Los días 15 y 16 de septiembre, el Estado de Chile presentó un examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, organizaciones sociales “nota roja” al desempeño de la delegación oficial, acusada de eludir sistemáticamente el fondo de las consultas y argumentar con medias verdades.
El comité estuvo presidido Preeti Saran de India e integrado por 18 expertos internacionales y el proceso de evaluación contó con la activa participación de la Comisión Ética contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecoceanos y Chile Mejor sin TLC, que se encuentran agrupados dentro el Espacio Día a Día por Julia Chuñil.
Estas organizaciones que formaron parte, tanto de la fase preliminar que incluyó la entrega de informes sombra de la sociedad civil, como en la previa del examen oficial, en dos reuniones virtuales con el Comité, calificaron como reprobable la intervención de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien acudió blindada por representantes de los tres poderes del Estado.
«Estas organizaciones hemos reprobado ese desempeño, calificándolo con nota roja», indicaron en un comunicado de prensa.
Elusión sobre desapariciones forzadas
Señalaron que el tono del examen quedó marcado desde el inicio con la interrogante de la relatora del Comité para Chile, Karla Vanessa Lemus de El Salvador, quien preguntó específicamente por las desapariciones forzosas actuales de defensores indígenas y ambientales.
«La ministra sólo se refirió a la tarea del Plan Nacional de Búsqueda (de detenidos desaparecidos en dictadura) ignorando por completo los casos ocurridos en democracia», denunciaron las organizaciones.
Al respecto, recordaron que el informe independiente del Espacio Día a Día por Julia Chuñil, en manos del comité desde agosto, comienza con el caso de la desaparición forzosa de la dirigenta mapuche de la comunidad Putreguel, Julia Chuñil, que se produjo el 8 de noviembre de 2024, y detalla la regresión existente en materia de derechos humanos.
Para sostener sus dichos en diversas materias, la ministra Toro recurrió al presidente del Senado, Manuel Ossandón (RN), a las subsecretarias de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y de Salud, Andrea Albagli, al ministro de la Corte Suprema Leopoldo Llanos y a su asesor Alex Soto, entre otros.
La estrategia consistió, según las agrupaciones en una «extensa enumeración de leyes y políticas públicas» y en promesas de entregar datos complementarios posteriormente.
Vicios de la consulta indígena y el extractivismo
Uno de los ejes críticos fue la Consulta Indígena. Los miembros del Comité recogieron denuncias sobre los vicios de forma y fondo de proceso presentadas por el Espacio Día a Día por Julia Chuñil y organizaciones de pueblos originarios, en las que señalaron que los resultados no son vinculantes y alertaron sobre las permanentes vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
«Dado el hecho que, debido a la actual legislación chilena, no se requiere el consentimiento de las comunidades locales para la aprobación de los proyectos extractivistas, la ministra Toro sostuvo que ahora se encuentra en manos de la Contraloría General de la República el dirimir respecto del carácter vinculante o no de las consultas», indicaron en el comunicado de prensa.
Frente a la pregunta de la relatora Lemus sobre qué reparación habría por la aprobación del proyecto Rucalhue sin cumplir compromisos internacionales con el pueblo pewenche del Alto BioBío, la ministra Toro no respondió.
Asimismo, eludió las preguntas del experto Santiago Fiorio de Paraguay sobre si hubo consulta indígena en el caso del proyecto de la empresa noruega Statkraft en la región de Los Lagos, «así como en otros de significación espiritual para el pueblo mapuche»; o sobre «si existieron personas detenidas en ese proceso y cuál era el paradero actual de ellas».
Las agrupaciones destacaron que Toro optó por derivar la respuesta al asesor de la Corte Suprema, Alex Soto, quien solo hizo mención a un fallo de 2022 que establece que la consulta debe hacerse incluso si la afectación es potencial.
En el caso de la explotación de litio en Atacama, la ministra se habría limitado a mencionar la «Red de Salares Protegidos» y afirmar que las consultas indígenas otorgaron su consentimiento a los contratos CEOSL (entre Codelco y ENAMI) y al de Soquimich con CORFO, dependiente del Ministerio de Economía.
«El asesor de la Corte Suprema, Alex Soto, respaldó la afirmación de la ministra sobre el proclamado respeto del Estado de Chile al derecho humano de acceso al agua. Soto ilustró el cumplimiento de este derecho con la entrega que realizan las municipalidades a las comunidades que reciben una ración de agua en camiones aljibes, comentando el fallo de los tribunales que le otorgó a los habitantes de la localidad de Nogales, región de Valparaíso, el derecho a recibir 200 litros de agua por persona», precisaron desde el Espacio Día a Día por Julia Chuñil.
