Salar de Maricunga:

El complejo camino para la concreción del Proyecto Salar Blanco

El Proyecto Salar Blanco, en plan de compra por Codelco a Lithium Power, incluye un proceso en curso en el Segundo Tribunal Ambiental. El anuncio de la cuprífera coincidió con el inicio de los alegatos, en los que ha salido a relucir la exclusión de las comunidades indígenas collas que habitan la zona, además de la contradictoria aprobación por parte de la institucionalidad ambiental de dos proyectos de explotación de litio en el Salar de Maricunga con modelos hidrogeológicos con conclusiones opuestas respecto del impacto en el acuífero.

La expectación que produjo el anuncio de Codelco de comprar el Proyecto Salar Blanco a la australiana Lithium Power International, por la suma de 244 millones de dólares, ha dado paso a la incertidumbre tras conocerse los alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental, ante el cual han acudido comunidades indígenas collas que piden anular la Resolución de Impacto Ambiental (RCA) que dio luz verde a la iniciativa de extracción de litio del Salar de Maricunga.

El alegato producido el 26 de octubre pasado fue pocos días después del anuncio de Codelco de entrar en la explotación del salar, en donde la estatal ya tiene pertenencias mineras, estimadas en 2.500 hectáreas. En tanto, las contempladas en el Proyecto Salar Blanco suman otras 2.541 ha.

Codelco ya realizó prospecciones mineras, entre febrero de 2022 y junio de 2023, y construyó un camino que atraviesa por la parte nororiental del acuífero.

El Salar de Maricunga es la segunda mayor concentración de litio después del Salar de Atacama. Localizado al interior de Copiapó y próximo a la frontera con Argentina, , entre las cordilleras de Claudio Gay y Domeyko, está localizado a 3.760 m.s.n.m. con una extensión de 14 mil hectáreas, conectándose en la parte sur con la Laguna Santa Rosa, sitio de conservación Ramsar y dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

El Proyecto Salar Blanco quiere aprovechar la fiebre del litio producida por la demanda del mineral para su uso en baterías y, con ello, poder reemplazar a los combustibles fósiles, para lo cual pretenden extraer del salar carbonato de litio y cloruro de potasio para su comercialización. Contempla así la ejecución de obras en las comunas de Copiapó y Diego de Almagro, provincia de Chañaral.

PERMISOS EXPEDITOS

La tramitación ambiental del proyecto se inició en septiembre de 2018, cuando Minera Salar Blanco S.A. ingresó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Proyecto Blanco” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En enero de 2019, según la documentación presentada por la empresa, iniciaron el proceso de consulta a pueblos indígena, que finalizó un año después, participando la Comunidad Indígena Colla de Diego de Almagro.

En un rápido proceso, el 4 de febrero de 2020, el proyecto fue calificado como favorable, según la Dirección Ejecutiva del SEA. Sin embargo, posteriormente la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó, además de otras 8 personas naturales, presentaron una solicitud de invalidación, la que fue rechazada por las autoridades del SEA en febrero de 2022.

A poco más de un mes de entregar el poder -en enero de 2023-, el proyecto fue aprobado por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad del reciente gobierno de Sebastián Piñera, planificándose el inicio de las faenas para marzo de 2023.

Mauricio Daza, uno de los abogados que representa a los impugnantes del proyecto, alerta sobre la rapidez con que fue aprobado. “Recordemos que concluyó con un pronunciamiento del Comité de Ministros a semanas de que terminara el gobierno de Piñera. Al momento de tramitarse, el proyecto era liderado por Martín Borda, empresario con nexos muy cercanos a la UDI”, sostuvo el abogado.

“Llama la atención que a este proyecto no se aplicaron estándares mínimos exigidos a otros proyectos. Sostiene una línea de base o descripción que no sólo contiene información contradictoria, sino que se condice con informaciones relacionadas de la misma naturaleza evaluados por el SEA”, añadió.

La empresa también logró modificar la RCA, incorporando nuevas perforaciones de 4 pozos adicionales, en enero de este año.

