Óscar Pérez, estudiante aplastado por dos carros lanzagases de Carabineros: «Queremos que se reconozca que existen presos políticos, asesinados y vulneraciones sistemáticas de DD.HH»

El jueves por la mañana, la sede del recinto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ubicada en la comuna de Providencia, fue  tomada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) para exigir la libertad inmediata de los presos políticos.

En la manifestación pacífica también participaron víctimas de trauma ocular, como también con familiares de los ciudadanos y ciudadanas privados de libertad durante el estallido social.

Mediante un comunicado, la ACES planteó la exigencia de que el “INDH reconozca las violaciones de derechos humanos y la prisión política que existe en este país” y “la libertad inmediata y sin condiciones de todos los presxs políticos, y justicia y reparación para todas las víctimas del Estado”.

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Asimismo, los manifestantes exigieron la renuncia del director del INDH, Sergio Micco, porque consideran que con su silencio está siendo cómplice de la violación a los derechos humanos en el país.

En la protesta participó Óscar Pérez, el estudiante aplastado intencionalmente por dos carros lanza gases durante la revuelta en diciembre de 2019.

«Me atropellaron los pacos en diciembre de 2019, me aplastaron  y quedé con muchas fracturas. Estoy aquí no solo por mí, sino, para exigir justicia por todas las demás víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y asesinados», expresó.

Asimismo, condenó que Sergio Micco cambiara en el criterio con el que se llevan las cifras de las víctimas de trauma ocular y omitiera datos e información sobre la violación de los derechos humanos.

«Estamos acá para exigir verdad justicia y reparación ya que el INDH , principalmente Micco no se ha presentado y no ha exigido las cosas como son , habiendo quizá un bloqueo u omisión de todas las  cosas que están pasando», explicó Pérez.

«No queremos más pactos con el gobierno, que nos ha hecho estas vulneraciones a nuestros  derechos humanos, que nos ha asesinado. Queremos que se reconozca que existen presos políticos, que existen asesinados y las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, por eso estamos acá exigiendo la verdad para seguir  visibilizando los casos y que no se queden como algo que ya pasó, y que haya una nueva Constitución y un nuevo país con presos políticos adentro y sin  justicia sin verdad ni reparación, porque así es que las cosas vuelven a pasar a futuro y queremos impedir que se vuelva a repetir», subrayó.  

Aplastado por dos carros lanzagases

Óscar Pérez fue aplastado por dos carros lanzagases la tarde del 20 de diciembre de 2019, el primer día de la estrategia de “copamiento preventivo” implementada por Carabineros y el Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, Felipe Guevara. La imagen incluso fue transmitida en vivo por un canal de televisión y le costó a la autoridad una acusación constitucional, de la que finalmente se libró.

De acuerdo con la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) incontra funcionarios de Carabineros, por su responsabilidad en delitos perpetrados en el marco del estallido social, el 20 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, un carabinero conducía un vehículo policial en las cercanías de la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna con Alameda, mismo punto en que el joven Óscar Pérez se encontraba atravesando de manera longitudinal cuando la mencionada patrulla inició un movimiento de retroceso, con el aparente propósito de retirarse del lugar.

Sin embargo, el funcionario habría realizado un rápido cambio de marcha hacia adelante y hacia la izquierda, embistiendo a la víctima hasta aplastarla contra otro carro policial que se desplazaba en sentido contrario, tras lo cual emprendió la fuga, dejándola abandonada sin prestarle ayuda. Como resultado de estos apremios, y de acuerdo con los datos de la atención de urgencia e informes contenidos en la investigación, la víctima sufrió lesiones graves y múltiples fracturas de la pelvis.

En consecuencia, en la querella del CDE se imputa que el efectivo policial, quien se encontraba en el ejercicio de sus funciones, habría actuado con dolo, abusando de su cargo e irrogando tratos crueles e inhumanos a la víctima al embestirla con el carro que conducía.