Los Ponce Lerou vuelven a presidir SQM

Soquimich, sigue constituyéndose en fuente de noticias. Julio Ponce ha reafirmado abiertamente el control que sigue teniendo de la minera no metálica al nominar a su hermano Luis Eugenio como nuevo presidente, quién dejó los cargos ocupados en las empresas cascadas ejercidos hasta ese momento. El control de estas sociedades le asegura a Julio Ponce el de SQM. Las cascadas tienen mayoría accionaria garantizada desde Norte Grande y las sociedades “aguas arriba” que conducen a las Islas Vírgenes Británicas.

Por Wari

07/06/2016

Publicado en

Chile / Economí­a

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poncelerou

Poco después de la nominación de Luis Eugenio Ponce, Corfo agregó una nueva acción contra SQM por “diversos y graves incumplimientos de las obligaciones establecidas” en el Contrato de Proyecto suscrito en 1993, que se sumó al demandado en el contrato de Arrendamiento. Estas acciones en la práctica han dificultado la venta de la participación de Julio Ponce en Pampa Calichera una de la componentes del mecanismo de cascada utilizado en su control. De otra parte, el financiamiento recibido por  el PPD durante los años 2011-2012 constituyó una nueva evidencia de la forma transversal al mundo político en que fueron entregados recursos por la dupla de Julio Ponce y Patricio Contesse, en la cual también tiene responsabilidad el directorio en aquellos años de SQM. Son importantes las críticas generalizadas por los cuestionamientos políticos y éticos registrados a estos financiamientos, desde luego también al interior del PPD.

El directorio de Soquimich nominó a Luis Eugenio Ponce, hermano de Julio Ponce Lerou, como presidente de la minera no metálica, cuando ha transcurrido poco menos de un año que éste debió abandonar el cargo por las críticas a su nombre, debido a la participación que tuvo en las maniobras especulativas efectuadas en perjuicio de la sociedades Cascadas para generar beneficios a los que fraguaron  las operaciones, acciones por los cuales se encuentra formalizado por  la Superintendencia de Valores y Seguros, además de los escándalos provenientes de los fondos entregados por la empresa vinculados a la red de financiamiento transversal establecido a través de la gestión directa de su exgerente general, Patricio Contesse, con  el mundo político y las estructuras de poder para conseguir, como lo demuestran los hechos, nuevas ventajas para la empresa e intentar  crear una barrera de protección hasta ahora con éxito a los mecanismos para controlarla.

La propuesta para elegir como miembro del directorio a Luis Eugenio Ponce fue efectuada por la cascada Pampa Calichera, en la cual tiene la mayoría accionaria otra de las empresas de la estructura, Norte Grande, a su vez  controlada desde el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas por Julio Ponce. El apoderado de las sociedades “aguas arriba” de la estructura creada, SQ Grand Corp, Inversiones SQ y SQYA, es Aldo Motta a quien el juez del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Darwin Bratti, procedió a levantarle el arraigo nacional que se le impuso desde enero de 2015 por las maniobras especulativas con cargo a las Cascadas.

Su gerente general, Patricio de Solminihac, que fuese el segundo de Patricio Contesse en la dirección ejecutiva de la empresa durante quince años, destacó la nominación del hermano de Julio Ponce.  “Es –declaró- una persona extremadamente capacitada, conoce tremendamente bien el negocio, ha estado más de treinta y cinco años.  Tengo una estupenda relación con él.  Independiente de que su hermano era el presidente del directorio, fue muy leal conmigo todas las veces que fui su superior” (29/05/16).  Desde luego, no efectuó ninguna referencia a que los Ponce Lerou ejercen nuevamente la presidencia.

