A través del informe titulado “De la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su 78º período de sesiones”, un conjunto de organizaciones denunciaron el retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos, sociales y ambientales en Chile, así como una profundización del modelo extractivista bajo la justificación de la transición energética.
En las 15 páginas y anexos del documento, las cinco de las agrupaciones que integran el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecocéanos y la Plataforma Chile Mejor sin TLC, alertaron sobre una política estatal que promueve la impunidad, criminaliza la protesta social y debilita la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contextos territoriales e indígenas.
«Los ciudadanos de Chile viven una profunda regresión de sus derechos en materia de derechos humanos, medio ambiente y acceso al agua. La respuesta del Estado a las demandas sociales ha sido consagrar la impunidad frente a los crímenes de agentes del Estado cometidos durante la revuelta popular de 2019, y promulgar un conjunto de leyes que reprimen a los luchadores sociales, abriendo paso a nuevas injusticias en el ejercicio de los derechos», indicaron en el texto que fue enviado a la ONU el pasado mes de agosto.
Advirtieron que la expansión del extractivismo «se ha disfrazado como transición energética mediante megaproyectos de corporaciones transnacionales» y que este tipo de proyectos «ponen en riesgo el patrimonio ambiental de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y otros habitantes de las zonas donde se emplazan».
Las organizaciones alertaron que el Estado de Chile «no fiscaliza a las grandes empresas y, además, entrega subsidios a empresas depredadoras transnacionales que vulneran los derechos humanos y ponen en riesgo los ecosistemas».
«Desaparición forzada de Julia Chuñil rememora prácticas de la dictadura»
En el informe, los integrantes del Espacio Día a Día por Julia Chuñil , recordaron que son parte de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, que aúnan sus luchas en la exigencia de verdad y justicia ante la desaparición forzada de la lideresa mapuche presidenta de la comunidad Putreguel, que ocurrió el 8 de noviembre de 2024 en el predio forestal Reserva Cora 1-A, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.
Desde entonces, ha sido activada una intensa búsqueda de la adulta mayor, que hasta el momento no ha podido dar respuestas concretas.
Señalaron que Julia Chuñil Catricura «cristaliza un sin número de amenazas, abusos y atentados que sufren comunidades y defensores al resistir la destrucción que los proyectos extractivos dejan en sus territorios».
En el documento expusieron que al ser una mujer mapuche de 72 años, madre de 5 hijos y dirigente de una Comunidad Mapuche en la Región de los Ríos, Chuñil «cumplía 3 criterios de especial protección: mujer, adulta mayor y perteneciente a un pueblo originario», y recordaron que «en su rol de lideresa y defensora de la naturaleza, los bosques, la semilla, su territorio y el agua, fue reiteradamente amenazada por un empresario forestal», y que a la fecha de su desaparición, «no entraba en vigor el Protocolo para Defensores del Acuerdo de Escazú».
«Su desaparición forzada, que rememora prácticas de tiempos de dictadura, ha permitido hacer visible otras graves violaciones al derecho a la vida y a la Integridad física de las y los defensores territoriales en lucha contra empresas extractivistas de alto impacto en la naturaleza», advirtieron.
Desde el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, destacaron que a 9 meses de su desaparición, «la Comisión Interamericana de DDHH —a petición de las organizaciones CODEPU, Comisión Ética contra la Tortura y ONG Escazú Ahora— otorgó medidas cautelares que exigen al Estado chileno redoblar las medidas en búsqueda de la activista mapuche, así como identificar a los responsables y respetar a la familia de la desaparecida».
Sin embargo, acusaron que estas medidas no se ha cumplido a cabalidad y que incluso la investigación del caso ha podido resultar afectada por intentos de montajes.
Condenaron que la hija de la lideresa mapuche » J.T. ha sido objeto de malos tratos policiales para que se inculpe de la muerte de su madre y de intentos de montajes» y señalaron «un recurso de amparo en su favor fue denegado por la justicia, que confirmó a la fiscal a cargo (Tatiana Esquivel), pese a que su gestión apunta a responsabilizar a la familia de la desaparición».
«En el Anexo a este informe incluimos una tabla que detalla otros 23 casos de defensores ambientales que incluyen muertes y “suicidios” dudosos sin investigar, desapariciones, y amenazas de muerte entre 2005 y 2025», recalcaron.
El pasado 7 de agosto, cinco de las organizaciones que integran el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, presentaron ante la prensa y la opinión pública el contenido del informe en una actividad realizada en el frontis del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Está previsto que este viernes 12 de septiembre, Lucía Sepúlveda, a nombre del colectivo, presentar el informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, instanci en la cual otras coaliciones también presentarán sus reportes.
Posteriormente el lunes 15 de septiembre, será el tiempo de las organizaciones a responder preguntas formuladas por el Comité.
«A través de esta acción de incidencia, las organizaciones exigen al Estado chileno cumplir con los estándares internacionales de debida diligencia en derechos humanos y ambientales, implementando medidas urgentes de reparación, no repetición y protección efectiva a las comunidades y territorios afectados», señalaron.
Organizaciones advierten que Estrategia Nacional del Litio perpetúa el extractivismo
En sus 15 páginas, el documento también cuestiona la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, bajo el argumento de una “transición energética”.
Según las organizaciones, esta estrategia perpetúa el extractivismo y amenaza con convertir los salares y ecosistemas del norte en nuevas zonas de sacrificio.
En el texto se denuncia que más del 70% de los salares ha sido declarado “explotable”, sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, ni una evaluación ambiental con participación real.
Asimismo, el incluye la denuncia de las agrupaciones ante los efectos de leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales. Así como su preocupación por alarmante situación de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví y Calama; la privatización del agua en manos de industrias; y el avance de proyectos mineros y energéticos que violan el consentimiento indígena y ponen en riesgo ecosistemas frágiles como los salares altoandinos.
En el texto también se advierte sobre las graves consecuencias sociales, laborales y ambientales de la industria de la salmonicultura en el sur del país.
El informe denuncia la muerte de al menos 81 trabajadores -principalmente buzos- entre 2013 y 2025, además del uso masivo de antibióticos y la contaminación crítica de ecosistemas marinos.
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