Rebelión Social y lucha por la Asamblea Constituyente en Chile

Por Leopoldo Lavín Mujica

La lucha por una nueva Constitución está al centro de la crisis política y social; es el objetivo prioritario del movimiento social y de rebeldía popular. Y la elección de una Asamblea Constituyente para redactarla, que plasme las necesidades y demandas populares en forma de derechos, es el objetivo del momento. Un proceso constituyente con AC electa es el único garante de una calma social venidera. Pero Piñera se opone obstinadamente.

Las exigencias del movimiento social francés a Macron, consejero de Piñera en agenda política, no fueron tan precisas como las del chileno. Con el agravante que las violaciones a los DD.HH del Gobierno de Piñera-Chadwick-Blumel superan cualquier otra atrocidad cometida en el mundo de la OCDE.

La consciencia acerca de la importancia de este “momento constituyente”, y de la necesidad de mantenerlo vivo, en un proceso que le dé vigor y lo dinamice, son certezas racionales que se instalaron en los sectores populares movilizados. Es el nuevo sentido común que surgió al romperse el pacto anterior.

Demasiado abuso empresarial acumulado.  Demasiada corrupción e impunidad facilitada. Demasiada negligencia del poder judicial. Y un persistente sentimiento popular en aumento de explotación económica, incertidumbre y fragilidad ante los avatares de la vida social y económica.

La toma de consciencia hizo su irrupción a través de la Rebelión Social contra el modelo neoliberal imperante, el régimen político que lo sostiene y la elite política profesional que goza de privilegios considerados hoy indecentes. Pero la exigencia de Asamblea Constituyente es el núcleo de las consignas compartidas en cada marcha. Es decir politización colectiva de los individuos.

Por de pronto, es vital para el futuro del movimiento democrático, popular y de los trabajadores generar una correlación de fuerzas favorable al proyecto, tanto en el plano organizacional, de las ideas, como de la cultura; de tal manera que pueda acumularse energía para plasmar en la nueva Constitución los derechos y mecanismos que los constituyentes ciudadanos deberán escribir.

La toma de consciencia de lo que está en juego, en esta fase de la lucha por recuperar la dignidad y el poder democrático de decisión sobre cuestiones fundamentales de las que se estaba excluido, se desarrolló rápidamente. Ya estaba la organización, la lucha y la sistematización de las demandas como antecedente.

El avance de NO+AFP es un hecho. La existencia de UKAMAU, una fuerza social. Las luchas estudiantiles: voluntad que se mantuvo en una disposición renovada. La lucha mapuche, un ejemplo histórico de resistencia. Las convergencias de las luchas sindicales y populares en la Mesa de Unidad Social, un progreso.

Pero el tiempo político apremia. Los políticos del régimen lo saben y cuentan con el desgaste. Pues si un “acontecimiento” tiene como característica la de aparecer de improvisto, ocupar la escena y hacerse carne en la multitud (inmensa, hemos visto) que se afecta ella misma con sus pasiones compartidas como la dignidad y la igualdad, también se desvanece si no cristaliza los deseos de cambio estructural, justicia, igualdad y democracia en un proyecto con bordes más o menos definidos. O, su energía es capturada por las instituciones del régimen.

Por eso, el proyecto hay que alimentarlo, defenderlo, y sobre todo no darle tregua al enemigo en la política y la lucha de ideas.

Apuntar primero a dotarse de una Constitución que en sus mecanismos y artículos inscriba ese poder ciudadano para que con el mecanismo del referéndum o plebiscito de iniciativa ciudadana pueda expresarse sobre cuestiones fundamentales; cuando el soberano-pueblo lo requiera, y necesite debatir, parece consecuente con el sentir democrático de la población.

Segundo, la cuestión del régimen de propiedad es fundamental, y merece ser considerado en todo debate. Las cifras ayudan (fundacionsol.cl lo ha destacado). No olvidemos que el derecho burgués, o el derecho dominante es la expresión jurídica de la propiedad privada de la riqueza (que es social), de los medios de producción, y de los capitales en sus distintas formas que el sistema financiero global determina. Es la forma legal, también de legitimación de la desposesión de la masa ciudadana.

La mayoría de los constitucionalistas no se pronuncian sobre la propiedad privada de las riquezas de un país y de los capitales que la clase u oligarquía dominante controla y posee. La dan como un hecho jurídico-natural (J.J. Rousseau) y no como una convención social e ideológica resultado de un “pacto ilegítimo” o espurio y de correlaciones de fuerzas históricas, más tarde consolidadas por las mismas constituciones .

Editorialistas y políticos hablan, por ejemplo, de “nuevo pacto social”, sin cuestionar la base del poder real de la clase dominante: la estructura productiva y el régimen de propiedad.

Por lo mismo, cabe eliminar el Tribunal Constitucional cuya función actual es ser el gran controlador o gendarme de la Constitución y de su “orden propietario” (Piketty). El TC se apoya en el texto de la actual Constitución de Pinochet y en la misma jurisprudencia por él creada para mantener el Orden Neoliberal y naturalizarlo o normalizarlo. Pero esta normalidad se rompió. Así, la vida concreta de las personas y las grandes orientaciones que la sociedad se quiere dar son afectadas por el orden constitucional. Y el antiguo ya no sirve.   

Por ejemplo: la nueva Constitución puede decir que la tarea social, política y económica prioritaria es la igualdad. Esto implica necesariamente una política fiscal consecuente para financiar un sistema de salud universal y de educación pública de calidad. (como el que existe en otros países). O favorecer la actividad sindical y el poder de negociación, pero sin darle instrumentos jurídicos a los empresarios para que abusen.    

Ha quedado en evidencia para una masa crítica de la sociedad que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional ponen trabas a cualquier intento por atenuar el carácter salvaje, explotador y depredador del modelo neoliberal chileno en manos de grandes empresas chilenas y de corporaciones extranjeras.

Que se materialice esta consciencia en una nueva Constitución es lo que aterroriza a las distintas fracciones empresariales de la clase dominante, a sus intelectuales orgánicos (el caso Carlos Peña) y al dispositivo mediático.

Además, una nueva Constitución deberá considerar el problema civilizatorio central (el colapso inminente de las sociedades termo-industriales y su explotación de energías fósiles) y asumir que la supervivencia del Sistema Tierra está en riesgo. Plantearse la cuestión central a saber con qué tipo de sociedad debemos enfrentar este desafío para los seres vivos. ¿Con una sociedad polarizada, con una casta riquísima y una masa desprotegida? Chile despertó de ese letargo que ahí lo mantenía. ¿Con un crecimiento depredador, o con un sistema que renuncia al crecimiento ilimitado y comienza a planificar, a distribuir y compartir? Serán cuestiones a plebiscitar, después de informarse y debatir, en una nueva Constitución que así lo permita.

La clase dominante y sus expertos no tienen respuestas, pero hacen como si …

Los chilenos y chilenas queremos comenzar a reflexionar, debatir y actuar en un marco constitucional con nuevas instituciones democráticas salidas de la experimentación social y del conocimiento racional que permitan orientarse en un Occidente en pérdida de sentido. Sólo así podremos hacer frente a la fractura social, a la crisis de las democracias representativas y elitistas, así como a la del capitalismo neoliberal y del productivismo depredador. 

Por Leopoldo Lavín Mujica