Cuando el fiscalizado mete mano al fiscalizador: reforma de Kast al INDH abre debate por autonomía, presupuesto y mandato

El anteproyecto del Gobierno de José Antonio Kast para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha abierto un intenso debate sobre la autonomía del organismo, su financiamiento y el alcance de mandato, en medio de temores por un posible desmantelamiento encubierto por parte del fiscalizado al ente fiscalizador.

Aunque la iniciativa aún no tiene fecha de ingreso al Congreso, el anuncio de La Moneda ha reimpulsado una discusión que vuelve a colocar en el centro de la opinión pública el rol que cumple el INDH en la democracia chilena. La controversia, sin embargo, no es nueva: durante los últimos años, el organismo ha estado en el ojo del huracán político, enfrentando críticas desde distintos sectores respecto de su desempeño y atribuciones. Quienes actualmente forman parte de la institución, no obstante, afirman que el correcto debate puede convertirse en una oportunidad para fortalecer su papel.

Autonomía del INDH y presiones presupuestarias

El primer punto de discusión gira en torno a la autonomía del instituto. El cientista político y consejero del INDH, Cristián Pertuzé, planteó que toda reforma debe partir por resguardar este principio fundamental.

«Uno de los requisitos fundamentales que tiene que tener el órgano es la autonomía para su gestión, dado que además es un ente fiscalizador de la gestión del propio Estado», expresó a Diario U. de Chile.

Además, señaló que se deben fortalecer sus funciones u «profundizar en toda la orgánica, la gobernanza, el funcionamiento del instituto«, lo que se relaciona, a su vez, con la materia presupuestaria.

Esta postura fue respaldada por la abogada y también consejera, Constanza Valdés, quien advirtió que la permanente negociación y discusión por los recursos que enfrenta la institución puede afectar directamente su independencia frente a los organismos que debe supervisar.

«Esa discusión, de alguna manera, merma la autonomía del instituto en relación con las decisiones que se toman y los pronunciamientos que tiene hacia los distintos órganos del Estado», declaró al medio citado.

Ambos consejeros coincidieron en la necesidad de revisar aspectos relacionados con la gobernanza y la estructura interna del organismo. Pertuzé planteó que hay espacio para profundizar su presencia regional, la transparencia, los mecanismos de participación ciudadana y los procesos de selección de autoridades. Entre las recomendaciones que debieran recogerse, Valdés mencionó cambios en la composición del Consejo, la creación de una subdirección administrativa y el fortalecimiento de las facultades judiciales.

«Los principales ejes de una reforma de fortalecimiento, si se quisiera hacer de manera seria, tienen que ver con el mandato, la autonomía presupuestaria y justamente con su función«, ejemplificó.

Competencias del INDH: «No es un Ministerio Público»

Uno de los puntos que generan mayor confusión y críticas es la delimitación de las funciones del INDH. Valdés fue categórica y aclaró que «el instituto no es un Ministerio Público», ya que no le corresponde dirigir ningún tipo de investigación. y «su labor tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, ya sea por acción u omisión del Estado».

Indicó que el instituto no puede entrometerse en delitos entre particulares donde no exista omisión imputable al Estado, pero sí debe actuar cuando el monopolio de la fuerza se usa de manera desproporcionada.

La eventual reforma también aparece como una oportunidad para abordar el desafío de la legitimidad. Pertuzé señaló que «el instituto debería ser una institución parecida a la Contraloría o al Consejo para la Transparencia, órganos autónomos que cumplen funciones importantes».

Prejuicios ideológicos e intolerancia

Valdés compartió ese diagnóstico, aunque advirtió que el debate podría verse afectado por prejuicios ideológicos. “Discusiones en torno a que es un nido lleno de comunistas, que está cooptado por una visión, me parece que solamente van a entorpecer el debate sobre la institución”, expresó.

Por su parte, parlamentarios de oposición como la senadora Fabiola Campillai (Ind) han advertido «esta idea de reformularlo no es más que el síntoma de la intolerancia y la poca concepción que ha tenido la derecha chilena en su relación con los derechos humanos».

Desmantelamiento encubierto

La senadora Loreto Carvajal (PPD), en tanto, llamó a no confundir una modernización seria con un intento de desmantelamiento por parte de la administración de Kast.

“Una cosa es impulsar una modernización seria y otra, súper distinta, es aprovechar esta discusión para introducir por la puerta trasera una reforma que termine desmantelando la institución, porque es evidente que hay una animadversión de algunos sectores del gobierno hacia ellos, así que esperamos que haya la disposición para hacer los cambios sustantivos con el apoyo del Ejecutivo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos”, declaró según recoge Diario U. de Chile,