18 de octubre de 2019: El día en que los abusados de Chile dijeron ¡Basta! Las 23 causas de la Revuelta Popular

Por Jorge Molina Araneda

Este artículo está dedicado a Javiera Molina Huerta… Que tus múltiples colores de honestidad jamás sucumban a las injusticias y falacias de la sociedad.

De acuerdo al historiador Gabriel Salazar (2019):

“Chile ha tenido, desde el siglo XVI, un «bajo pueblo» demográficamente mayoritario pero majaderamente maltratado, el pueblo mestizo. Desde el siglo XVII y hasta el día de hoy, el pueblo mestizo ha constituido entre 52% y 68% de la población nacional. Nació como un pueblo sin territorio, sin acceso legal a la propiedad, sin memoria propia, sin lenguaje propio y –por decisión del rey de España y después por conveniencia de la oligarquía mercantil chilena– sin derecho escrito.

No siendo «sujetos de derecho», desde 1600 hasta 1931 (año en que se sancionó el Código del Trabajo), los hombres y las mujeres del pueblo mestizo chileno pudieron ser abusados impunemente en todas las formas imaginables, incluyendo la violación, la tortura y la muerte.

Debe tenerse en cuenta que en Chile, desde 1973, se impuso por la violencia extrema un modelo neoliberal «de laboratorio», por la necesidad estratégica de demostrar, en el marco de la Guerra Fría, que la economía de mercado podía generar «desarrollo económico social» y no solo «subdesarrollo», como se planteó en el Tercer Mundo en las décadas de 1960 y 1970.

Los gobiernos neoliberales de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), sin atender a la dirección a la que apuntaba el movimiento ciudadano, no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo neoliberal original dándole una apariencia modernista, democrática y futurista. Todo ello bajo el apotegma de que Chile era el «jaguar» de América Latina, una analogía con los «tigres» del Sudeste asiático… De este modo, privatizaron la educación, la salud, el agua natural y potable, la previsión, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, los bosques y las salmoneras y permitieron gigantescos entendimientos ilegales entre las grandes empresas y multimillonarios desfalcos y evasiones tributarias. Al mismo tiempo, la clase política civil se consolidaba como «carrera profesional» altamente remunerada, mientras persuadía a la clase política militar a compartir responsabilidades y la defensa de una fluida inserción de Chile en la economía globalizada, para permitir que las grandes inversiones extranjeras continuaran dentro del país impulsando su «desarrollo». Esta política descargó un enorme peso sobre los ingresos de la clase popular y en los grupos medios.

En ese contexto, el gobierno (de derecha y neoliberal puro) que, paradojalmente, fue elegido por segunda vez –no consecutiva– con una mayoría significativa, se sintió cómodo para iniciar una serie de propuestas legales tendientes a perfeccionar aún más la rentabilidad empresarial, apostando a que esa rentabilidad es la base del desarrollo excepcional de Chile, un modelo neoliberal que es ya el más perfecto del orbe. Enceguecido por su triunfo electoral, Piñera no tomó en cuenta la cuádruple caldera de presión que tenía bajo sus pies”.

El movimiento mapuche desde fines de la década de 1990; el movimiento estudiantil, secundario y universitario: mochilazo, en 2002; revolución pingüina, en 2006; movimiento por la educación pública, en 2011; el movimiento “No + AFP” desde 2016; el “mayo feminista” de 2018; los diversos movimientos socioambientalistas y de lucha por el agua y los territorios; las luchas y huelga de los profesores en 2018 y el estallido social de 2019 son el fiel reflejo del malestar que latía en este falso oasis de crecimiento económico y estabilidad política llamado Chile.

