La Constitución de los partidos: Los que rechazan más que triplican a los que aprueban, según Research

La cantidad de ciudadanos que expresó que votaría en contra del la propuesta de la nueva Carta Magna registró un incremento de siete puntos porcentuales, pasando de 16% a 23% respecto a la última consulta.

La más reciente entrega de la Encuesta Research, reveló un aumento en el porcentaje de las personas que rechazarían la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional, durante el plebiscito de salida que está agendado para diciembre de este año

De acuerdo con el estudio de opinión correspondiente al mes de agosto, la cantidad de ciudadanos que expresó que votaría en contra del texto registró un incremento de siete puntos porcentuales, pasando de 16% a 23% respecto a la última consulta.

En tanto, el 69% «quiere leer el proyecto final para tener una posición» y sólo el 7% está «a favor» de la propuesta redactada por el Consejo Constitucional.  

Respecto al porcentaje de quienes señalaron que aprobarían la propuesta que entregará el Consejo Constitucional, este se mantuvo en un 7%.

Con relación a la consulta sobre si Chile tendrá una nueva Carta Magna este año, esta pasó de 36% a un 20%, lo que refleja una caída de 16 puntos porcentuales.

Segñun la encuesta, ell 47% cree que es «muy difícil» que Chile tenga una nueva Constitución en 2023 y el 32% opina que «no» habrá una nueva Carta Magna el presente año, cifra que se elevó en un 17% en comparación a la medición realizada en noviembre de 2022 (15%).

Poca confianza en el proceso constituyente

Cabe recordar que la instalación del Consejo Constitucional se realizó en medio de un escenario de descrédito y desafección por parte de la ciudadanía, tal y como revelaron distintos estudios de opinión.

El incremento de la desconfianza en el proceso constituyente desarrollado por los partidos políticos tradicionales, se debe en gran parte al hastío por parte de la población en la manera en que opera este sector y las instituciones.

Diversos movimientos sociales han planteado que, tanto el Ejecutivo como los partidos políticos deberían estar abocados a su tarea de gobernar y legislar, respondiendo a las demandas sociales, al alza del costo de la vida, y las causas de fondo de la percepción de inseguridad, entre otras materias urgentes.

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