Sobre el «divino» derecho de propiedad privada

Uno de los ejes de la discusión que se dará en la Convención Constitucional será sobre la propiedad privada de los bienes naturales y de los grandes medios de producción

Por Wari

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Columnas

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Uno de los ejes de la discusión que se dará en la Convención Constitucional será sobre la propiedad privada de los bienes naturales y de los grandes medios de producción. Los medios instrumentales (vivienda, automóvil, instrumentos de trabajo y de subsistencia) no entran en este ámbito, aunque sin duda la derecha difundirá una «campaña del terror» al respecto.

La Constitución de 1980, en el capítulo II, N° 23, establece «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO EN OTROS PRECEPTOS DE ESTA CONSTITUCIÓN». La «letra chica» es lo que se escribe con la mano y se borra con el codo. Esto es, que los «otros preceptos» son los que efectivamente han proporcionado legalidad e, incluso, «divinidad» a la propiedad privada de los medios de producción y de los bienes comunes tales como el agua, el mar, los puertos, los bosques, los territorios
indígenas, las minas, etc…

En estricto rigor, la propiedad es el dominio que la persona ejerce sobre la naturaleza mediante el trabajo. Es el trabajo lo que produce los bienes y el capital. Cuando estos se encuentran en manos distintas a las del trabajador que los ha producido, se origina la explotación «del hombre por el hombre» y su efecto es el conflicto social o lucha de clases.

Luego, la real solución de los conflictos sociales radica en que el producto del trabajo se mantenga en manos del trabajador y se distribuya de tal manera que en la sociedad exista el bien común, esto es, la igualdad y la participación, cuya confluencia se denomina democracia. Esto significa distribución del poder, lo que debe ser el objetivo de la Constitución.

La Constitución Guzmán-Pinochet fue diseñada sobre la base de la injusticia porque explicita que el producto del trabajo de la mayoría de la población sea apropiado por la minoría que ejerce el poder siendo resguardada por las policías y las FFAA.

Es así como se ha internalizado en las conciencias que la apropiación del producto del trabajo y la privatización de los bienes comunes por parte de grupos económicos nacionales y extranjeros sería un derecho natural. No es así, sino que el ordenamiento jurídico impuesto por la fuerza ha llegado a reconocer que hay individuos y consorcios que pueden disponer, en forma exclusiva y plena, de bienes y riquezas que pertenecen a todos. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo, Padre de la Iglesia, afirmaba que «los conflictos y las guerras estallan porque algunos tratan de apropiarse de lo que pertenece a todos». Y lo ratificaba San Ambrosio al plantear que «es la naturaleza la que ha creado el derecho a la propiedad común; es la violencia la que ha creado el derecho de propiedad privada». Y como si estuviera dirigiéndose a los «súper ricos» de nuestro país, San Basilio afirmaba que «ese dinero que amontonáis es el dinero del pobre. Llamáis ladrón al que quita a otro sus vestiduras, pero el que no las da al que está falto de ellas ¿merece otro nombre?».

En el siglo XVIII se produjo la Revolución Francesa. La burguesía asumió el poder y legisló sobre la propiedad privada otorgando al propietario un derecho absoluto, individual, natural, imprescriptible, sagrado e inviolable. Se argumentó entonces (y también hoy en Chile) que la propiedad privada sería la expresión de la libertad porque permitiría bastarse a sí mismo y enfrentar a otros individuos y al Estado, siendo también un medio para alcanzar el poder político. Este argumento ha derivado en la «iniciativa privada» y en la libertad del mercado que, a la vez, han desembocado en la concentración de los bienes y, como contrapartida, en la miseria de las mayorías. El concepto de propiedad privada emanado de la Revolución Francesa fue modificándose en el siglo XX tras las dos guerras mundiales: por la situación trágica del período, los medios de producción fueron sometidos a control del Estado. Así se dio fin al derecho de propiedad privada absoluto, exclusivo, sagrado e inviolable, para encaminar a la propiedad privada hacia las exigencias de la sociedad, tales como la seguridad, la salud, la educación, la regulación, la producción y distribución de artículos de primera necesidad. Tanto la influencia de la ética cristiana y del marxismo han incidido en la función social de la propiedad, lo que ha dado término a la noción de propiedad privada como derecho natural, sino que debe estar al servicio del bien común, haciéndose concordar los intereses de la persona con los de la sociedad. Así se favorece el bien común, porque la sociedad está conformada por las personas. Por tanto, es irracional impedir que sectores de la sociedad no tengan acceso a lo que les pertenece.

