Pese a las denunciadas presiones del gobierno a la “Sheriff” Dorothy Pérez, Contralora General de la República de Chile, para que ésta tome razón del acuerdo por el litio SQM-Codelco, la Contralora respondió como se espera de una autoridad de su envergadura: condiciones a la toma de razón e inicio de una auditoria.
Las presiones según ha sido informado El Ciudadano, habrían venido del mismo entorno y directamente desde el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La función suprema de la Contraloría General de la República de Chile es fiscalizar el uso de los recursos públicos y asegurar la legalidad de los actos de la Administración del Estado. Por ello, le ha correspondido revisar el acuerdo realizado por trato directo entre el Estado -a través de Tarar SpA- y la empresa ligada a Julio Ponce Lerou, SQM, que busca extender su dominio sobre el litio hasta el año 2060.
La máxima fiscalizadora del Estado informó que no puede evaluar la legalidad de varios aspectos del acuerdo ya resueltos por los tribunales, pero anunció una auditoría al contrato con Morgan Stanley y estableció salvaguardas clave para la participación estatal en la explotación del litio hasta 2060.
La CGR, delineó el alcance de su intervención en el controvertido acuerdo de asociación público-privada entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta 2060. Mediante dos oficios oficiales firmados por la Contralora General, Dorothy Pérez (adjuntos al cierre del artículo), el organismo estableció que, si bien se encuentra impedida de pronunciarse sobre el fondo de numerosas alegaciones debido a resoluciones judiciales previas, iniciará auditorías específicas y ha impuesto condiciones estrictas para la “toma de razón” de los contratos claves.
Por Bruno Sommer
En términos simples, la Contraloría General de la República es el máximo órgano fiscalizador de Chile, responsable de supervisar el uso de los fondos municipales y estatales. Entre estos últimos se encuentran recursos de diversa magnitud, algunos de inmenso valor, como es el caso del tesoro del litio. Al respecto, el Fisco ya ha sido perjudicado considerablemente a lo largo de la historia -hechos que trascienden este acuerdo específico-, debido a una fiscalización laxa durante años, a procesos judiciales intervenidos por las redes de Ponce Lerou, y a estrategias de impugnación de impuestos por parte de la empresa, entre otros.
La administración de Julio Ponce Lerou -ex yerno de Pinochet- y sus sucesivos directorios, han generado un daño patrimonial cuantificado (Bitran) pero inmenso para el Estado, menoscabando además la garantía que éste debe brindar a la inversión extranjera en el país.
Si la Contraloría convoca a peritos económicos y ampliara el alcance de su auditoría, podría constatarse un perjuicio evidente: Chile perdió , en un momento de precios históricos del litio, un negocio millonario en el que existían múltiples interesados, más allá de China.
Abstención en lo resuelto por la Justicia
En el Oficio E217265 del 18 de diciembre de 2025, dirigido a un grupo de diputados y otros reclamantes, la CGR detalla que debe “abstenerse de emitir un pronunciamiento” sobre las objeciones al acuerdo que ya han sido vistas o están siendo revisadas por tribunales.
La razón esgrimida es clara, los tribunales de justicia ya han fallado sobre esos puntos. La Contraloría cita sentencias de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Antofagasta, confirmadas por la Corte Suprema, que resolvieron a favor de la legalidad de aspectos críticos. Entre ellos:
Habilitación legal de Codelco: Los tribunales confirmaron que el decreto ley N° 1.350 autoriza a Codelco a explorar y explotar minerales no ferrosos, como el litio, y a crear filiales para ese fin, sin necesidad de una nueva ley de quórum calificado.
Encargo de CORFO a Codelco: Se validó el memorándum de entendimiento entre CORFO y Codelco como un “encargo funcionarial” para negociar con SQM, en cumplimiento de la política estatal de la Estrategia Nacional del Litio (ENL).
Mecanismo de trato directo: Se respaldó la decisión de negociar directamente con SQM, sin licitación pública, dado que la empresa ya tiene contratos vigentes en el salar y opera en él.
Consulta indígena: Los fallos determinaron que el proceso de consulta llevado a cabo por CORFO se ajustó a la normativa y fue suficientemente extenso, desestimando las críticas.
“Esta Contraloría General, en cumplimiento del artículo 6° de su ley N° 10.336, se encuentra expresamente impedida de emitir un pronunciamiento sobre ese aspecto”, señala el oficio respecto a las materias ya zanjadas judicialmente.
Auditorías en marcha: Morgan Stanley y más
Pese a la abstención en el fondo, la Contraloría no se «lava las manos». Anunció acciones concretas de fiscalización.
