Ministro Golborne anuncia que principales mineras privadas se acogerán al nuevo royalty

En su cuenta pública 2010, Laurence Golborne, ministro de Minería (en la foto),  indicó que -a cinco días del término del plazo- las compañías BHP, Antofagasta Minerals, Anglo American, Candelaria, El Abra y Xstrata se acogerán al nuevo sistema tributario que les garantiza una invariabilidad hasta, por lo menos, el año 2023.

El Ministro celebró la decisión de las empresas, ya que para el Gobierno significará recaudar, a lo menos, 1.000 millones de dólares adicionales entre 2010 y 2012.

«Con estas confirmaciones tenemos más del 80% en términos de volumen de la minería acogida al nuevo sistema tributario. Espero que de aquí al próximo lunes podamos anunciar que más del 90% de la minería tributaria del país se ha acogido a este tributo», expresó.

Golborne detalló que se acogen el nuevo tributo yacimientos de BHP Billiton (Spence y Cerro Colorado), de Antofagasta Minerals (Los Pelambres, Tesoro, Michilla y Esperanza), de Anglo American (división sur) y, junto con Xstrata, aceptaron incluir a Collahuasi. Xstrata también sumará su yacimiento Lomas Bayas. También Freeport confirmó su participación con El Abra y Candelaria.

El Gobierno celebró el pasado lunes la noticia de que BHP se acogía al nuevo impuesto, ya que con eso aseguraba el 40% del aporte de privados para la reconstrucción.

UN ROYALTY FANTASMA

Las voces críticas al esquema tributario propuesto por el gobierno del presidente Sebastián Piñera fueron diversas mientras duró su discusión en el Parlamento. En la base del debate se encuentra el propio concepto de royalty y la actuación de los parlamentarios.

Como explica el ex senador Jorge Lavandero, ya que el cobre constitucionalmente pertenece al Estado chileno, se debería cancelar la renta minera o royalty- regalía, es decir, un precio justo por la extracción de cada tonelada del metal. El royalty es el pago tendiente a compensar esa pérdida para Chile. Sin embargo, lo que hoy se cobra a las empresas es un impuesto ligado a las ganancias.

La suma urgencia con que se trató en el Congreso permitió la introducción de modificaciones que no habían sido acordadas por los parlamentarios que participaron en el acuerdo, lo que a juicio del economista Julián Alcayaga “hace que la Ley 20.469 (royalty) sea un engaño con relación a lo acordado con los senadores de la Comisión de Hacienda”.

La nueva ley fija una tasa variable de la renta operacional de 4% a 9% para 2010, 2011 y 2012, volviendo a 5% entre 2013 y 2017. A contar de ese año, la tasa variará entre 5% y 14% dependiendo de la renta operacional de las mineras.

Además, garantiza una invariabilidad tributaria hasta 2023, incentivo que se dio a los privados para acogerse al nuevo régimen.

UN TRAJE A LA MEDIDA

Como señala un artículo de Alcayaga en las declaraciones a la prensa de los senadores de la Concertación y de sus dirigentes, tras el acuerdo con el ejecutivo, dos cosas importantes se habían logrado: Que la prórroga de la invariabilidad tributaria fuese no de ocho sino solo de seis años, y que la tasa máxima del impuesto pasara de 9 a 14%. Eso es lo que se explicó a la prensa y sobre esa base votaron favorablemente el proyecto la mayor parte de los parlamentarios de la Concertación. “Pero eso no es lo que está en la ley aprobada”, indica el economista.

La tributación de las empresas cuya invariabilidad terminaba el 2017 se encuentra en al artículo segundo transitorio que establece lo siguiente: Durante los años 2010, 2011 y 2012 estas empresas tendrán una tasa de impuesto de 4% si el margen operacional minero es igual o inferior a 40%. El impuesto va en aumento hasta llegar a 9% si el mencionado margen sobrepasa el 75%, margen que ninguna minera alcanzará habida cuenta de su maestría para evadir las obligaciones tributarias. De ahí que poner una tasa más baja para los márgenes inferiores es contrario a la lógica más elemental: se trata de un premio a los evasores más desvergonzados. Ninguna empresa mostrará márgenes superiores la 40%, y así nadie pagará más allá de un 4% de impuesto, es decir exactamente lo mismo que existía antes de esta ley.

El diputado Enrique Accorsi –uno de los  que estuvo contra el proyecto- indicó en octubre que la propuesta “es un traje a la medida para que las mineras privadas puedan mantener sus altos niveles de ingreso de aquí a los próximos 10 años”.

El parlamentario aseguró que entre el 2003 al 2009 las empresas obtuvieron más de 100 mil millones de dólares en ganancias y amortizaron todas sus inversiones “por lo tanto, pagar mil millones en tres años es claramente insuficiente”.

Por su parte, el diputado  Rodrigo González afirmó que el proyecto en lugar de establecer derechos compensatorios por la merma de un recurso natural no renovable, es una regalía a favor de las grandes compañías mineras transnacionales y de ninguna forma beneficia al Estado.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano

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