El presidente catalán será sometido a juicio por un presunto delito de desobediencia

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación

El Tribunal Superior de Justicia ordenó un juicio oral contra Quim Torra por supuestamente negarse a retirar la simbología independentista en los edificios públicos durante campaña electoral


El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, será sometido a juicio por un delito de desobediencia al negarse a retirar la simbología independentista de edificios públicos en periodo electoral, según informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El TSJC emitió este viernes un auto en el que «se dicta apertura de juicio oral contra Joaquim Torra por un delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente».

La Fiscalía, que considera al presidente catalán culpable de estos delitos, pide para Quim Torra un año y ocho meses de inhabilitación.

El caso se remite a unos sucesos que arrancan el pasado 11 de marzo, cuando la Junta Electoral Central de España ordenó la retirada de simbología independentista de los edificios públicos catalanes.

En su resolución, la Junta señalaba que la simbología independentista es legítima, pero recordaba que, sobre todo en periodo preelectoral, los edificios públicos deben mantener una «rigurosa neutralidad política».

La orden se refería, en concreto, al uso de la estelada (la bandera independentista catalana) y los lazos amarillos utilizados para homenajear a los nueve líderes catalanes encarcelados.

«Los citados símbolos, emblemas y lemas son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que (…) se consideran partidistas, por lo que no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales», recuerda el auto emitido este viernes por el TSJC.

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Pese a la resolución de la Junta Electoral, la sede del Gobierno catalán siguió luciendo símbolos independentistas durante varios días hasta que finalmente fueron retirados el 21 de marzo tras recibir varios ultimatums de la Junta Electoral, que alertó sobre las posibles consecuencias penales del incumplimiento.

Una vez retirados los lazos y las banderas, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán en la que se afirmaba que su actuación podía ser constitutiva de un delito de desobediencia porque ignoró de forma reiterada requerimientos «claros y expresos» provenientes de «la máxima autoridad administrativa en materia de los procesos electorales».

Según el juez instructor Carlos Ramos, el presidente Torra mostró un «firme» propósito de «incumplir» o «retrasar» el cumplimiento del mandato de la Junta Electoral mediante distintas argucias aplicadas con una «voluntad decididamente obstativa».

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Además de la acusación formulada por la Fiscalía, el partido ultraderechista Vox también ejercerá como acusación popular en el juicio. 

Fuente: Sputnik

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