El consenso se movía en dos direcciones: a) La desigualdad estructural de la sociedad chilena; b) La acumulación de abusos y alzas en los servicios públicos de luz y transportes, de salud (sobre todo, medicamentos), viviendas e incluso de productos de primera necesidad. Se podrían sumar otras razones, como la precarización de los derechos sociales y el creciente endeudamiento de la población, especialmente la más pobre con las tarjetas de crédito, que van desde el supermercado hasta la ropa, el auto y los artículos electrónicos. Las pensiones de hambre y el sistema de AFP, los bajos salarios, el sistema de educación pública, que solo se pudo cambiar parcialmente, el sistema de salud pública, el acceso a vivienda, etc.

En suma, las largas sombras de la dictadura implicaron que la política fuera monopolio de los poderes de facto, especialmente del gran empresariado y de los partidos políticos; que la promesa de la transición, de que “la alegría ya viene”, solo alcanzó para algunos y excluyó a las grandes mayorías, que solo fueron vistas como objeto de políticas públicas –administradas por variados tecnócratas- y nunca como derecho a la participación y a la iniciativa del propio pueblo. En la larga transición se democratizó relativamente el acceso al poder del Estado, pero no la sociedad y su derecho a la participación. La Constitución de 1980, hecha aprobar por la dictadura, garantizaba eficazmente este derrotero.

La actual revuelta en Chile, que comenzó contra el alza el pasaje del metro, desnudó la realidad de un país que durante años fue tomado como un ejemplo del éxito neoliberal. El cuestionamiento profundo a la herencia del pinochetismo dejó expuesta la miseria y la precarización social de millones de personas, mientras que una casta empresarial y política se enriquece cada día más. Una fractura social que pareció haber tocado fondo.

Vivimos en un país dual, un país para pobres, con un segmento que camina hacia la clase media, y un país para ricos, con su propio segmento de clases medias prósperas. Esta dualidad tiene expresiones visibles y manifiestas; salud para ricos y para pobres; educación para ricos y para pobres; barrios y viviendas para ricos y para pobres. Es decir, la reproducción “moderna” del viejo e histórico clasismo chileno, que en esta coyuntura estalla, como muchas otras veces en la historia de Chile, en la cara de los poderosos.

De acuerdo al exdirigente sindical de cuero y calzado, don Juan Jara Ilabaca (período dirigencial: 1965-1973), el modelo económico capitalista fue implantado en Chile para beneficio de los grandes empresarios en detrimento y, con la clara finalidad, de subyugar a la clase trabajadora más desposeída, para aumentar las excesivas rentas de los primeros, sin modificar las desiguales estructuras que hasta el día de hoy  mantienen en la carestía y vulnerabilidad a los verdaderos creadores de la riqueza, es decir, los trabajadores.

A los grupos en el poder, la protesta y el estallido social los sorprendió, no lo pudieron prever y tal vez, tampoco lo imaginaron. Esta situación es reveladora de la escisión y la distancia de la política para con la sociedad, del desacoplamiento de lo social y lo político, base sobre la cual se organizó la transición a la democracia, que excluyó y subordinó a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura. Este fue de algún modo, el resultado de la adaptación de la centro izquierda (demócratas cristianos, socialistas y miembros del PPD) a la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal. La primera adaptación -a la Constitución de 1980- condujo a la “elitización” u “oligarquización” de la política; la segunda adaptación -al modelo neoliberal- condujo a la “mercantilización” de la vida social (y de paso a la colonización del Estado por los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, con sus reiterados episodios de corrupción). En este contexto, tanto la derecha, por razones obvias, como la centroizquierda se asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos (especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos) y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos. Se hicieron todos, hombres y mujeres funcionales y pragmáticos (as). Es contra esta forma de ejercicio de la política, desprestigiada en el tiempo y con débil legitimidad que estalló en estos días la protesta social exigiendo cambios profundos que atiendan las demandas ciudadanas y populares.

He aquí, entonces, una breve anatomía de Chile, que debe cambiar tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Nuestro país y sus ciudadanos han sido saqueados por sus cúpulas políticas, empresariales y dirigenciales. Este es el Chile que a partir del 18 de octubre de 2019 gritó ¡basta!.

