Megaincendio 2024: La inexcusable responsabilidad del Estado

El gran incendio forestal que sacudió a las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana, entre el 2 y el 6 de febrero pasados, ha pasado a constituirse en uno de los desastres socionaturales más grandes de la historia de Chile.

Con más de 130 fallecidos confirmados y en torno a 150 desaparecidos, este siniestro afectó total o parcialmente a un estimado de 15 mil hogares, de acuerdo a Informe de Daños, del Centro de Investigación y Gestión Integrada de Riesgo de Destastres (Cigiden, febrero 2024).

Pese a lo catastrófico, a más de un mes de concluido, este incendio no tiene responsables, ni detenidos, ni procesados ni nadie que se haga cargo. Esto, pese a que no todos sus daños se pueden explicar en las pésimas condiciones naturales que lo favorecieron.

Los principales focos de responsabilidad han apuntado a los hasta ahora desconocidos autores materiales del fuego.

Pero, ¿son sólo ellos los culpables? Y si no lo son ¿Quién o quiénes son realmente los principales culpables?

Para determinar responsabilidad es preciso sopesar algunos elementos.

El primero de ellos es que las zonas más afectadas fueron coberturas de bosque-forestal (53% del total incendiado), mientras que un 39% corresponde a pastizal-arbustivo. En la comuna de Viña del Mar, el incendio quemó el 45% de la cobertura de pastizal-arbustivo y el 10% del suelo construido.

El siniestro comenzó el viernes 2 de febrero de 2024, pasadas las 17 hrs, en Las Tablas, pasando rápidamente a la Reserva Lago Peñuelas (Valparaíso). Fruto de las altas temperaturas, el fuerte viento y la baja humedad, se desplazó a gran velocidad a sectores altamente poblados de Viña del Mar y Quilpué.

Es decir, se trata de un incendio con origen forestal que impactó en zonas urbanas.

Según coinciden diversos informes y testimonios, el sistema de alarmas de emergencia funcionó mal. Muchas veces la alarma sonó cuando los sectores alertados ya se estaban quemando y, cuando llegó a tiempo, no indicaba las zonas seguras a las que arrancar.

“El proceso de alerta y evacuación de la población durante la emergencia fue deficitario y contribuyó significativamente al alto número de vidas humanas perdidas (Informe de Daños, Cigiden)”.

De otra parte, todas las comunas afectadas carecen de Planes Reguladores actualizados, a pesar del notable incremento de la urbanización en áreas de peligro.

La comuna más afectada, Viña del Mar, se encuentra normada por dos instrumentos de planificación territorial: el Plan Regulador Comunal (PRC), de Viña del Mar; y el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL). No obstante, ninguno de ellos alude a la amenaza de incendio forestal como elemento para la determinación de áreas de riesgo.

Peor aún, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no considera en su listado de amenazas el incendio forestal.

En 2014 la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo instruyó a los Municipios -mediante circular n° 269- “incorporar el Riesgo por Amenaza de Incendio en la formulación y/o modificación de sus respectivos Planes Reguladores Comunales, así como también a las Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para efectos de la formulación y/o modificación de Planes Reguladores Intercomunales”.

Sin embargo, sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República, han cuestionado la validez de la circular n° 269, imposibilitando la aplicación de esta instrucción en los planes reguladores comunales en Chile (Informe de Daños, Cigiden 2024).

Asimismo, es dable consignar que desde 2017 se encuentra en tramitación en el Senado el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que remplazaría a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Este proyecto -que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones- define zonas de “interfaz urbano forestal” y establece obligaciones que apuntan a prevenir la generación o propagación de incendios forestales.

Pese a estas carencias normativas, en la raíz de los incendios está el hecho que el Estado no ha aplicado normas dirigidas a prevenirlos, como las referidas a territorios abandonados. No está dentro de la ley abandonar un territorio… Cuando hay un área residencial al lado de un territorio abandonado con plantaciones de pinos o eucaliptus lo que hay es un polvorín acechando vidas y hogares…

En ese contexto, echar la culpa al que prende el fuego es apuntar a un eslabón menor (aunque claramente criminal) y eludir las principales responsabilidades: la del privado que genera las condiciones para que ese polvorín estalle y la de Estado que no hace nada, viendo que cada año los incendios son más graves y provocan cientos de muertes y la destrucción de miles de hogares.