Los cuatro artículos de la propuesta constitucional que representan un peligro para el derecho a la educación

A poco más de un mes para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, varios académicos han compartido sus percepciones sobre la propuesta constitucional por la que la ciudadanía votará «A Favor» o «En Contra» el próximo 17 de diciembre.

En materia de educación, el profesor de lengua, literatura y comunicación, Luis Catalán Martínez, advirtió sobre los aspectos más polémicos del texto emanado por el Consejo Constitucional.

En una publicación en su cuenta en la red social Instagram, Catalán, también conocido como «El Profe», alertó sobre el peligro que representan para la educación cuatro artículos incluidos en la propuesta de la nueva Carta Magna.

En primer lugar, el profesor se refirió al peligro a la continuidad de la gratuidad en educación superior, que representa el artículo número 16, Punto 23, letra J del texto.

«La gratuidad ha sido un avance significativo para miles de jóvenes chilenos que buscan acceder a la educación superior. Retroceder en este aspecto puede limitar el acceso a la educación de calidad. La propuesta restringe la entrega de recursos del Estado solo a “sus” instituciones de educación superior, es decir, la actual ley de gratuidad puede ser declarada inconstitucional, puesto que prácticamente todas las universidades, IP y CFT financiados son privados, no propiedad del Estado», planteó Catalán.

El segundo artículo sobre el cual advierte el profesor es el número 16, Punto 23, letra F, ya que contempla la «entrega de dinero del Estado a colegios privados sin regulaciones».

«Esto podría llevar a la falta de transparencia y calidad en la educación, afectando a los estudiantes y sus familias», explicó le docente que lla más de una década impartendo clases en colegios de distinta dependencia y altos niveles de vulnerabilidad, como en La Florida, La Pintana y otras comunas aledañas.

En tercera instancia el ex aspirante a diputado por el Distrito 12, cuestiona el contenido de artículo 16, Punto 24, letra B, por considerar que promueve las «negligencias con la educación de niñas, niños y adolescentes».

«Dejar la continuidad de estudios al criterio de las familias puede tener consecuencias negativas, especialmente para los sectores más vulnerables. En particular, el artículo señala que las familias pueden elegir entre “enseñarles por sí mismos o elegir un establecimiento” lo que a todas luces es un peligro», planteó.

En cuarto lugar «El Profe» Luis Catalán Martínez criticó el contenido del artículo 16, Punto 24. letra G, por considerar que plantea la reducción del currículum obligatorio.

«Esto limitaría la diversidad de pensamiento y la formación de nuestros jóvenes, principalmente preocupante porque los colegios religiosos además tendrán la libertad de imponer sus doctrinas e ideologías subyacentes sin ningún tipo de regulación», advirtió.

Para concluir, el profesor afirmó que estas medidas son peligrosas a la luz de la evidencia internacional, por lo que es esencial «que analicemos con mente abierta y crítica las implicaciones de la propuesta en la educación y en todos los aspectos de la sociedad».

«No permitamos que el sesgo de confirmación nos impida ver la imagen completa y tomar decisiones informadas», dijo al tiempo que confirmó que votará «En Contra» el próximo 17 de diciembre en el plebiscito de salida.

«Yo, voy «En Contra» ¿y ustedes?», expresó.

Otros artículos que generan polémica en materia educativa

Adicionalmente, otros artículos han generado polémica, en especial el seno del oficialismo, durante la discusión de la propuesta constitucional

El artículo 16, Punto 23, letra E, establece que la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.

Este fue uno de los temas que zanjó la Comisión Mixta, y según la integrante de la Comisión Experta, Antonia Rivas, este enunciado deja al Estado en un “rol sostenedor y no garantizador” del derecho a la educación.

Otro de los puntos que provocó el rechazo del oficialismo es lo que punto que se describe el artículo 16, Punto 23, letra G, en el cual se establece la libertad de los establecimientos educacionales para definir sus contenidos curriculares

En concreto, se critica que reduce la capacidad del Ministerio de Educación para influir en esa definición de contenidos.

«El Estado fijará contenidos mínimos para la educación parvularia, básica y media, los que no implicarán el uso de un porcentaje mayor a la mitad de las horas lectivas al momento de impartirlos, a fin de garantizar la autonomía y diversidad educativa”, señala el citado artículo.

Según la comisionada Rivas, esta clausula implicaría “un debilitamiento muy intenso y muy profundo del rol del Ministerio de Educación, de las políticas nacionales de educación”, consignó Ciper.

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