-Constitución Política (1980): ideada y plebiscitada bajo un régimen de terror que mantenía al país sometido a la cúpula militar y empresarial que se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economía neoliberal extremo. La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados. No existía libertad de prensa, derecho de reunión ni de asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde el mismo día de la defenestración de Allende.

Uno de los modelos asumidos por la ilegítima Carta Magna de 1980 fue la privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; también áreas como la educación y la salud siguieron el mismo esquema. De acuerdo con esta política, el Estado dejó de ser proveedor de los principales servicios públicos del país, y asume un papel de supervisor de estos. El actual Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos, por lo que se consagra un sistema económico que no proporciona servicios básicos, como atención médica ni pensiones dignas para millones de chilenos.

Asimismo, privilegia la libertad de quienes proveen los servicios anteriormente mencionados y la de aquellos que pueden pagarlos. Otro de los aspectos más significativos del contenido constitucional es que se requiere de supramayorías parlamentarias para realizar reformas en este.

-Pueblos indígenas: en 1978 la dictadura dictó una ley que dio fin a las medidas de Salvador Allende que denominaban los terrenos históricamente en disputa como «tierras indígenas», traspasando los derechos de las hectáreas recuperadas por los mapuche a dominios privados. Hoy los mapuche que mantienen la lucha por sus tierras son perseguidos, reprimidos y asesinados, siendo juzgados bajo la Ley Antiterrorista, creada por Pinochet en 1984, la que lleva a cabo procedimientos y condenas más duras.

-Crédito con Aval del Estado (CAE): si en el 2006 el CAE representaba el 2,4 % del presupuesto para Educación Superior, hoy supera el 24,4% y, además, el fisco comprometió $553.564 millones para el 2019. Según la última edición del estudio de Fundación SOL, Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE, entre 2006 y 2018 los bancos han entregado 7.657 millones de dólares en créditos CAE, unos 5,3 billones de pesos chilenos (millones de millones) a más de 870 mil estudiantes. Si comparamos, la deuda total de los deudores CAE, esta equivale al 10,4% del Presupuesto Nacional del año 2019. Este gran monto de crédito, entregado a estudiantes que proyectaban poca seguridad laboral y bajos sueldos al egresar, no era rentable para la banca, por lo que tras la aprobación de la Ley CAE en 2003, se ideó un modelo de negocio donde el Estado pagaría las ganancias no recibidas por los bancos. Más de la mitad de estos créditos ya han sido “recomprados” por el Fisco a los bancos, los que además de cobrar el interés de un 6% original que tiene el CAE, cobra otro “sobreprecio” al Estado, que es llamado “recarga”, la que en promedio llega a un 25% por cada crédito. Este mecanismo fue ideado en el reglamento de la Ley del CAE y fue la clave para que la banca se hiciera parte del sistema de financiamiento, a fines del Gobierno de Ricardo Lagos y principios de la primera administración de Michelle Bachelet. El informe establece que entre 2006 y 2018 el Fisco ha recomprado el 53,7% de los créditos CAE, que por esta recompra pagó $3,59 billones (millones de millones), de los cuales $734.105 millones corresponden a la recarga. Es decir, el Estado ha pagado más de un millón de dólares en sobreprecio a los bancos. El 2018 es de los años en que el Fisco ha pagado uno de los montos más altos por la recompra: $78.555 millones. Como la cantidad de créditos otorgados bajó de 299 mil en 2017 a 269 mil en 2018, el Estado recompró menos créditos que el año anterior, pero el monto de esa recompra aumentó en $10 mil millones respecto al 2017. La cantidad de billones de pesos entregados por el Fisco a las entidades bancarias echa por tierra la tesis de la falta de financiamiento para ampliar la matrícula de educación superior a principios de los años 2000. “El argumento de la escasez de recursos para acudir a la banca, claramente dejó de ser válido”, destacaron en el informe. El análisis de Fundación SOL definió que el 90% de los créditos CAE ha sido entregado a tres bancos: Scotiabank, Itaú-CorpBanca y Banco Estado. Además, los bancos Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank han sido los más beneficiados con la recompra y concentran más del 50% de los créditos recomprados. Por otra parte, el BCI ostenta el mayor porcentaje de sobreprecio pagado por el Estado, el que llega a un 55,6%.