También se ha desarrollado el derecho internacional. Tras los procesos de descolonización, la comunidad internacional ha pasado a ser integrada por las antiguas colonias con sus diferencias culturales, religiosas, políticas, sociales, económicas y jurídicas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) (1948) ha permitido cierto consenso en la aplicación de los principios jurídicos en las relaciones entre los Estados, sumándose los distintos desarrollos económicos entre países ricos y países pobres. Es así como, al menos conceptualmente, se ha superado el sistema individualista de propiedad privada absoluto e inviolable, para dar paso al concepto de soberanía económica que, incluso, se ha extendido a los intereses privados de extranjeros en cada país con el fin de hacer primar el bien común de la respectiva nación. Se debe tender hacia un ordenamiento jurídico, político y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Esta evolución del pensamiento sobre la propiedad privada no ha sido aún estudiada ni menos asumida por el poder económico y la élite política que concentran el poder en Chile. Ellos continúan sosteniendo una mentalidad esclavista, sin reconocer su distancia incluso de los países capitalistas que han reconocido que el neoliberalismo a ultranza no tiene viabilidad. No saben que el concepto de derecho DE propiedad privada ha dado paso al concepto de derecho A la propiedad. Esto significa que toda persona tiene derecho A la vivienda, Al trabajo y Al salario decentes, etc… La propiedad ha dejado de ser garantía de los ricos, tanto en el plano personal como en el internacional. Se trata de distribuir el poder y es lo que debe garantizar una Constitución democrática. Los «estallidos sociales» en diversos países del mundo así lo demuestran. Ya decía Platón que «la ignorancia es el peor de los males». Los «dueños de Chile» pretenderán manejar la Convención Constitucional para seguir concentrando el poder siendo resguardos por policías y FFAA que actúan como sus «guardias pretorianas». No se han dado cuenta de que la mayoría de los constituyentes, sin dinero y sin apariciones en televisión, son independientes de los partidos políticos tradicionales serviles a sus intereses y buscarán desenmascarar las falacias del sistema impuesto por la fuerza, así como el mito de la divinidad de la propiedad privada.

El 26 de mayo, Richard von Appen, del grupo Ultramar, asumió como presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Refiriéndose al proceso constitucional ha afirmado que los pilares relevantes de una nueva Constitución deben ser «la libertad de emprendimiento, la importancia de que haya competencia y de que sea pareja, la importancia de la PROPIEDAD PRIVADA, porque eso es parte de las certezas de poder emprender». Agregando que «no hemos tenido la capacidad de poder tener un diálogo fluido con la ciudadanía», pero «juntos vamos a poder construir un país mejor». Y aunque los grandes empresarios no son parte de la Convención Constitucional, afirma que «es consciente de que hay personas ahí que tienen una cercanía con el empresariado. Sí va a haber gente disponible para conversar». (Léase la «letra chica»). (1)

Es indispensable que los constituyentes tengan claridad en que sin los trabajadores no hay capital y que no es éticamente válido que el producto del trabajo se concentre en manos de los que no trabajan. Se debe superar «esa idea de las políticas sociales concebidas como políticas hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres. Aunque molesten, aunque algunos «pensadores» no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va descarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino». (2)

Por Hervi Lara

Santiago de Chile, 7 de junio de 2021.

NOTAS:

(1) El grupo ULTRAMAR, presidido por Richard von Appen, es propietario de puertos y minas de carbón, entre otros. Pretende seguir explotando y contaminando la isla Riesco, que es santuario de la naturaleza. En EL MERCURIO del 3-11-19, B5, tras el levantamiento popular del 18 de octubre, von Appen reconoció que «los empresarios hemos tenido falta de humildad. (…) Dejamos de escuchar, especialmente, a nuestra gente dentro de las empresas» porque «pasó algo donde la codicia tiene algo que ver». Un año antes, los estibadores de los puertos de propiedad de von Appen hicieron una huelga para que se les concediera media hora para almorzar.

(2) Francisco, encíclica FRATELLI TUTTI (N° 169).

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