TISA: servicios públicos en riesgo de privatización

Aún sin digerir el impacto para el patrimonio público de Medellín por la fusión UNE-Millicom y por la aprobación del Acuerdo 01, con el consabido riesgo para la viabilidad de EPM, caminan con paso firme un proyecto de ley nacional y una negociación secreta internacional, que evidencian una amenaza latente: el voraz apetito por la privatización de los servicios públicos en Colombia y en el mundo.

El proyecto de Ley 030 de 2014, que hace trámite en el Senado de la República, busca modificar el objeto social de las empresas de servicios públicos (Art. 18 y 19 de Ley 142 de 1994), permitiendo realizar otras actividades que se desvían del objeto inicial, en lo que parece un libreto trazado desde hace muchos años en materia de privatización. Para la muestra, no uno, sino varios botones.

A un año de expedirse las leyes de servicios públicos, 142 y 143 de 1994, se dio la separación de ISA e Isagén. En 1998, en el Concejo de Medellín, se dio el primer intento de privatización de EPM. En el 2000 se impulsó la venta de acciones de ISA, para “democratizar” la empresa. En 2006 la víctima fue Telecom, hoy propiedad de Telefonica (Movistar). Acto seguido se creó Colombia Móvil, donde participaron EPM y ETB, junto a Tigo, la misma que en 2013 se adueñó de UNE, al entregársele el manejo administrativo, pese a la mayoría accionaria de EPM, que la considera una “inversión relevante”. En el 2007 el turno correspondió a Ecopetrol, vía venta de acciones, cuya segunda etapa se prepara para salir de otro 10%. Y ahora es Isagén, con el intento de enajenación del 57% correspondiente a la Nación. En 2013 bajo el programa Grupo EPM Sin Fronteras, EPM amplió la adquisición de empresas en otros países, dividiendo las antiguas “Unidades Estratégicas de Negocio” hacia una posible separación en un futuro próximo. En la nueva estrategia, como dato nada curioso, la empresa no habla de usuarios sino de clientes (¿?).

Ante este sombrío panorama nacional, lo que se fragua en secreto en el plano internacional evidencia la ambición de los privatizadores. El TISA (Acuerdo de Comercio de Servicios), revelado por Wikileaks, es un acuerdo secreto que negocian 50 países, incluidos Colombia, EEUU y 28 de la Unión Europea, orientado a privatizar y dar tratamiento de mercancía a los servicios públicos: energía, agua, saneamiento básico, telecomunicaciones, banca, educación, salud, transporte, construcción, ingeniería y turismo, entre otros. El TISA busca el beneficio de organizaciones privadas, en contravía de la soberanía nacional, el empleo, el trabajo decente, los sindicatos y la legislación de cada país. El TISA socava la democracia y la capacidad de las autoridades públicas de tomar decisiones sobre la prestación de los servicios y crea la disposición “trinquete”, con la cual no se pueden revertir las privatizaciones de los servicios, así hayan fracasado o se hayan incumplido las promesas de los privatizadores.

Sus efectos, si se logra el acuerdo, serán desastrosos: cobertura y calidad deficiente en servicios públicos, mínima inversión en infraestructura, disminución a cero de programas sociales, incremento de tarifas, aumento de desempleo, tercerización y precarización del empleo, pérdida de recursos naturales y de autonomía como país. Y la lista sigue.

Varias organizaciones se vienen movilizando. La ISP, Internacional de Servicios Públicos; la Red Nacional contra el Acuerdo de Servicios TISA –Capítulo Colombia- y la Coalición de Usuarios de los Servicios Públicos, en nuestro país, son algunas de ellas. Hay que hacer un análisis prioritario sobre el TISA y buscar, en unión con la mayor cantidad de organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, buscando que el Gobierno Nacional se retire de las negociaciones del TISA. La soberanía nacional hay que defenderla.

Nuestra organización como sindicato propositivo plantea:

– Clasificar el TISA como un Acuerdo de Integración Económica o Acuerdo de Comercio. Antes de que esto pueda suceder, se debería notificar a la OMC y el acuerdo estaría sometido a revisión por parte del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC.

– Se tienen que cumplir una serie de condiciones para que un acuerdo cumpla los requisitos, entre ellas tener una “cobertura sectorial sustancial”. Esta cobertura está definida en términos del número de sectores de servicios, el volumen de comercio afectado y los modos de suministro.

– Incluir cláusulas de transferencia de conocimiento en todos los procesos de contratación e integración.

– Crear espacios de participación ciudadana para llevarlo al debate público.

Walter Paredes Viveros

Presidente de SINPRO, Sindicato de Profesionales de EPM, UNE y Aguas de Barrancabermeja

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 451

Semana del 19 al 25 de junio de 2015

Corporación Viva la Ciudadanía

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