-ISAPRES: según la Fundación SOL (2023), entre 1990 y 2022 el sistema de ISAPRES ha acumulado ganancias por más de $1,3 billones (a diciembre de 2022), teniendo resultados negativos en 3 oportunidades, en un periodo de más de 30 años.

-Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): a diciembre de 2019, el 50% de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil (en estricto rigor $145 mil, si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario -APS- del Estado). De las siete AFP que operan en Chile, cinco lograron ganancias superiores a los $100 millones diarios en 2020. Habitat obtuvo en diciembre $351 millones por día. ProVida logró más de $211 millones de pesos diarios. AFP Capital, más de $163 millones diarios, mientras que Cuprum obtuvo $124 millones diarios. Modelo logró $106 millones de pesos diariamente. PlanVital solamente alcanzó utilidades de $59 millones por día y la AFP Uno solo tuvo pérdidas en diciembre. En conclusión, más de mil millones de pesos en utilidades por día en 2020. Una cifra importante, dado que en paralelo el país vio retroceder la economía debido a los efectos de la crisis sanitaria. En resumen, el año 2020, registraron ganancias por $332.818 millones.

De acuerdo a la Fundación SOL, en mayo de 2023 recibieron su primera pensión de vejez autofinanciada más de 13.700 personas, de las cuales el 53,1% corresponde a mujeres. La mitad de este grupo alcanzó a financiar una pensión menor a $52.809. En el caso de los hombres, la mitad alcanzó a financiar menos de $166.473 como pensión.

Si observamos con detalle, podríamos mirar a los grupos de hombres y de mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años, casi una carrera laboral completa, posiblemente con pocas lagunas. Para el caso de las mujeres, la mitad de quienes cotizaron ese tramo de años alcanzó a autofinanciar una pensión menor a $303.758, mientras que en el caso de los hombres la mitad autofinanció menos de $314.568.

Además, el beneficio que genera el actual modelo de AFP al sistema financiero es enorme, por eso la gran resistencia a sustituirlo por uno de seguridad social. Al 30 de junio de 2023, 14 Bancos recibían inversiones por US$31.212 millones desde el fondo de pensiones que administran las AFP. Este monto es equivalente a un 9,3% del PIB.

-Precio de los medicamentos: los medicamentos originales son 38% más caros en Chile que el promedio de precios de los países de Latinoamérica. Así lo muestra un estudio hecho por la consultora IMS Health, que se define como el proveedor líder mundial de inteligencia de mercado para las industrias de esta naturaleza. Según sus informes, Brasil es el país que tiene los medicamentos originales más baratos, con un costo promedio de 14,5 dólares por envase, una cifra que casi se duplica en Chile, con una media de 28,5 dólares por este tipo de fármacos. En una entrevista el creador de la Yapp, una aplicación que permite comparar los precios de los medicamentos en Chile, señaló que las cifras entregadas por el estudio no son sorprendentes, agregando que en Chile, “el 85% de los gastos en medicamentos viene del bolsillo, solo el 15% viene por cobertura de seguros. En otros países, esto llega a un 30% o 40%”. A mayor abundamiento, el gasto de bolsillo en salud de una familia promedio, es decir, lo que desembolsa cada mes y que no es cubierto por los seguros, Isapres o el Fondo Nacional de Salud, aumentó en 50% entre 2012 y 2016. Este tipo de circunstancias tiene directo impacto sobre las personas, hay que recordar que solo en medicamentos, un hogar con una salud promedio relativamente normal, destina $150.000 cada año, siendo el principal ítem de gasto en el rubro, justamente debido al alto precio de los fármacos y a la poca cobertura que tiene este tipo de productos en los sistemas de seguro. Esta desfavorable situación es particularmente notoria en el caso de los fármacos originales, llamados innovadores porque tienen la patente del principio activo y que suelen ser los productos más actuales para dar tratamiento a distintas enfermedades. En promedio, este tipo de medicamentos se comercializa a US$28,5 en las farmacias nacionales, siendo el costo más alto de los países analizados, superando en 38% el precio de venta promedio de la región. A título de ejemplo, en Argentina se paga en promedio US$ 17,6 por este tipo de productos.