Las Cascadas, luego de la renuncia de Julio Ponce a encabezarlas pasaron a ser dirigidas por Rafael Guilisasti, quien asumió luego de renunciar primero a su responsabilidad en el directorio de Corfo, el organismo estatal que se encuentra en conflicto con SQM por el no cumplimiento del contrato de arrendamiento que le  permite explotar el rico yacimiento de litio y potasio en el Salar de Atacama, y luego al directorio de CorpBanca, uno de los mayores bancos financista de la minera no metálica. Al multar la Superintendencia de Bancos a CorpBanca por el otorgamiento de créditos a SQM y sus filiales en montos que sobrepasaron los límites legales, tuvo presente que “el aprobar los créditos CorpBanca (…) a Pampa Calichera y Oro Blanco, el Sr. Guilisasti sabía que asumiría en la semana siguiente sus presidencias (…), pero lo inaceptable es que (…) una vez publicado el hecho esencial de su reemplazo de don Julio Ponce Lerou en esas sociedades cascadas, nadie de la orgánica superior de ese banco haya reparado en cuán ajeno a las sanas prácticas corporativas era que el director del banco, a la vez presidente de tres de los mayores deudores de la institución, ni siquiera hacía presente tal condición ni se había abstenido de entrar a conocer con el resto de los directores los créditos por cuantiosas sumas otorgados días antes a las sociedades que había empezado a presidir”(15/09/15).

Guilisasti argumentó a favor de la nominación de Ponce en la presidencia del directorio, SQM aduciendo que “es muy difícil encontrar uno con el conocimiento que tiene Eugenio en el negocio, pues ha trabajado por largo tiempo allí. Es un bien –subrayó- bastante valuable (…)”. Sin hacer mención que los Ponce Lerou volvían a tomar la presidencia de la minera no metálica, donde tienen la mayoría en la serie A de acciones en alianza con la nipona Kowa, y son quienes tienen el manejo del mecanismo de control,  del cual el empresario de la Viña Concha y Toro pasó a ser una pieza importante. “Pampa (Calichera) designó a sus tres directores –dio como argumento- buscando un equilibrio: un experto en  finanzas (Julio Rebolledo), otro en gobiernos corporativos (Dieter Linneberg) y Eugenio Ponce (…). Estas cosas –añadió- no hay que personalizarlas. Los cambios que hubo en SQM el año pasado y las perspectivas de desarrollo de la compañía hablan de un camino completamente orientado a los negocios” (20/05/16). A la vez, Patricio Phillips, “cercano asesor de Julio Ponce –informó La Tercera– asumió (…) la presidencia de Nitratos, la sociedad controladora de Potasios”, la cual tiene “el 6,91% de las acciones de SQM, posee otro 10,07% de Pampa Calichera (…)” (24/05/16). Por tanto, el control de Julio Ponce sobre la Cascada sigue siendo total.

Pampa Calichera está ofertando su participación accionaria en SQM en el marco de los planes de su controlador. Entre las empresas que han expresado públicamente su interés está  el fabricante de fertilizantes israelita ICL. Su presidente, Stefan Borgas, manifestó en una  conferencia con inversionistas efectuada en Nueva York que “SQM calzaría perfecto con nosotros”, aunque dejando claro que la minera no metálica es demasiado grande para adquirirla  completamente, dejando entrever que sería atractiva una compra de un porcentaje de acciones lo que daría lugar a una alianza posiblemente con Julio Ponce o con PotashCorp que tiene un 32% de los títulos y que, a la vez, es accionista de ICL donde posee un 14% de sus papeles. ICL tiene como mayor accionista a la empresa estatal Israel Corporation.

Ahora bien, la venta de las acciones de Pampa Calichera enfrenta dificultades debido a los arbitrajes y cuestionamientos a que SQM mantenga la concesión del Salar. “Altas fuentes conocedoras del proceso – informó El Mercurio– confirman que no se habla de (…) plazo al interior de las sociedades cascadas (…). Las dos firmas chinas que estarían en la lista corta de interesados están esperando que se resuelva el arbitraje y ver si SQM continuará con la concesión del Salar” (24/05/16).

Ante el conflicto con Corfo, que pone en duda su explotación a futuro en el Salar de Atacama, el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac –que también será formalizada por la Fiscalía Pública– en conferencia con inversionistas manifestó que la empresa buscaría aprovechar el incremento en la cotización del litio[1] aumentando su producción. “Creemos que, dada la capacidad que tenemos en nuestra planta en el Salar (…), que es de 48.000 toneladas, podemos aprovechar la oportunidad ahora, incluso la demanda, para producir más” (20/05/16). El contrato con la Corfo le permite extraer hasta un millón de toneladas equivalente de carbonato de litio, habiendo ya producido un 65% de esa cuota.  Actualmente Soquimich es el segundo productor a nivel mundial, con una participación en el mercado global de 26%.  En 2015, de acuerdo a la información de ventas que alcanzaron a US$1.700 millones, el Litio representó un 13%, el yodo un 15%, el potasio 25% y las nutrientes de especialidad el 38%. En el primer trimestre las operaciones de litio las incrementaron, destacando que el metal y sus derivados constituyeron el 41% de sus ganancias brutas. Igualmente, de Solminihac comunicó que también se proponen aumentar la producción en el nuevo proyecto en el cual  participarán en Argentina en conjunto con Lithium Americas.