La primera de ellas es la Auditoría al contrato de asesoría entre Codelco y Morgan Stanley, dando inicio a una auditoría específica sobre la celebración y cumplimiento de este contrato, suscrito meses antes del anuncio de la ENL. Esta revisión se enmarca en las facultades de la CGR para fiscalizar a las empresas del Estado y aquellas donde éste tenga participación mayoritaria.
La segunda son las consideración de las observaciones parlamentarias pues la CGR indicó que las múltiples observaciones y el informe crítico de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados “serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General”. Si bien no se pronuncia sobre sus conclusiones, las integra a su labor fiscalizadora.
La tercera claramente es la Toma de Razón con “alcances e instrucciones” estrictas.
El segundo documento, el Oficio E217874 del 19 de diciembre de 2025, corresponde a la “toma de razón” de la resolución de CORFO que aprueba los nuevos contratos con Minera Tarar SpA (filial de Codelco) para el periodo 2031-2060. Este trámite no es un mero visto bueno, sino que viene cargado de condiciones vinculantes entre las que destacan:
El control previo sobre Minera Tarar SpA pues la CGR exige que Codelco regularice ante ella el trámite de control de legalidad por la creación de su filial Minera Tarar SpA. Los efectos de la aprobación de los contratos quedan supeditados a que esto se cumpla antes del cierre de la operación.
El blindaje de la participación estatal mayoritaria, dando correción a una cláusula que permitía a Codelco reducir su participación bajo aprobación del Consejo de CORFO. Ahora, la CGR instruye que cualquier decisión en ese sentido debe tomarse mediante un acto administrativo formal de CORFO, el cual también deberá someterse a “toma de razón” previa en la Contraloría. Esto busca garantizar que el Estado mantenga el control mayoritario que exige la ENL.
También la Contralora, laza una advertencia sobre aportes a municipios y gobierno regional, recordando la jurisprudencia que impide a municipios y gobiernos regionales recibir aportes de privados que tengan interés en proyectos que ellos mismos deben calificar ambientalmente, por conflicto de interés. Instruyó a los organismos públicos involucrados a “ceñirse estrictamente” a esta normativa.
Se suma a sus condiciones para la toma de razón, la condición por investigación en EE.UU. El acuerdo está sujeto a que finalice la investigación de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.) a SQM. La CGR exige que Codelco acredite ante ella la renuncia o modificación de esta condición, o que contractualmente se cautelen los intereses estatales ante una eventual multa.
Finalmente, se ha fijado un plazo perentorio. La CGR exige a CORFO y Codelco que den cuenta documentada del “cabal cumplimiento” de todas estas condiciones antes del 31 de diciembre de 2025.
Fiscalización activa
La Contraloría General se mueve en un estrecho margen definido por la ley y los fallos judiciales. Su decisión de no pronunciarse sobre el fondo del acuerdo responde a un mandato legal que le impide contradecir o reabrir lo ya resuelto por los tribunales, según ha detallado la Contralora.
La contralora lo ha dicho auditará Tarar Spa, creada recordemos por un ex funcionario de Ponce Lerou, de apellido San Martín, y que actualmente trabaja en Codelco.
No es tarea fácil fiscalizar cabalmente un acuerdo tan complejo, especialmente cuando el propio presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se ha negado a cooperar con información en el marco de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Un Máximo Pacheco que debería explicar a la Contraloría, por ejemplo, la compra con recursos estatales (230 millones de dólares) de Salar Blanco a su amigo personal Marín Borda, a través de una empresa de papel.
También es importante esclarecer las ventas posteriores y confirmar si es cierto que a SQM le resultó irrelevante ceder sus activos en Maricunga, dado que el acuerdo -que le asegura una participación neurálgica en el litio mundial hasta 2060- le habría salido prácticamente gratis, según se ventiló en una reunión de su directorio.
La “Sheriff”, lejos de adoptar un rol pasivo, ha delimitado un campo de acción concreto y de impacto. Al anunciar auditorías específicas (como la del contrato con Morgan Stanley) y, sobre todo, al condicionar la “toma de razón” a salvaguardas jurídicas que buscan blindar el control estatal y la probidad, la CGR ejerce una fiscalización posterior y preventiva clave.
Su labor se centrará ahora en verificar el cumplimiento de estas instrucciones y en auditar las operaciones específicas que han generado mayores cuestionamientos, quedando en manos de la Contralora Dorothy Pérez y su equipo un rol vigilante en la implementación del mayor acuerdo litifero de las últimas décadas, en el negocio del Estado con privados que más noticias ha generado en estos cuatro años de un gobierno que ya prácticamente llega a su fin y se ve apurado en cerrar un “cuestionado negocio” para Chile que se ha pretendido aprobar entre gallos y media noche, tal cual ocurrió con el TP11 recargado, esta vez presionando a la «Sheriff» de nuestro país.
Por Bruno Sommer
El Ciudadano
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