ahumada Lillo

Presidente C.G.T. Chile

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