Human Rights Watch advierte que propuesta constitucional incluye clausulas que podrían tener «consecuencias profundas en la igualdad y no discriminación de las mujeres»

La directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, Macarena Sáez, explicó que la objeción de conciencia, tal como está redactada en el texto del Consejo Constitucional, puede afectar especialmente a mujeres de lugares rurales y de bajos ingresos, que solamente tienen acceso a servicios públicos.

La directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, Macarena Sáez, advirtió que la propuesta de la nueva Carta Magna, emanada por el Consejo Constitucional, “tiene al menos dos cláusulas problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos, particularmente en temas relacionados con las mujeres”.

A dos semanas de que la ciudadanía decida con su voto si respalda no el texto en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, Sáez señaló que el principal escollo es la objeción de conciencia

“La propuesta de nueva Constitución no establece la objeción de conciencia como un excepción a la ley, sino que la forma en que usa es como si fuera parte de un derecho constitucional, en vez de ser una manifestación de la libertad religiosa que se regula de manera muy concreta y excepcional, porque es una autorización para dejar de cumplir la ley”, indicó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

La abogada explicó que la objeción de conciencia, tal como está redactada en el texto del Consejo Constitucional, puede afectar especialmente a mujeres de lugares rurales y de bajos ingresos, que solamente tienen acceso a servicios públicos.

“¿Y esto por qué? Porque la objeción de conciencia a ese nivel no solamente podría llevar a que personal de salud se negara a cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, sino que a cosas mucho más allá. Podríamos llegar a una situación donde las farmacéuticas se nieguen a entregar pastillas anticonceptivas, donde personal de salud se niegue a instalar dispositivos intrauterinos, a realizar vasectomías o a que las niñas embarazadas podrían ser expulsadas de los colegios”, señaló.

Foto: Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch.

“Son cosas que Chile ya ha superado desde el punto de vista de la igualdad y la discriminación pero que podrían volver a instalarse a través de esta disposición constitucional que es, además, una anomalía alrededor del mundo”, añadió.

Sáez calificó como un “cambio preocupante” el paso desde el “proteger la vida del que está por nacer”, al “quién está por nacer” y señaló que hoy día existen mecanismos para proteger la vida prenatal, que al mismo tiempo “no ponen en duda ni en riesgo los derechos de las mujeres”.

“Ese cambio formalmente sutil es realmente un cambio profundo. Podría tener unas consecuencias profundas en la manera en que nosotros miramos la igualdad y no discriminación de las mujeres. El derecho a la autonomía de una manera armoniosa con la vida prenatal y no con la vida prenatal teniendo primacía sobre los derechos de las mujeres, como ocurría en Chile antes del cambio en 2017”, advirtió al citado medio.

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