El 23 de mayo, el Consejo de Corfo informó de su decisión unánime de iniciar una nueva acción en contra de SQM para poner fin anticipadamente al Contrato de Proyecto suscrito en 1993, que establece las condiciones de explotación del Salar, mientras el de Arrendamiento establece los pagos que se le debe hacer a la empresa estatal. Ella se presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago.  Este es diferente al contrato de arrendamiento, cuyo no cumplimiento condujo al juicio arbitral por el cual demanda su término anticipado. En la nueva acción se le acusa de haber producido también “diversos y graves incumplimientos de las obligaciones establecidas en el indicado Contrato de Proyecto, en particular, la obligación de resguardo e integridad de las pertenencias mineras de propiedad de Corfo. (…) por lo que ha requerido el término anticipado de los contratos para la explotación del Salar”. (…) SQM –añadió- ha incumplido (…) reiteradamente los contratos vigentes y no es un socio confiable” (24/05/16). Estas acciones de Corfo son importantes. Sin embargo, no debe dejarse de lado que los arbitrajes y los trámites judiciales tienden a prolongar largamente el logro de los objetivos perseguidos. De allí la importancia de una solución política como la propiciada por la bancada de diputados comunistas y Sergio Aguiló, mientras tanto SQM sigue aprovechando su explotación.[2]

Poco después, la presentación de la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Pablo Longueira estableció que el exministro de Sebastián Piñera cometió el delito de cohecho agravado en su relación con SQM.  “Mientras –detalló- el senador Longueira recibía ingentes sumas de dinero, favoreció los intereses de SQM en la tramitación en la denominada Ley de (…) Royalty Minero (…).  Esto es –añadió-, se entregó un beneficio económico a un funcionario público para que éste, con infracción a los deberes que imponía su cargo de Senador de la República obtuviera en la tramitación de la ley señalada la incorporación de una disposición que favorecía los intereses de las empresas que entregaba dicho beneficio” (26/01/16).  La acción del CDE se dirige simultáneamente en contra de Patricio Contesse por el delito de soborno.

De otra parte, la divulgación del financiamiento proporcionado durante 2011-2012 por SQM al PPD volvió a dejar en evidencia la transversalidad  política con que fueron entregados recursos por la empresa bajo la dirección de Julio Ponce, como ya había quedado demostrado abrumadoramente en el informe elaborado por la oficina jurídica estadounidense Shearman & Sterling, en que se cuantificó el porcentaje de participación de receptores de distintos partidos en el total. Listado encabezado por la UDI con un 45%, seguido por Renovación Nacional con el 11%. En ese cuadro figuró el PPD con 3%[3]. Los pagos efectuados por SQM, que habían sido contabilizados como gastos,  fueron rectificados por la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos, seguramente por no corresponder a un servicio que se había efectuado.

Un hecho importante fue que en las reacciones provocadas por el conocimiento público de estos antecedentes estuvo muy presente un tema básico: la condena de quien proporcionaba los recursos. Carolina Tohá, presidenta del PPD durante el lapso en que los fondos se entregaban, debió enfrentar el tema  al finalizar una sesión del Consejo Municipal de Santiago que encabeza. “Respecto a cómo el PPD se financió, cuál fue su política y los hechos que se están conociendo y han dado lugar a tanta polémica –expresó-, la política del PPD no fue financiarse de la manera en que estos días se ha conocido, por eso no solo es de interés de la opinión pública sino de la propia institución partidaria que esto se investigue y se esclarezca. Yo voy a colaborar para eso, y asumiré todo lo que tenga que asumir en esa dirección (…) y también mi responsabilidad como dirigente político”. La alcaldesa después agregó: “no hay acción ni participación mía reñida con la ley” (19/05/16).

