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LGE: Golazo contra la Educación Pública

La sesión del Senado que aprobó la Ley General de Educación (LGE) comenzó media hora tarde

Por seba

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Educación / Portada

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La sesión del Senado que aprobó la Ley General de Educación (LGE) comenzó media hora tarde. Minutos antes de la votación el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, citó al presidente del Senado, Jovino Novoa. Estuvieron solos por más de 15 minutos. ¿De qué hablaron? Nadie lo sabe. Lo cierto es que media hora después estaba aprobada una ley de educación rechazada por estudiantes, profesores y apoderados.

Ante Viera Gallo y Novoa se cuadraron la Concertación y la Derecha, a excepción de cuatro senadores. Así, el cuestionamiento del modelo neoliberal instaurado por Pinochet en su último día de gobierno que condiciona la educación chilena, iniciado el 2006 en las calles y en las aulas por una generación que no tiene el karma del dictador, terminó siendo sepultado por el apretón de manos de la cúpula política que en los últimos 20 años ha administrado el país.
No por nada los cuestionamientos a Novoa por su calidad de ministro de Pinochet, manifestados por parlamentarios de la coalición gobernante desde ese día fueron callados. O sea, la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1989, estaba cocinada.
Así fue desde noviembre del 2007, cuando la ministra de Educación, Yasna Provoste, ya consensuaba con la derecha las modificaciones a la LOCE. El argumento de la ministra fue que ésta debía ser cambiada, lo que perfeccionaría la institucionalidad de mercado de la educación chilena.
Si la LOCE no explicitaba la posibilidad de lucrar con la educación, la LGE sí lo hace. Y para los que consideren que no se les entrega una educación de calidad se abre un Sernac de la educación donde el cliente-educando podrá ir a estampar su reclamo. Al igual que las AFP, no se las supera, sino que se les crea una Superintendencia. Como si fuera poco, desregula el ejercicio pedagógico de profesionales no docentes, que hoy pueden hacer clases certificándose, pero que con la LGE lo podrán hacer si ningún tipo de exigencia.
UN SERNAC DE LA EDUCACIÓN
La movilización de los secundarios que cuestionó la calidad de la educación chilena partió en la base. Serían las demandas de los colegios de la capital y una toma iniciada en un liceo de Lota las que pusieron en la agenda política la crisis de la educación chilena.
Hasta ese momento había consenso en mantener la educación como un bien más del supermercado Chile. A lo más, en 1996, el hoy candidato concertacionista hizo una reforma curricular que mantiene a los chicos y chicas hasta en la tarde en los colegios.
Pero los 100 mil estudiantes que salieron en esos días a protestar y los más de cien colegios que se movilizaron en ese mayo chileno, adhiriendo a más de 600.000 escolares, lo que fue la protesta estudiantil más masiva en la historia de Chile, se enfrentaron a una institucionalidad no dispuesta a ceder un espacio a las demandas de la mayoría.
La Ley Nº 18.962 (LOCE), promulgada por la dictadura el 7 de marzo de 1990 se mantuvo prácticamente inalterada durante más de 16 años. En dicha legislación se establecía que el rol del Estado en la educación corresponde sólo al de un ente regulador y protector, delegando la responsabilidad de educar en corporaciones privadas, y reduce la participación de grupos de estudiantes y funcionarios no-académicos en los establecimientos a su mínima expresión.
También la LOCE dio libertad para el establecimiento de centros educacionales, exigiendo requisitos mínimos, y en nombre de la ‘libertad de enseñanza’ no puso ninguna medida reguladora. La LGE no supera el enfoque mercantil de la LOCE, sino que la solidifica. Acepta el lucro y establece mecanismos de control de calidad del producto. O sea, ahora los ‘consumidores’ estudiantes tienen una ventanilla de servicio al cliente. Así, la LGE terminó reordenando el mercado educativo.

