Rubén Rivas, Estebas Bustos y Gilberto Mendoza, presos políticos lautarinos del estallido social, se encuentran formalizados desde el 30 de octubre del año pasado y privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Se les imputa una barricada en las vías férreas, hecho que está en investigación.
La mañana de este miércoles, el 10° Juzgado de Garantía de San Miguel accedió al cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total a los tres jóvenes. Uno de los argumentos de su defensa fue la situación de emergencia sanitaria actual que afecta a Chile y el mundo, contexto en el que se prohibieron las visitas a los penales y las encomiendas fueron restringidas a una vez a la semana.
En las tres oportunidades anteriores en que se les ha otorgado el beneficio, el Ministerio del Interior ha apelado, debiendo los lautaristas regresar a prisión. «Esta vez esperamos que no haya esta apelación o que si la hay, que la Corte de Apelaciones mantenga lo que decide el Tribunal de Garantía, porque hasta ahora están accediendo a los cambios de medida cautelar a muchos de los presos políticos de la revuelta», declara Valeska Cornejo, pareja de uno de los jóvenes.
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