Columna de Patricia Brito: Que no se hable de derecho a la educación cuando hay familias compartiendo un celular para 5 hijos

Quienes se desempeñan en el sector de la educación pública me entenderán cuando digo que la situación país se ha vuelto insostenible. Cada vez tengo menos estudiantes conectados a clases porque las familias tienen cada vez menos recursos para pagar el internet.

El gobierno no está garantizando nada. Por mi parte, como profesora del sector público que goza de un sueldo, bajo los parámetros de un empleo formal, puedo costear todavía servicios como el internet, que es la plataforma necesaria en estos momentos para hacer clases. Ahora los trabajadores costeamos hasta los medios de producción para realizar el trabajo. Pero existen familias que ya no gozan de ningún ingreso, que ni siquiera eso pueden.

Muchas familias viven de trabajos informales, de salir a la calle a vender sus productos, actividad que se ha visto frenada con las cuarentenas, y resulta lógico entender que uno de los primeros servicios de los que van a tener que prescindir será algo no vital como el internet. Aunque, con mucho pesar, eso prive a sus niñas y niños del derecho a la educación.

Tengo muchos apoderados que están siendo contagiados con el virus, porque, evidentemente, los que pueden y participan de rubros que siguen activos, como el comercio primario, tienen que salir a trabajar. Esto debido a que el gobierno actual no les asegura una renta básica universal para que puedan hacer cuarentenas efectivas.

La crisis actual no solamente la hemos pagado los y las trabajadores formales, quienes hemos podido retirar nuestros 10% de las AFP’s. Por supuesto que no, la crisis también la está costeando cada familia que ha tenido que sacrificar necesidades para que sus hijos puedan conectarse a clases, así como aquellas familias que han tenido que sacrificar el acceso a la educación de sus hijos para poder comer. ¡Cuando la educación es un derecho!

Este gobierno no ha garantizado la educación en ningún punto, y esto es gravísimo. No ha entregado ni internet a las familias, ni garantizado conectividad a la población, ni tampoco recursos tecnológicos, centrando toda su campaña en abrir como sea los establecimientos educativos para perpetrar la educación de mercado. En mis cursos hay familias que tienen un celular para cinco hijos. Que el gobierno no se haga cargo de entregar condiciones mínimas para que la gente pueda pasar segura la pandemia y a la vez cuente con acceso real a la educación, parece una burla.

Entonces, cuando vemos que, una decisión tras otra, este gobierno no se ha empeñado en lo más mínimo en garantizar derechos fundamentales como la educación o la salud, lo único que nos indica es que no les importa la vida o el bienestar de la gente. La palabra indignación queda chica.

Se están gestando todas las condiciones para un segundo estallido social, que exija la destitución de Piñera, porque la gente no puede seguir aguantando. Con esta crisis se evidenció lo indigno de este sistema, y la elite política, empresarial y medios de comunicación de nada se podrían sorprender cuando la gente decida salir a la calle a protestar, con pandemia o sin ella.