Posteriormente fueron presentadas siete reclamaciones en el Tribunal Ambiental ante la decisión del Comité de Ministros, entre marzo de 2022 y febrero de 2023. La primera fue efectuada por la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó, en tanto que la última es un reclamo de la Comunidad Indígena Colla de Pai Ote.

¿QUÉ DICEN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS?

Las comunidades indígenas reclaman que no fueron consideradas en la Consulta de Pueblos Indígenas que deben realizar todos los proyectos que intervengan territorios de pueblos originarios en los procesos de evaluación ambiental. Sólo fue considerada la afectación provocada como consecuencia del aumento del flujo vehicular en la ruta C-13, en los sectores de El Jardín y Cachiyuyo en la comuna de Diego de Almagro, lo que implicó que sólo fuera considerada la Comunidad Indígena Colla de Diego de Almagro.

Camila Contesse Townes, representante en la audiencia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), argumentó que la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó no fue incluida en el proceso de consulta, debido a que el SEA se restringió a los estándares establecidos, que define que estas comunidades indígenas no son afectadas directamente. El mismo argumento usó para justificar no incluir a la Comunidad Indígena Colla Pai Ote.

Elena Rivera, presidenta de la Comunidad Indígena Colla de la comuna de Copiapó, contó a El Ciudadano que el Proyecto salar Blanco “va afectar a nuestra cosmovisión y forma de vida en la cordillera. Nuestra comunidad no fue declarada en la presentación del EIA, pese a que vivimos alrededor del Salar de Maricunga, tenemos rutas de trashumancia antigua. Ni siquiera fueron capaces de presentarse durante el tiempo en que se tramitó el estudio”.

La ruta más cercana de trashumancia que tiene su comunidad es la Laguna Santa Rosa, la que pese a ser diferenciada del Salar de Maricunga, “pertenecen a una misma cuenca”, según Rivera.

Según relató, la comunidad tiene sitios para la trashumancia a escasos 40 minutos del salar, usado en el período de veranada, cuando llevan a pastar en los alrededores de la Laguna Santa Rosa, las cabras y caballos que poseen. Acostumbran a subir a veranada en diciembre – depende del tiempo, nos recalca Rivera- dejando los animales hasta los meses de marzo o abril.

En tanto la dirigente de la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, Ercilia Araya, reveló a este medio que una reunión informativa sostenida con ellos fue presentada como consulta indígena en el proceso de evaluación del proyecto Salar Blanco.

La comunidad colla Pai Ote reside en la Quebrada de Paipote, localizada al oriente de Copiapó, entre los valles y vegas que por el norte tienen a la Cordillera de Claudio Gay y al sur la Cordillera de Domeyko. Está integrada por unas 60 familias, las que habitan en invierno los valles que se forman entre las serpenteantes montañas. La familia de Araya crían ovejas, chivas, alpacas y llamas, animales que entre noviembre y enero de cada año, son llevados hacia las vegas, en un proceso de trashumancia que recorre las rutas señaladas por sus antepasados.

DOS MODELOS HIDROGEOLÓGICOS PARA UNA MISMA CUENCA

En la audiencia también se discutió el modelo hidrogeológico del Salar de Maricunga presentado por la minera, el que habría identificado un núcleo arcilloso que cubre gran parte del acuífero y que impediría la interacción entre el agua dulce del salar con el agua salina que será extraída de concretarse el proyecto.

Sin embargo, en la sesión se dio cuenta de que el SEA había aprobado antes otro proyecto de intervención del Salar de Maricunga basado en un estudio hidrogeológico con conclusiones opuestas.

Según Camila Contesse Townes, representante del SEA, en el último proyecto aprobado se descartó un impacto significativo en las partes superiores del Salar de Maricunga, debido a que habría fundamentos hidrogeológicos suficientes que darían cuenta de un núcleo arcilloso extenso que permite separar las unidades superiores e inferiores del acuífero. Esta conformación arcillosa serviría como amortiguador entre las profundidades del salar, desde donde se proyecta extraer la salmuera, y su región superior.