Mario Sobarzo, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), de la Universidad de Chile, considera que la aprobación de la LGE es un mensaje para los jóvenes que les dice “que no se va a considerar su opinión y aumentará las brechas de la desigualdad educativa”.
Sobarzo agrega que “los mismos tipos que aprobaron esta ley son los que destruyeron la educación pública desde mediados de los ’80. El problema venía instalado desde la ciudadanía, además de que las movilizaciones tenían una batería sólida de argumentos que acusaron que la crisis de la educación en el país es producto de estas ideas mercantilistas, las que terminaron por ser legitimadas por la LGE”.
Claudio Ibarra, del Grupo de Investigación Educación y Poder, sostiene que todo el proceso que parte con la llamada Revolución Pingüina termina siendo fagocitado por la clase política que administra el país. “La capitalización de este movimiento, pese a partir en las bases de estudiantes, la clase política lo subsume y crea una ilusión con el llamado Consejo Asesor Presidencial de que hay participación y que se conseguirían los cambios demandados. O sea, el movimiento en sí tiene un horizonte de derrota. A la emancipación le siguió la captura por parte de la clase política y el reajuste y adaptación del modelo de mercado en la educación”, sostiene Ibarra.
“No debemos olvidar que la derecha y la prensa en su primer momento apoyaron la movilización secundaria. Ellos vieron rápidamente que era la oportunidad de perfeccionar el modelo educativo heredado de Pinochet y hacerle algunos ajustes. Ya no somos un ciudadano de derechos, sino que un consumidor del producto educacional”, sentencia Ibarra.

ARTÍCULO 46, cualquiera puede enseñar
“Terminarán enseñando los profesionales que no encuentren pega»

El último día de marzo la comisión mixta de Educación terminó por aprobar la derogación del Artículo 46, inciso G, que exigía haber cursado una carrera docente para poder hacer clases en un colegio.
La indicación que permite a profesionales con más de 8 semestres de formación profesional hacer clases en colegios, sin necesidad de poseer conocimientos de docencia. A juicio de Juan Eduardo García Huidobro, presidente de la Comisión Asesora Presidencial de Educación y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, “se está dando una señal contradictoria. Por un lado se exige que las carreras de pedagogía impartidas en Chile deben estar acreditadas y, por otro lado, se permitirá que hagan clases personas que no han recibido una formación en específico para hacerlo”.
A juicio de García, dicho inciso generará dos problemas. Por un lado “invisibilizar el hecho de que el acompañamiento del aprendizaje de las generaciones jóvenes exige una especialización, que es el saber pedagógico, que es algo a cultivar, promover y profesionalizar”; y además “en una economía de mercado no serán los buenos profesionales los que terminen enseñando, sino que los profesionales que no encuentran pega en otras cosas”.
“Se generará un sistema que requerirá profesionales sin trabajo que mientras no lo encuentren, harán clases. Es posible que algunos sostenedores prefieran contratar a estos, degradando la calidad de la educación al resultarles más caro contratar a un profesional docente”, considera García.
A todo esto, acá nos preguntamos: ¿se operaría usted de una hernia con un periodista de este pasquín?

por Mauricio Becerra – Francisco Figueroa

El Ciudadano

RECUADROS:

¿Y QUÉ PROPONE EL MUNDO SOCIAL PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN?

Frase recurrente entre periodistas de televisión y ministros de Estado es que los estudiantes son “buenos para reclamar y malos para proponer”. Pero lo cierto es que desde 2005 estudiantes, profesores y apoderados han construido potentes propuestas para avanzar hacia una mejor educación en Chile. Aquí las resumimos.

DERECHOS EDUCATIVOS

• Consignar que es deber del Estado garantizar el derecho a una educación de calidad integral gratuita para todas las personas
• La Libertad de Enseñanza (en principio deseable) debe estar condicionada al bien común, la no discriminación y la abstención al lucro
• Incluir el derecho a la educación dentro de las garantías del recurso de protección
• Hacer prevalecer las garantías de los derechos sociales y colectivos por sobre los individuales
• Crear el derecho a la participación
• Incluir el respeto de los derechos educativos de los pueblos indígenas

FINANCIAMIENTO

• Financiamiento basal a las escuelas públicas
• Asignación de recursos vía presupuestos y no vía subvención por alumno
• Reglamentación de donaciones como fuente de financiamiento
• Condicionar la subvención estatal a los sostenedores privados al cumplimiento de criterios de utilidad pública educativa: no seleccionar alumnos, eliminar el cobro a las familias y existencia de consejos escolares
• Reforma tributaria que permita mejor distribución del ingreso y destinar a educación el 10% de las ventas del cobre

ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN

• Crear servicios públicos descentralizados que reemplacen a los municipios e integren un sistema nacional de administración de la educación pública
• Incluir la participación de los actores de la comunidad escolar a través de consejos de escuela y localidad resolutivos
• Ampliar la incidencia de los actores al currículum y la gestión educativa
• Fomentar redes  de colaboración entre las escuelas y la comunidad
• Crear equipos multidisciplinarios de apoyo socioeducativo
• Reorganizar y fortalecer el MINEDUC