El tema a asumir no es solo legal, cuya tarea será esclarecerlo por el Ministerio Público. En el plano político y ético, como ya señalamos, el asunto central es  quién otorga el financiamiento. Las declaraciones efectuadas por Katherine Bischof, en ese entonces secretaria de Patricio Contesse, constatan, que en julio en 2011 Luis Matte, tesorero del PPD, hizo llegar el borrador del convenio entre Chile Ambiente, la ONG utilizada como receptora de los fondos, y SQM Salar, filial de la minera no metálica. Chile Ambiente es una sociedad en la cual participaba Patricio Rodrigo, militante en esos años del PPD. “Este contrato –testimonió Katherine Bischof- corresponde a una definición de don Patricio (Contesse) de no hacer el gasto por Servel (…) esta decisión don Patricio me la comunicó a mí y yo a Luis Matte, quien en definitiva la acepta (…)” (19/05/16).

El Consejo de Defensa de la Patagonia, que encabezó la campaña “Patagonia sin Represas”, que tuvo a Patricio Rodrigo como uno de sus voceros, y de la cual Chile Ambiente formó parte, sumó públicamente su crítica al origen del financiamiento recibido. “Durante los años de campaña –manifestó en su declaración- no fuimos informados de que la corporación Chile Ambiente estaba acreditada en el Servel como instituto de formación política, menos aún que recibía financiamiento de (…) SQM Salar, vinculada a Julio Ponce Lerou, quien merece nuestro más profundo cuestionamiento por los hechos y trayectorias que el país conoce” (22/05/16).

Antes de la entrega del borrador, Carolina Tohá se reunió con Patricio Contesse lo cual ha explicado que fue un encuentro “para hablar de los temas que son de competencia política, que estaban en la agenda en ese momento, que tiene que ver con la temática (…) y el punto de vista que tenía el PPD en particular en relación a Soquimich y su concesión” (19/05/16). La alcaldesa fue, al mismo tiempo, quien suscribió la inscripción de Chile Ambiente en el Servel como “instituto de formación política del PPD” (23/05/16).

Es sus declaraciones a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que efectuó Patricio Rodrigo cumpliendo con una instrucción dada por la fiscal del caso SQM, Carmen Gloria Segura, quedó claro que la mayor parte de los recursos recibidos de la minera no metálica fueron depositados en cuentas del PPD[4]. Ello también se deduce del testimonio de Sergio Ortega, que fuese en esos años jefe de administración y finanzas del partido. “Mi apoyo a Chile Ambiente –declaró- era colaborar con el proceso administrativo (…) y recuerdo que pusimos a disposición de Chile Ambiente a un junior del PPD (…). Este último retiraba facturas de Chile Ambiente y las entregaba a Soquimich. Esta pseudo obligatoriedad (…) surgió como una instrucción superior de la directiva del partido (…)” (22/05/16).

Este financiamiento, manifestó Gonzalo Navarrete, alcalde de Lo Prado, antes de ser elegido nuevo presidente del PPD, es criticada al interior del partido. “El cuestionamiento –explicitó- es que el aporte viene de SQM, que tiene un límite ético para el PPD, por lo que representa, por Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet (…). La mayoría del partido –explicitó- no está de acuerdo en que se haya recurrido a esa fuente” (22/05/16). “El PPD –expresó a su turno el exministro Francisco Vidal– debe pedir perdón a sus militantes por pedir financiamiento a SQM” (23/05/16). El cuestionamiento a este financiamiento es generalizado. “La relación de SQM con el PPD  -reafirmó Gonzalo Navarrete luego de su nominación- tiene que ser resuelta por el Tribunal Supremo, porque aunque fuera legal, al conjunto del partido no le parece que sea una relación aceptable. Las responsabilidades personales que existan en cómo eso se realizó –agregó- las va a resolver el Tribunal Supremo y aplicaremos los estatutos con algo que no nos parece adecuado” (23/05/16).

Por Hugo Fazio

NOTAS

[1] Véase, Carta Económica, 15/06/16.
[2] Véase, Carta Económica, 15/05/16.
[3] Véase, Resumen Económico enero-marzo de 2016, págs. 28-32.
[4] Véase, Carta Económica 15/05/16.

Carta Económica, 29 de mayo de 2016

Fuente fotografía

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