También el SEA defienden su evaluación de los impactos sobre flora, fauna y biodiversidad, descartando un impacto significativo de los animales y plantes que habitan el Parque Nacional Nevado Tres Cruces y el Sitio RAMSAR Complejo Lacustre Laguna Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

Argumentaron que la protección la otorgan los 6 kilómetros de distancia entre las obras del proyecto con las áreas protegidas.

Por su parte, el abogado Juan Eyzaguirre Lira, representante de Minera Salar Blanco, defendió el modelo hidrogeológico presentado por la minera, argumentando que los alegatos de los cinco demandantes son por mérito y no por legalidad.

Eyzaguirre también destacó que la determinación del núcleo arcilloso ha sido determinada por los sondajes hechos por la minera, que contabilizó en 70 pozos.

No obstante, un proyecto de explotación de litio presentado anteriormente por Simco, de propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz, reconoció que las masas acuíferas del salar estaban conectadas, por lo cual la extracción de la salmuera conllevaba una afectación. Se trató del proyecto Sales de Maricunga, cuyo estudio contradice el modelo hidrogeológico de Salar Blanco, el que descartó un impacto ambiental al considerar la separación del acuífero por un núcleo arcilloso.

Pese a las diferencias, ambos fueron aprobados por el SEA.

En otras palabras, el mismo SEA aprobó dos estudios de explotación del salar basados en modelos hidrogeológicos distintos, uno que descarta el impacto y el otro que reconoce un impacto significativo.

Consultada durante el proceso por uno de los ministros del Segundo Tribunal Ambiental que llevan el proceso, la representante del SEA, Camila Contesse Townes, sostuvo que “cada proyecto se analiza caso a caso de acuerdo a lo que se presenta en el expediente de evaluación”

La contradicción resulta para Daza una evidencia de lo apresurado con que fue aprobado Salar Blanco. “La autoridad pública debe contar con información suficiente -comenta el abogado – No puede ser que el SEA apruebe dos proyectos en forma paralela y que son contradictorios en la evaluación de la situación del Salar de Maricunga y los efectos que la intervención produce”.

CODELCO Y LOS CAMBIOS AL PROYECTO

Consultados recientemente por El Ciudadano, Codelco informó que estaba dispuesto a modificar la tecnología de extracción del litio, acorde con las exigencias de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), presentada por el presidente Gabriel Boric en abril de 2023. En dicho plan se contempla la implementación de tecnologías que minimicen el impacto ambiental, reemplazando así el método de evaporación del litio, por el de extracción directa con reinyección de salmuera.

Tal como está formulado el proyecto, debiera ser modificado e incluso presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, debido a que el plan aprobado que pretende adquirir Codelco fue sobre la base de extracción del litio por evaporación, llevado a cabo por grandes piscinas en torno del salar y la pérdida de miles de litros de agua. El proyecto original contempla usar una superficie de 7.500.000 m² destinados a dichas albercas de evaporación.

Consultado en el reportaje de El Ciudadano, Ariel León Bacián, quien asesoró anteriormente a la Comunidad Colla Pai Ote, valoró el pronunciamiento de Codelco, “pues es la única manera de introducir tecnologías de extracción directa y reinyección de agua al Proyecto Blanco, es presentando un nuevo Estudio de Evaluación Ambiental. Estas tecnologías son el corazón del proyecto, y no pueden ser introducidas en el camino, ni menos cuando la evaluación ya ha finalizado y se encuentra en fase judicial”.

Rivera, por su parte, llama al actual gobierno a considerar a las comunidades indígenas en la formulación de las políticas de litio. Considera que “la estrategia del litio está mal implementada, se hizo entre cuatro paredes y no con los pueblos afectados por los proyectos extractivos. El cuidado del territorio es el que se ve afectado por esta clase de proyectos”.

Daza destaca que pese al cambio de la administración el SEA concurre al proceso como defensor del proyecto: “Que aparezca el SEA defendiendo un proyecto aprobado con contradicciones no da cuenta de que hubo un cambio de política. Es impresentable que el SEA vaya a tribunales a defender un proyecto como Salar Blanco, evaluado en forma escandalosa en tiempo récord. A mi juicio fue un favor político hecho en el gobierno de Piñera”.

Mauricio Becerra

El Ciudadano

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