-Sueldos: de acuerdo a Gonzalo Durán, la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) es el principal instrumento que tiene el Estado para observar la situación de los salarios y otros ingresos provenientes del trabajo. La levanta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) todos los años desde 1990 y tiene la particularidad de representar a todos los tipos de ocupación, incluidas las formas de empleo “atípico” e informal.

Según los resultados de la última ESI, publicada en agosto y correspondiente a 2022 (existe un año de rezago), el ingreso laboral promedio es de $758 mil líquidos cuando se incluyen todas las fuentes posibles, esto es, sueldo base, bonos esporádicos, anuales, horas extras, etc. Ahora bien, como es sabido, el promedio no es una medida adecuada para describir la realidad cuando existen grandes desigualdades. Como diría Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Este es ciertamente el caso de Chile.

Un indicador más apropiado es la mediana, que consiste en ordenar los ingresos de las y los trabajadores de mayor a menor y ver dónde está el punto medio (esto se puede hacer procesando los microdatos de la ESI). Esto muestra que la mediana es de $503 mil, lo que significa que la mitad de las y los trabajadores obtienen ingresos por su trabajo “de ahí para abajo”. Otro dato: el salario mediano en 2022 es más de $22 mil inferior al publicado en 2017 (datos ajustados a la inflación).

Con la ESI 2022, podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿es posible sacar a un grupo familiar de la pobreza con estos salarios? En concreto, al procesar los datos, encontraremos que el 55,3% del total de personas ocupadas en Chile, no podría sacar a una familia promedio de la pobreza con los ingresos laborales disponibles (62,4% en el caso de las mujeres y 50% para los hombres), lo que muestra el alto nivel de precariedad en el mundo del trabajo.

El 70% de quienes trabajan como cuenta propia gana menos de $455 mil y la mitad gana menos de $302 mil, según ESI 2022.

En cuanto a dependencia laboral, también hay una brecha evidente. Se estima que existen 1,1 millones de trabajadores asalariados externos (subcontratación y suministro). Los trabajadores directamente contratados, en promedio perciben salarios 15,1% mayores que los externos y esa brecha supera el 80% en sectores tales como minería, administración pública y actividades financieras, entre otros. Además, se registran 1.164.736 de “falsos asalariados”, vale decir, personas que no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, no tienen acceso a cotizaciones de salud, ni previsión, ni seguro de cesantía. Tampoco se rigen por las normas del Código del Trabajo (no pueden constituir sindicatos ni negociar colectivamente). De ellos, el 80% gana menos de $454.000. Asimismo, en Chile hay casi 840 mil subempleados, y el 50% gana menos de $176 mil.

-Informalidad laboral: siguiendo a la Fundación SOL (2023)…

“El 41,9% de quienes se emplean en la agricultura trabajan en la informalidad, el mayor porcentaje entre el conjunto de ramas de actividad. El promedio nacional llega a un 26,9%.

En tanto, el 36,2% de quienes trabajan en la construcción lo hacen en la informalidad, siendo esta la segunda rama de actividad con mayor informalidad, valga la redundancia, detrás de la agricultura”.

