Se busca blanquear escándalos de connotación política

La Fiscalía Pública está en un proceso de blanquear escándalos de connotación política. Está crecientemente impulsando salidas alternativas que conducen a no investigar los vínculos entre la riqueza con actores y estructuras políticas. Llegó incluso a ofrecer una salida alternativa a SQM a la cual se opuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Aceptar la suspensión condicional de la empresa SQM significa entregar la siguiente señal expresó la abogada del CDE, Luppi Aguirre: “la empresa SQM paga coimas a políticos por obtener ventajas. ¿Y cómo solucionan –se pregunta- sus problemas? De la misma manera, pagando”. Por el debilitamiento de las investigaciones y la profusión de  salidas alternativas dando por cerrado los casos, presentaron sus renuncias a la Fiscalía los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, los cuales fueron sistemáticamente separados de las funciones que cumplían. En el texto de su renuncia señalan que “se ha impuesto públicamente la postura de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos”. Por causales similares, los parlamentarios comunistas Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez presentaron a la Corte Suprema la demanda que se remueva al  fiscal Pablo Gómez del Ministerio Público por presentar una salida alternativa a una empresa “corrupta” como es SQM que “corrompió a la política chilena transversalmente”.

SE BUSCA BLANQUEAR ESCÁNDALOS DE CONNOTACIÓN POLÍTICA

A mediados de enero, los fiscales que en el año 2014 pusieron en funcionamiento la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, procedieron a presentar sus renuncias. Ello se produce en la instancia, manifestaron en el texto donde comunicaron su determinación, “donde se descubrió la existencia de graves hechos que revisten carácter de delitos de corrupción y tributarios y que dieron origen, bajo nuestra dirección, a las investigaciones denominadas casos Penta, SQM y Corpesca” (20/01/18). Se trata de procesos emblemáticos en mostrar los vínculos entre grandes empresas, controladas respectivamente por Carlos Délano y Carlos Lavín, Julio Ponce Lerou y el grupo Angelini, con el mundo político.

En su renuncia, Gajardo y Norambuena dejan establecido que a través de “decisiones administrativas de la Fiscalía de Chile nos fueron apartando progresivamente primero del caso Corpesca y luego del caso SQM”. En 2015 cuando fueron separados de la investigación del caso de la minera no metálica, que constituye la mayor demostración masiva transversal de soborno y cohecho a políticos de variadas pertenencias políticas y de una penetración profunda en las estructuras de poder del país, también se habló de sus posibles renuncias, la cual en ese momento se evitó. José Antonio Villalobos, que renunció con anterioridad a la Fiscalía de Alta Complejidad, declaró que dio este paso porque “obviamente sentí que estaba vetado por las investigaciones que habíamos iniciado, y eso se confirma –añadió- con la renuncia de Carlos y Pablo. Comparto su decisión, incluso creo que demoraron y confiaron más de la cuenta en quien tenía a cargo la investigación. Eso fue un error, y siempre tuve la misma convicción” (20/01/18).

“(…) las mayores derrotas –expresan Gajardo y Norambuena en la carta renuncia- las tuvimos al interior de la propia Fiscalía de Chile, ante sus más altas autoridades, quienes no acogieron nuestra tesis”. Al contrario, añadieron, “se ha impuesto pírricamente la postura de no intentar obtener una sanción penal proporcional a la gravedad de los hechos. Se han acordado suspender condicionales del procedimiento en los casos SQM y Penta por hechos de los más graves que ha conocido nuestra institución (…). Erróneamente la Fiscalía ha renunciado a ejecutar los actos procesales para intentar obtener una condena penal que evite la impunidad por hechos que causan un daño a la democracia”.

Antes de presentar su renuncia, Gajardo y Norambuena expresaron su oposición ante su superior jerárquico, el fiscal regional Manuel Guerra, a través de un correo por la “suspensión condicional del procedimiento respecto del senador Moreira y sobre esta materia nuestra opinión sigue siendo la de no suspender. (…) hay que recordar que esta salida alternativa ha sido propuesta por la defensa ya desde la época en que la causa estaba a nuestro cargo, siendo fiscal regional Alberto Ayala, y luego cuando la asumió el fiscal nacional Sabas Chahuán, sin que dicha salida prosperara. La gravedad del caso, además, radica en que mediante este delito tributario se consiguió financiamiento para una campaña con la que consiguió nada menos que acceder al Senado de la República. (…) el juicio oral es el camino que se debe seguir en nuestro concepto y no retroceder”.

La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Alicia Rosende, aceptó la suspensión del procedimiento, como había acordado el fiscal Guerra con el abogado Gabriel Zaliasnik, a cambio de un pago de $35 millones como indemnización al fisco, lo cual se efectuará en doce mensualidades durante un año. Los abogados de impuestos internos, lo que se corresponde con criterios expresados por el organismo, no se opusieron a la salida alternativa.