CALIDAD Y PERTINENCIA

• La calidad de la educación debe ser integral
• Sistema de evaluación centrado en los procesos pedagógicos y no sólo en estándares de rendimiento
• Incorporar temáticas de interés ciudadano en el currículum escolar
• Fortalecer la educación técnica profesional de acuerdo a un proyecto de desarrollo nacional
• Movilización gratuita sin restricciones para los estudiantes
• Sistema de acceso a la ESUP que favorezca a los sectores populares

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

• Establecer un máximo de 50% de horas lectivas para una correcta planificación, evaluación, investigación e innovación pedagógica
• Estatuto docente para todos los profesores
• Disminuir el máximo de alumnos por curso a 30
• Crear una carrera profesional docente y una evaluación vinculada a ella
• Crear un sistema nacional de formación docente inicial y continuo
• Mejores condiciones de jubilación para los docentes

Estas propuestas fueron extraídas de documentos del Bloque Social por la Educación (2006), el Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios (2007), el Colegio de Profesores (2006, 2008) y la Red por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas (2008), entre otros, y recopilados por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH).
EDUCACIÓN Y MERCADO    La indicación número 8, a propósito de la LGE

Es probable que en los próximos días el parlamento apruebe la tan cuestionada LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, que nace como la salida generada por la clase política al proceso abierto por los pingüinos en el año 2006, cuando se puso de manifiesto la crisis del sistema educacional chileno y la crítica radical a un modelo que se sostiene en la competencia que genera y reproduce las desigualdades sociales.
El síndrome del gatopardismo aparece como un fenómeno recurrente en nuestra tan bullada historia; así la LGE intenta pasar como un amplio acuerdo nacional siendo que en lo sustantivo replica los pilares de la LOCE, la apabullada ley de amarre de la dictadura.
Actualmente la normativa en cuestión se encuentra en la comisión de educación del senado, donde se están discutiendo indicaciones presentadas por diversos grupos parlamentarios. Me parece necesario detenerse en la Nº8, dado que la discusión que ésta generó da cuenta de las pretensiones de quienes dicen representar a la ciudadanía.

La indicación número 8, presentada por un miembro del parlamento señala: “La educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las personas, tiene como cualidades esenciales el respeto de los derechos y la equidad”.
La indicación es concreta y se encuentra en el espíritu de lo que el mundo social ha venido posicionando desde 2006: el Estado debe garantizar a todas las personas sin importar su posición social o lugar de origen, el derecho a una educación de calidad, como diría mi madre, “algo de sentido común”.
Pero precisamente es eso lo que le falta a nuestros queridos representantes, sus elocuentes palabras los delatan:
PRIMER ACTO, “LA BUROCRACIA”
“La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, consideró que esta indicación es inadmisible e inconstitucional, porque el artículo 19 numeral 10° de la Constitución Política de la República sólo garantiza el derecho a la educación y no asegura a todas las personas una educación de calidad.”
SEGUNDO ACTO, “LA CONCERTACIÓN”
La señora Ministra de Educación advirtió que si se aprueba que la educación de calidad es un derecho fundamental se podría generar un gran conflicto con la gran mayoría de los establecimientos educacionales del sector público, porque varios de ellos aún no están en condiciones de alcanzar los estándares mínimos de calidad.
TERCER ACTO, “LA DERECHA”
El Honorable Senador señor Chadwick indicó que no apoya el concepto de educación de calidad como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, porque estimó que esto sería inviable y no sería factible de ser medido.
El acto final es obvio. La indicación número 8 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la comisión, lo que es bastante decidor dado que representa de manera expresa la incompatibilidad entre un modelo regulado por el mercado y la competencia y la existencia de garantías de acceso a educación de calidad para todos los chilenos.
La LGE no puede garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes de este país, dado que es el mercado el que debe generar y distribuir este bien. La ecuación es bastante sencilla, el sistema solo funciona si existen colegios que ofrecen un mejor servicio que otros. En función de eso es que tienen sentido instrumentos de «medición» o más bien rankeo como el SIMCE o la misma PSU. El gran problema es que el sistema no da lo que promete.
Frente a este intento de profundizar la irracionalidad en el ámbito educacional, el mundo social debe ser capaz de generar una propuesta que ponga en el centro a la colaboración de los diversos agentes y no a la competencia, que desde sus orígenes sea profundamente democrática en su elaboración y no sancionada entre cuatro paredes como la LGE y que en definitiva se encuentre orientada a desarrollar este bien tan preciado para una sociedad como lo es la educación, que desde ya se  avizora como el cobre del siglo XXI. No perdamos esta hermosa oportunidad.

Nicolás Romero


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