-Endeudamiento: según los datos del XXIX Informe de Deuda Morosa Universidad San Sebastián-Equifax, en Chile se registraron 4,9 millones de deudores morosos a junio de 2020, con un monto promedio de la morosidad de $1.894.721. Además, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (VIII EPF) del INE, más del 70% de los hogares está endeudado. Se trata de un fenómeno que ha tomado características estructurales. De hecho, para el tramo de edad entre 25 y 44 años, mientras se contabilizan 3,67 millones de ocupados (tienen trabajo), se registran 2,49 millones de morosos, lo que equivale a casi un 70%. Además, el 71,1% de los morosos a nivel general ha permanecido en morosidad y no salió de esa condición durante 2019. En el Gran Santiago, las 9 comunas que presentan mayor nivel de personas morosas en relación con el total de habitantes mayores de 18 años son: San Ramón, Lo Espejo, La Pintana, El Bosque, Cerro Navia, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado y Conchalí. Todas estas comunas, precisamente, concentran un mayor número de hogares que registran ingresos medios o bajos, y el porcentaje de personas morosas se ubica entre 51,3% y 43,8% de sus habitantes mayores de 18 años de edad.

Hoy, en 2023, el 70% de los hogares se encuentra endeudado, la mayoría de ellos con fines de consumo y no para aumentar su patrimonio (como ocurre con los préstamos hipotecarios). Además, casi cinco millones de personas están en mora (incapaces de hacer frente a sus obligaciones). Esta salida del problema de los bajos salarios es muy buena para los bancos, pero también para mantener las cosas como están, en el sentido de que la deuda disciplina los comportamientos (Marambio, 2022), ya que obliga a ser más cumplidora o cumplidor, sumisa o sumiso, para no perder la fuente de ingresos que permite pagar a los acreedores.

-Desigualdad: de acuerdo a la Cepal (2017), en Chile el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿Un elevador descompuesto? Cómo promover la movilidad social (2018) afirma grosso modo que como la desigualdad en los ingresos aumentó desde la década de 1990, la movilidad social se estancó; eso significa que menos gente en la parte inferior de la escalera social ha podido ascender, mientras los más ricos han mantenido sus grandes fortunas. Luego, considerando los actuales niveles de desigualdad y la movilidad intergeneracional de los ingresos, un niño de una familia pobre necesitaría en promedio por lo menos cinco generaciones para alcanzar un nivel medio de ingresos en los países de la OCDE. Asimismo, dicho informe señala que en naciones con alta movilidad social y baja desigualdad, los nacidos en familias de bajos ingresos tardarían entre tres y cuatro generaciones en acercarse al ingreso medio de la sociedad. En tanto, los nacidos en Estados de baja movilidad social y alta desigualdad, podrían requerir hasta once generaciones. En el caso particular de Chile, la movilidad social ascendente tarda en promedio la friolera de seis generaciones, es decir, 180 años aproximadamente.

-Utilidades de los bancos: Los bancos que operan en el sistema financiero chileno obtuvieron ganancias por $420.770 millones en mayo.

En cuanto al desempeño individual, las ganancias en el período enero-mayo siguieron siendo lideradas por Banco de Chile, con $497.717 millones; seguido de Bci, con $304.644 millones, BancoEstado con $278.326 millones y Banco Santander con $225.446 millones.

Asimismo, como mencionamos en el tópico de las AFP, al 30 de junio de 2023, 14 Bancos recibían inversiones por US$31.212 millones desde el fondo de pensiones que administran las AFP. Este monto es equivalente a un 9,3% del PIB.

-Educación: de acuerdo a la economista Andrea Repetto (2012), en Chile el apellido tiene un poder predictivo relevante en los ingresos. La estratificación social es persistente. En otras palabras, hay una cierta movilidad social, pero con techo. El estudio Desigualdad, segregación y resultados educacionales (2014) del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizó un cruce entre los datos de remuneraciones promedio y puntajes Simce según la proximidad de domicilio con una estación del metro en que viva una familia, encontrando estrechas correlaciones entre el lugar donde se vive, el grupo socioeconómico y resultados académicos. Los resultados del SIMCE de 2017 reflejan que no hemos logrado acortar las brechas socioeconómicas de manera significativa. En Lenguaje la diferencia está entre 50 y 60 puntos en todos los niveles educativos, mientras que en Matemáticas la brecha comienza con 60 puntos en 4º básico y aumenta hasta 105 puntos en 2° medio”. Luego, la diferencia entre estudiantes de sectores socioeconómicos alto y bajo es de dos años.