Igualmente se dirigieron por correo al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, criticando la suspensión condicional para la persona jurídica de la empresa SQM, señalándole: “no resulta proporcional a la gravedad de las conductas materias de investigación que la empresa que fue directamente beneficiada por las acciones de corrupción que le fueron imputadas en la audiencia de formulación de cargos en contra de los imputados Patricio Contesse y Pablo Longueira por delito de cohecho y soborno, respectivamente, resulte sin reproche penal alguno de prosperar la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento que se pretende plantear en una audiencia próxima. (…) es de los casos más graves en materia de corrupción que a la fiscalía le ha correspondido investigar, sino derechamente el más grave desde el inicio de la reforma.” (21/01/18). Desoyendo las demandas, ambos fiscales regionales siguieron adelante.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, se limitó a expresar que la decisión en los casos es de responsabilidad de los fiscales regionales, facilitando así que se materialicen estas regresiones. La salida alternativa de SQM fue acogida por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Ello se produjo con la oposición abierta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), instancia que presentó una querella destinada a impedir que la impunidad penal de SQM se concretase, limitándose a imponer una multa ascendente a $2.550 millones. “(…) aceptar la suspensión condicional de la empresa SQM (…) –argumentó la abogada del CDE, Luppi Aguirre- es señalar, y esta es la señal que está dando la fiscalía: la empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas. ¿Y cómo soluciona sus problemas? De la misma manera, pagando”. Por su parte, la consejera María Inés Horvitz insistió: “Si hay un caso que es paradigmático, donde debió el Ministerio Público haberse jugado por la aplicación de una pena para dar el mensaje que correspondía era este. ¿O simplemente va a instar por suspender el procedimiento respecto a todas las personas jurídicas?”. Finalmente el abogado del CDE, Rodrigo Reyes, llamó la atención de que la suma pactada para la salida es insignificante si se compara con la facturación de SQM (27/01/18).

La acción del CDE procedió a ampliar la querella a dos filiales de SQM: Salar y Nitratos también por los mismos delitos. La ampliación fue fundamentada en que “desde el mes de noviembre del año 2007 y hasta el mes de abril del año 2013, mientras (Pablo) Longueira  ejercía los cargos públicos de senador de la República y luego ministro de Economía, solicitó y recibió de (Patricio) Contesse, gerente general de SQM S.A. y su filial SQM Salar, un conjunto de aportes económicos bajo el rótulo de donaciones y por pagos de boletas ideológicamente falsas, directamente o para el financiamiento de su actividad política y el funcionamiento de la Fundación Chile Justo y Fundación Web, de las cuales era fundador, presidente y director. Estos pagos constituyen el beneficio económico recibido por el funcionario público, que por esta vía, infringiendo los deberes de su cargo, favoreció los intereses tanto de SQM S.A. como de las filiales (…) Nitratos y SQM Salar quienes en definitiva obtienen los contratos de invariabilidad tributaria y, en el caso de esta última, además entrega parte del beneficio económico al funcionario público” (26/01/18). El documento cifró en $770 millones los beneficios totales percibidos por Longueira, ministro de Sebastián Piñera y luego candidato presidencial de derecha.

El fiscal Gómez, entregó como justificación para el cuestionado acuerdo el hecho de que no existe todavía condena por cohecho ni soborno de los acusados de sujetos de delito: Longueira y Contesse. Y, en su opinión, para condenar a una persona jurídica, el delito debe estar acreditado. Es decir, se apoya en la demora del propio Ministerio Público en condenar hechos evidentes.

Los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez dieron a conocer una presentación a la Corte Suprema demandando que se remueva del Ministerio Público al fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, por ofrecer la salida alternativa a SQM, debido a que –declaró Hugo Gutiérrez- “es una empresa corrupta. Corrompió toda la política chilena, de arriba a abajo de forma transversal (…) se le pone una lápida de impunidad para que posteriormente pueda celebrar todos los negocios que estime conveniente, incluyendo el acuerdo que ahora tiene con Corfo. Cuando toda la sociedad chilena se ha visto impactada por el nivel de coimas, sobornos y cohecho en que incurrió SQM con la clase política (…) resulta que la decisión de la fiscalía es de no perseverar en las investigaciones de esos ilícitos»(26/01/18).

La Fiscalía Nacional y fiscales regionales, como el de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, han debilitado abiertamente los procesos investigativos y frenan poner al desnudo los deformantes vínculos entre la riqueza y el poder político, incluso promoviendo una salida alternativa a la condena de la propia empresa SQM. Los casos que siguen pendientes son numerosos, entre las situaciones más relevantes están las que afectan a empresas pertenecientes a Sebastián Piñera, a sus exministros Pablo Longueira y Laurence Golborne, al exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. “Estas renuncias –manifestó el abogado Mauricio Daza, el querellante en las investigaciones por financiamiento ilegal de la política- no solo impactan gravemente al caso Penta (cuya investigación estaba a cargo hasta las renuncias de los fiscales Gajardo y Norambuena), sino que reflejan discrepancias profundas sobre las formas en que el Ministerio Público debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en causas sobre corrupción” (20/01/18).

El fiscal nacional, Jorge Abbott, consultado sobre las renuncias se limitó a señalar que el Ministerio Público “es una institución jerarquizada, donde quien es el titular de la acción penal es el fiscal regional. Y si los fiscales que son adjuntos a él no están de acuerdo con él, también es legítimo que renuncien; en consecuencia lo que corresponde es (…) aceptar estas renuncias” (20/01/18). No efectuando ningún pronunciamiento sobre las razones de fondo que las provocan y se encuentran contenidas en la carta renuncia. Permitiendo, en consecuencia, que las salidas alternativas siguieran adelante.

Por Hugo Fazio

Carta Económica, 11 de febrero de 2018.