Francisco Soberón (APRODEH): “Hay que aclarar hechos ocurridos en la Amazonía”

Ya ha pasado más de un mes desde la violenta represión en la Amazonía peruana con la que el gobierno de Alan García respondió a la protesta organizada del movimiento indígena y de amplios sectores de la sociedad que pedían la revocación de unos decretos legislativos que afectaban la soberanía indígena sobre ese territorio y […]

Por Mauricio Becerra

23/07/2009

Publicado en

Entrevistas / Portada / Pueblos

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Ya ha pasado más de un mes desde la violenta represión en la Amazonía peruana con la que el gobierno de Alan García respondió a la protesta organizada del movimiento indígena y de amplios sectores de la sociedad que pedían la revocación de unos decretos legislativos que afectaban la soberanía indígena sobre ese territorio y la protección de uno  de los ecosistemas más importantes del país.

Luego de una semana de fuertes enfrentamientos que dejaron 50 muertos entre civiles y policías, un número considerable de heridos y algunos  desaparecidos,  el Congreso retiró dos de los decretos cuestionados.

Un relato de lo que pasó y los puntos pendientes lo entrega Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de  Perú.


En los días de la violenta represión en Bagua hubo testimonios de fosas comunes en Bagua y de cuerpos de indígenas arrojados desde los helicópteros a los ríos Marañón y Utcubamba. ¿Ustedes pudieron aclarar estas noticias?

– Sí, fueron testimonios de personas que estuvieron en la zona el día de los hechos y dijeron que vieron cómo se llevaban los cadáveres en helicópteros y los tiraban al río. Otros dijeron que los mataron al margen del río. Y luego los arrojaron al mismo.

¿Hay casos de desaparecidos en Bagua? ¿Cuántas denuncias recibieron?

– Hubo muchas situaciones irregulares, como por ejemplo, que en la zona de la “Curva del Diablo”, estuvo impedido el ingreso de personas, periodistas, familiares, organismos de derechos humanos, durante 5 días. Esta situación originó que la población en general sospeche de posibles desapariciones. Durante la primera vez que como organismo de derechos humanos nos hicimos presente, el 6 de Junio, se recibió innumerables denuncias de personas de las que no se conocía su paradero. En esa oportunidad elaboramos una lista de 68 personas desaparecidas. Durante la misión de la FIDH, se señalo la necesidad de seguir investigando y de la lista en mención quedaban 11 personas por ubicar. A estas alturas, hay un grupo de 9 nombres que estamos tratando de resolver su situación.

– También durante la visita de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a la comunidad  Wawas, los indígenas refirieron que existían desaparecidos en las zonas del río Santiago y del Cenepa, conforme sus dirigentes les habían informado. No hay denuncias, a la fecha, de casos particulares, con nombre y apellido.

¿Cuántos presos hay en las cárceles y cuáles son sus condiciones de detención?

– Actualmente hay 18 personas con detención definitiva y se encuentran el establecimiento penal de Chachapoyas, lugar para presos sentenciados, pese a que esta no representa su condición carcelaria.

¿Cuál es la situación legal del líder indígena Alberto Pizango?

– Actualmente procesado y con orden de captura en diferentes juzgados tanto de Utcubamba en Bagua Grande, así como en Lima.

Se sabe que la Policía Nacional está llevando las investigaciones por la muerte de algunos civiles. ¿Cómo es posible si miembros de la misma Policía Nacional están acusados de haber matado civiles en Bagua?

– Justamente ese es el principal problema que encontramos en la investigación preliminar que nosotros hemos reactivado con la denuncia de 7 personas por delitos de homicidio y lesiones graves. También se comunicó a la Fiscalía de la Nación sobre esta irregularidad en la investigación de la muerte y lesiones de los civiles nativos y no nativos. Solicitamos que la investigación sea realizada en despacho fiscal.

¿El Gobierno permitió que misiones internacionales viajaran hasta Bagua para que sean aclaradas las denuncias de violaciones de derechos humanos contra los indígenas?