-Deuda histórica de los profesores: es el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551, pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores.

Por tanto, hay una nómina de docentes de entre 1980 y 1987 que perdieron estos beneficios y los reclaman de vuelta. Se estima que son cerca de 70 mil las personas afectadas en este periodo, de las cuales ya fallecieron al menos 20 mil. Son diferentes las proyecciones a cuánto es el monto total que quedó adeudado en este proceso. Sin embargo, este varía entre US$8.800 millones (Libertad y Desarrollo) y US$17.000 millones (Colegio de Profesores).

-Medicina: Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE. Menos del 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos.  La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 x 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud. El gasto de bolsillo en salud es elevado en Chile: 4,6 por ciento mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,86 por ciento, lo cual, en términos de equidad social, revela una de las deficiencias más graves del sistema.

-Humillación social general: de acuerdo al informe How’s Life (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo. Según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos aumentaron en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid-19 esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares. Los médicos siempre pidieron a la población lavarse las manos varias veces al día para evitar el contagio de coronavirus pero, de acuerdo a los datos del censo 2017, hay 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable. El 56% de las viviendas en la Región Metropolitana son menores de 70 m2; siendo las 3 comunas con viviendas de menor área: María Pinto con 47,8 m2, San Pedro con 48,37 m2 y La Pintana 48.48 m2. En los sectores acomodados, los promedios del tamaño de las viviendas son: Lo Barnechea, 169,1 m2; Vitacura, 154,5 m2 y Las Condes 116,6 m2.

-Pobreza: la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) correspondiente a 2022 mostró que hay 1.292.521 personas en situación de pobreza y 397.963 personas que están dentro de la línea de la pobreza extrema.

En Chile la pobreza se mide a través de los reportes de hogares de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En ella se calculan los ingresos de los hogares, que para la gran mayoría provienen del trabajo, pero también reportan los subsidios del Estado, y el alquiler imputado. La Fundación SOL concluyó que, si se tienen en cuenta solo los ingresos autónomos, principalmente del trabajo y las pensiones contributivas, la pobreza oficial sería de casi el 30 por ciento de la población nacional.

-Canasta básica de alimentos: en 2020 el costo de una canasta básica de alimentos alcanzaba a cerca de un tercio del monto del salario mínimo líquido mensual, lo que colocaba al país en el rango del medio global. Una canasta básica de pan, leche, huevos, arroz, queso, carne, frutas y verduras costaba unos $70.386, de acuerdo con un estudio de Picodi.com (2020).

En mayo de este año el valor de la canasta alcanzó los $63.741.

-Vivienda: en Argentina es un 47% más barata que en Chile. Incluso, nuestro país aparece en algunos listados como uno de los que tiene los precios más altos de arriendos en toda Latinoamérica. De acuerdo al Índice de acceso a la vivienda (2018), de la Cámara Chilena de la Construcción, Chile está entre los países donde tratar de adquirir un bien raíz es “severamente no alcanzable”. Santiago es más caro que Miami. Lo anterior significa que una familia promedio debe destinar 7,6 años de sus ingresos totales para financiar un inmueble. Siguiendo este informe, el costo de comprar una casa o un departamento se ha incrementado en casi 68% en ocho años, mientras que los ingresos de las familias solamente han subido un 24,7%.

-Transporte Público: de acuerdo a un sondeo realizado por el periódico financiero La República (2019), de Colombia, Chile es uno de los países con los precios del transporte más alto, siendo superado sólo por Montevideo, donde cuesta 38 pesos uruguayos, es decir, US$1. Le siguen Lima, a US$0,74, y Sao Paulo, donde el pasaje -tanto el Metro como en los autobuses- cuesta US$0,72.