Asimismo, destacaron que en su informe que fue acogido el Comité de la ONU, denunciaron una serie de problemáticas, entre las que figuran: «la situación de grupos vulnerables como las mujeres rurales de la agricultura familiar campesina y la escasez hídrica; los niños y niñas y las comunidades de pueblos indígenas frente a la actual transición energética y el extractivismo; la crisis hídrica, y la contaminación por sustancias tóxicas en “zonas de sacrificio”, tales como Quintero y Calama».
Transición energética, agua y zonas de sacrificio
Frente a las preguntas que fueron formuladas por la experta Charafat el Yedri Afailal, de Marruecos, y la
relatora Karla Lemus de Vásquez, así como por los expertos Santiago Fiorio, de Paraguay, y
Michael Windfuhr, de Alemania, señalaron que la secretaria de Estado volvió a escudarse en fallos judiciales aislados y en las normas del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), presentadas como «garantía de protección».
Sin embargo, según las organizaciones habría pasado por alto que gobierno impulsa en el Parlamento una modificación a esas normas, que el empresariado llama «proyecto de permisología» y la ciudadanía denomina «motosierra ambiental», por facilitar la aprobación de megaproyectos de inversión,»
entregando más garantías a los inversionistas nacionales y transnacionales, en desmedro de las comunidades, sus territorios y bienes comunes».
Señalaron que al ser consultada sobre la reforma al Código de Aguas, Toro sostuvo que ésta dejaba claro que el agua es un bien de uso público, pero omitió que mantiene su condición de mercancía y que los avances solo aplican a nuevos derechos. Como solución a la crisis hídrica, afirmó que eran las plantas desaladoras, sin abordar su falta de regulación y su grave impacto ambiental.
Sobre el impacto de la minería, indicaron que la ministra repitió que el Estado monitoreará las metas de la Política Nacional Minera, que incluye la participación de las empresas en la gestión de cuencas y glaciares. Respecto al cuestionado proyecto Alto Maipo, aseguró que estaba «en pleno funcionamiento», a pesar de que el proyecto está paralizado tras el quinto derrumbe de un túnel a fines de 2024, con una posible reanudación recién en diciembre de este año.
«Interrogada sobre la implementación de conceptos como el de “debida diligencia” y los principios rectores en Derechos Humanos para empresas, Javiera Toro debió reconocer que no existe aún un proyecto de ley respecto de ello, repitiendo de forma insistente que impulsan instancias interministeriales de formación de funcionarios para promover obligaciones como las derivadas de la aprobación del Convenio de Escazú, entre otros», acotaron.
Estado de excepción y deuda internacional
En el comunicado de prensa, destacaron que al ser cuestionada sobre cómo se aseguran los derechos del pueblo mapuche bajo el prolongado estado de excepción, la ministra Toro justificó la medida apelando a una «supuesta criminalidad mapuche». Aseguró que se respetan los derechos humanos y citó el «Acuerdo de Paz» en consulta y el programa «de Buen Vivir», omitiendo el masivo rechazo de las comunidades, que lo consideran un «retroceso del reconocimiento de la deuda histórica del Estado de Chile por la usurpación de tierras».
También indicaron que el Estado chileno reconoció ante el Comité que no tiene previsto ratificar el protocolo facultativo de la ONU sobre DESC, arguyendo que sí lo ha hecho con el protocolo de San Salvador en el marco de su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como miembro de la OEA.
Sin embargo, criticaron que la ministra haya omitido un dato crucial: «la misma CIDH debió otorgar medidas cautelares urgentes por la desaparición forzada de la defensora de la naturaleza Julia Chuñil, exigiendo la aceleración de su búsqueda, así como el debido respeto e información a la familia de la dirigenta mapuche».
Las organizaciones firmantes del Informe independiente al Comité DESC concluyeron que continuarán trabajando por «Verdad y Justicia para Julia Chuñil», llevando estas denuncias a todas las instancias internacionales y nacionales posibles, «en medio de la grave regresión de derechos que los pueblos de Chile están experimentando».
El contraste entre las evasivas oficiales y la cruda realidad documentada en el informe de estas agrupaciones sociales deja a Chile con una nota roja en la arena internacional de los derechos humanos.
Para acceder al informe independiente de estas agrupaciones, disponible en español y en inglés puedes visitar el siguiente enlace
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2F
CESCR%2FCSS%2FCHL%2F63894&Lang=en
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