Loas académicos que integran el Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile manifestaron su rechazo y cuestionamientos a la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast, y advirtieron que «desarma directamente la defensa de las víctimas».
La propuesta de La Moneda modifica la Ley 20.405 que rige al INDH desde su creación en 2009, introduciendo cambios estructurales «en la gobernanza, el mandato y las atribuciones» de la entidad.
Según se lee en el mensaje presidencial enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados, la «concentración masiva de la acción del Instituto en el ámbito de la presentación de acciones judiciales» ha ido «en desmedro de su rol consultivo».
En este marco, el proyecto impulsado por la administración del mandatario de ultraderecha termina con la facultad del INDH para presentar querellas criminales, sustituyéndola por una «denuncia institucional» que consiste en «poner en conocimiento» de los organismos competentes los hechos que pudieren ser constitutivos de delito.
Ante este escenario, los académicos de la U. de Chile advirtieron que reforma limitaría las herramientas con las que cuenta el organismo para intervenir aquellos procesos penales vinculados con violaciones a los derechos humanos.
“La reforma incide además en una función trascendental en el mandato del INDH: elimina la posibilidad de interponer querellas, lo que desarma directamente la defensa de las víctimas”, plantearon en una declaración publica.
Asimismo, hicieron hincapié entre la diferencia existente entre presentar una denuncia e interponer una querella, ya que esta última brinda la posibilidad de participar como parte en un proceso penal y llevar a cabo diligencias que apunten al esclarecimiento de los hechos y responsabilidades.
“La distinción entre denuncias y querellas es gravísima”, señalaron, y explicaron que, sin esta facultad, resultaría más difícil perseguir penalmente las violaciones a los derechos humanos. En cambio, aclararon que la denuncia solo informa los hechos al Ministerio Público.
Por esta razón, alertaron que suprimir las querellas podría favorecer la impunidad y debilitar la protección de las víctimas de vulneraciones a sus derechos fundamentales.
También advirtieron que la restricción al INDH para interponer querellas tendría un impacto en causas relacionadas con torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y otros delitos que afecten a personas víctimas de acciones del aparato estatal.
Dentro de la reforma impulsada por Kast se propone es la reducción del Consejo del INDH, que pasaría de 11 a 5 integrantes, con un periodo de 4 años y una reelección -hoy pueden ejercer hasta 12 años continuos-, y se crea un «director ejecutivo», seleccionado por Alta Dirección Pública y designado por el Consejo.
De acuerdo al texto, esta nueva autoridad tendrá a su cargo la dirección administrativa y operativa del INDH, lo representará legalmente y durará 5 años en sus funciones, pudiendo renovarse por una sola vez.
Las y los académicos señalaron que este cambio «atenta contra su autonomía e independencia”.
«El INDH no depende de la coyuntura política del gobierno de turno«
Manifestaron su rechazo a que los integrantes del Consejo sean designados casi íntegramente por la Presidencia de la República y el Congreso, eliminando la participación de organizaciones de la sociedad civil, lo que a su juicio, ocasionaría que el organismo quedara bajo la influencia las mayorías políticas del Parlamento.
Plantearon , que la actual composición del Consejo fomenta el pluralismo mediante la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, representantes de la academia, pueblos originarios y distintas sensibilidades políticas, consignó Diario U. de Chile.
“Ningún estándar internacional ampara que un gobierno determine por ley quién dirige la institución que debe controlar al propio Estado de manera independiente, para reemplazarla por personas de su confianza”, señalaron en la declración.
Para las y los integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria, la protección de los derechos humanos no debe quedar en medio ni estar sujeta a las disputas entre sectores políticos y de los cambios de administración y destacaron que la independencia del instituto le ha permitido documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos a lo largo de los diferentes periodos políticos y ene escenarios de alta polarización.
“Precisamente el valor del INDH es que no depende de la coyuntura política del gobierno de turno; algo que hoy se pretende cambiar a través del proyecto de ley de reforma que ha ingresado el Ejecutivo”, advirtieron.
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