-Privatización de las aguas: con el Código de Aguas (1981) se permitió la apropiación particular sin costo de las aguas y de por vida, separándolo de la propiedad de la tierra. Estos derechos se repartieron en gran cantidad en aquella época, y fueron los empresarios afines al Golpe de Estado los principales beneficiados. Se instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con este. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional de este recurso, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso, de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del agua con la tierra.

-Tarifas de agua potable y electricidad: a nivel nacional, en tanto, las tarifas de agua y saneamiento presentan una variabilidad significativa, siendo la más alta, a nivel de capitales regionales, la que pagan los habitantes de Coyhaique. En aquella zona la tarifa, del año 2021, por m3 es de US$3,43. Otras tarifas son: Antofagasta (US$3,10), Copiapó (US$3,05), Iquique (US$2,61), Punta Arenas (US$2,52), Puerto Montt (US$2,39), Valparaíso (US$2,21), Arica (US$2,21), Concepción (US$1,68) y Santiago (US$1,45). En cuanto a la electricidad, en 2017, el valor es uno de los más altos entre los países sudamericanos. La tarifa es de 15,80 centavos de dólar por KWh ($105), superando el promedio de 10,21 centavos de dólar ($65). Así lo reveló un análisis del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano del año 2016. Los valores fueron comparados a partir de las tarifas de la empresa  Enel. Así las cosas, los precios de la energía eléctrica en las residencias chilenas son superadas solo por Perú. En cuanto a los precios en energía eléctrica para industrias, la tarifa chilena es de 8,89 centavos de dólar por Kwh ($59) frente al promedio de 7,53 centavos de dólar ($52). Según el mismo análisis, Chile ocupa el quinto puesto en materia de precios con respecto a la energía industrial en América del Sur.

-Plan Laboral (1979): su propósito fue despolitizar a los sindicatos y eliminar la correa de trasmisión entre negociación colectiva y distribución del ingreso… Sin negociación por rama y con el derecho a huelga reducido.

El Plan Laboral muestra su inobjetable “éxito”: apenas el 13% de las y los asalariados participa en la negociación colectiva, que de por sí es de muy baja intensidad y eficacia dada la enorme fragmentación. Esto supone una enorme ventaja para los empresarios: significa que la organización del trabajo y el reparto de sus beneficios se reservan a una parte, y las y los trabajadores se enfrentan por lo regular a la lógica del “lo tomas o lo dejas” (Gonzalo Durán; Fundación SOL, 2023).

La evidencia dice algo más: la mejora de la negociación colectiva requiere un sistema multinivel en el que la industria, la rama o el sector sea el nivel dominante. En América Latina, tomemos el ejemplo de Uruguay, donde casi el 95% de las y los trabajadores negocian colectivamente a través de consejos de salarios, que son organismos sectoriales de negociación.

-Subcontratación: previo al DL 2.950, la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación. El año 2007, al legislarse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado“, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30 % (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja.

Biobío es la región con mayor externalización (junio-agosto 2023). El 22,1% de las personas ocupadas en la región se emplea mediante enganche, subcontrato o suministro. La mitad de las y los trabajadores externos gana menos de $533 mil.

El sistema capitalista neoliberal propaga la producción irracional del consumo ilimitado y la mercantilización de la vida personal y social, generando, así, oligarquías parasitarias que transgreden el principio del bien común, creando una cadena de crédito e interés, plusvalía y explotación del llamado capital humano.

Los paladines del liberalismo toman como natural y casi inconmovible el régimen capitalista y sus instituciones basadas en la propiedad privada de los medios de producción y desigualdad social producida por el antagonismo de clases.

¿Podemos vivir tranquilos y, por ende, no pasar grandes zozobras la gran mayoría de chilenas y chilenos a sabiendas que eso depende del tamaño de nuestra cuenta bancaria?

Finalmente, solo basta hacer una pregunta… casi retórica, ¿ha cambiado algo de la fisonomía de ese Chile que reventó un día de octubre de 2019?

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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