– Si dijéramos que el gobierno puso obstáculo para la labor de las misiones internacionales, de manera directa, la respuesta sería no. Desde Aprodeh promovimos la visita de una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la misma que se realizó del 16 a 19 de junio, con el objetivo de investigar los sucesos ocurridos el 5 y 6 de Junio en el marco de la huelga amazónica, e identificar las violaciones de derechos humanos que se dieron y las responsabilidades de los actores involucrados. La Misión FIDH, integrada por el mexicano Rodolfo Stavenhaguen, ex relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la religiosa ecuatoriana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), llegó la mañana del miércoles 17 de junio a Bagua para reunirse de inmediato con los dirigentes indígenas, con miembros del Consejo Municipal de Bagua, así como representantes de la Iglesia. Durante su permanencia en Lima, la Misión sostuvo reuniones con diversas autoridades, entre ellas, el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, así como con los ministros de Justicia, Rosario Fernández; el Ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz; entre otros representantes del Ministerio del Medio Ambiente, de la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y del Congreso de la República.

¿Pero hubo algún hecho irregular?

– Sí, hubo hechos relevantes como por ejemplo, el irregular traslado de los 18 detenidos del Penal de Bagua Grande hacia el Penal de Bagua Chico, un día antes que llegara la misión de la FIDH. Este es un hecho que llama la atención porque, coincidentemente, durante la noche existía el toque de queda, de 9 de la noche a 6 de la mañana, además por esos días la carretera hacia Chachapoyas estaba cerrada por trabajos, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto implicó que los comisionados no pudieran entrevistarse con los detenidos para que les digan si sus derechos fueron respetados, o si fueron torturados. Así se hubiera descubierto que alguno de los 4 internos que fueron trasladados de la Comisaría de Bagua Chicha al Penal de Bagua Grande fueron  golpeados por personal policial.

¿Cómo es la situación ahora en la Amazonía? ¿Ha sido levantado el estado de sitio?

– Se levantó el toque de queda pero el estado de emergencia no ha sido levantado.

¿Cómo avanza el diálogo entre los representantes de las comunidades indígenas y el Gobierno?

– Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso de la República, el 19 de junio. Sin embargo, pese a que esta medida logró aquietar la situación de tensión entre las partes, el diálogo se ha visto truncado pues un buen grupo de dirigentes nativos regionales y de Lima están siendo investigados y otros tantos tienen orden de captura. Las organizaciones indígenas tienen entre sus demandas el cese a la persecución judicial de sus dirigentes y estos vienen siendo denunciados, procesados y tienen órdenes de captura.

¿Qué se necesita para lograr un diálogo que supere esta situación?

– Creemos que las posibilidades para un diálogo nacional en torno al gran tema del desarrollo de la amazonia peruana solo puede darse a partir del esclarecimiento de los hechos ocurridos entre el 5 y 6 de junio, y con la plena participación de los pueblos indígenas.

Puede contarnos brevemente sobre la situación del respeto de los derechos humanos en Perú actualmente.

– Luego de lo sucedido en Bagua y lo que es el procesamiento a personas ligadas al partido de gobierno por actos de corrupción podemos señalar que el respeto a la vida humana y a los derechos del detenido, así como a las garantías del debido proceso se han estancado o dejado de lado. No hay intención del gobierno en investigar los caso de violaciones a los derechos humanos, salvo el caso televisado del juicio a Fujimori, pero los casos en los que están investigados gente cercana al régimen actual como el Frontón, Rodrigo Franco se siguen lentamente con visos de impunidad, con resoluciones judiciales declarando la prescripción como el caso El Frontón o dilatando para conseguir excarcelaciones por exceso de detención. Hay, a su vez, una vulneración a los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y violación al debido proceso de muchos ciudadanos organizados, la mayoría dirigentes, que han venido ejerciendo sus derechos a la protesta social. A su vez, hay impunidad frente a los casos de personas que han muerto en situaciones de protesta social, a manos de miembros de la Policía Nacional. El número de estas víctimas mortales se ha incrementado considerablemente en el presente gobierno, así como el número de conflictos sociales.

Annalisa Melandri

http://www.annalisamelandri.it

El Ciudadano

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