Europeos deben aprender de África del Norte e Islandia

Francisco L. tiene 42 años y la última vez que ganó un salario fue en 2008. Desde entonces no ha encontrado empleo y vive en una tienda de campaña en un bosque cercano a la ciudad andaluza de Jaén. No tiene medios para otra cosa. Sus únicas pertenencias son un saco de dormir, una manta, una toalla, una bolsa con utensilios de aseo personal y una radio. Consigue agua de un pilar cercano a su tienda  y come dos veces al día conservas y bocadillos. Subsiste en condiciones precarias.

Esta historia es real. Y hay millones semejantes y peores en el mundo. La crisis, claro. Sí, la crisis como estafa o la crisis como atraco. Pero, como denuncia Josep Fontana, refiriéndose a la maldita crisis, “la gran trampa, que ha hecho que nos convenzan de asumir mansamente los costes de la crisis, ha sido permitir a quienes la causaron presentar los problemas creados por un sector muy concreto del mundo económico como problema colectivo del que todos somos responsables”. Y en absoluto es así.

Sin embargo, aceptamos que reduzcan nuestros derechos y legitimamos el ataque contra ellos al no responder o, peor aún, votando a quienes desmantelan el estado de alguna justicia y cierta equidad que tanto ha costado levantar. El mal designado “estado de bienestar” no es privilegio ni lujo ni exceso, como pretende el neoliberalismo e insinúan los medios, sino un acercamiento al respeto de los derechos humanos de todos.

¿Por qué aceptamos que recorten nuestros derechos?

En un debate televisivo que vi, la cuestión a debatir era: ¿hasta dónde han de llegar los recortes? No era un debate entre presuntos profesionales de la opinión y periodistas bien remunerados. En el plató había una veintena de ciudadanas y ciudadanos normales que aceptaban tranquilamente debatir sobre el ataque contra sus derechos que son los recortes presupuestarios.

Se hace buena la trampa del nazi Goebbels: la mentira repetida muchas veces suena a verdad. La falacia repetida hasta la saciedad por políticos y medios es que no hay otro camino para superar la crisis que recuperar la confianza de los “mercados” con austeridad y recortes sociales. Tiene razón José Luis Sampedro, cuando afirma que “necesitamos reeducarnos, pues pasamos por una fase de barbarie porque los valores democráticos se han degradado”.

APRENDER DE ÁFRICA E ISLANDIA

La primera fase de esa re-educación es abrir los ojos y la segunda, no ser inofensivos. Porque hemos devenido una ciudadanía inofensiva. Quienes vulneran nuestros derechos hoy no tienen ningún temor de que los ciudadanos los pongamos en su sitio (que en muchos casos sería la prisión). Somos ciudadanos inofensivos. Salvo en África del Norte, Oriente Próximo e Islandia, donde ciudadanas y ciudadanos luchan por sus derechos civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Porque ningún derecho es más importante que otro.

Islandia es la excepción europea. Fue saqueada hasta la ruina por banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos, pero Islandia se recupera porque ciudadanas y ciudadanos han reaccionado con una respuesta democrática de calado. Echaron al gobierno responsable, dejaron hundirse a los bancos, promovieron investigar los delitos perpetrados y ahora hacen más democrática su Constitución. No aceptan tener que pagar las canalladas de los bancos, como ha ocurrido en otros países. Y saben que la solución no es sólo económica. Es también política: ser inofensivos como ciudadanos.

En España, la asociación ATTAC y otras organizaciones sociales han interpuesto ante la Audiencia Nacional una querella criminal contras las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poors y Fitch por alterar el precio de la deuda pública y utilizar ilegítimamente información privilegiada en beneficio propio. Al margen del resultado, eso es empezar a dejar de ser inofensivo. Roberto Unger, que fue ministro con Lula, ha denunciado que “España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. Lo malo es que juicio tan duro es aplicable a los otros 26 estados de la Unión Europea, a Estados Unidos y un montón de países más. Por tanto, la respuesta es política y nada complaciente.

¿Cuándo decidiremos dejar de ser inofensivos y exigiremos nuestros derechos?

Por Xavier Caño Tamayo

Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)