Proceso constituyente: Discutir lo importante

El debate en torno al proceso constituyente pretende ser monopolizado por la misma clase política que impuso un modelo institucional pactado con la oligarquía, los uniformados y que fue promovido por Washington.

Este modelo, todos lo sabemos, consagró la explotación de trabajador@s, la depredación del medio ambiente y la destrucción de las comunidades.

No obstante, gracias a la valentía de niñas, niños y jóvenes, y luego, del pueblo en su conjunto, se logró restar toda viabilidad a la ilegítima constitución de 1980 estableciéndose su muerte.

No obstante, ésta nauseabunda clase política, usando las prerrogativas que la moribunda constitución de 1980 y el espurio “acuerdo de 15 de noviembre” le dan, intenta manejar el proceso de elección de convencionalistas de cara a las cruciales elecciones de abril próximo. Partidos de todos los sectores han cerrado al máximo los espacios en sus listas a actores sociales y territoriales, privilegiando a operadores y burócratas los que se ocultan detrás de figuras con alta figuración y simpatía pública.

Pero hasta ahora no está en el debate lo importante: Qué debe establecer la nueva constitución y cuál es el mandato que portarán los delegados a la Convención Constitucional.

Los partidos mantienen su lógica de elegir “rostros” intentando ocultar con ello que estos candidatos -si son electos- olvidarán a sus electores y manejarán su propia agenda. Y eso no lo podemos aceptar.

Por lo mismo, como medio de comunicación al servicio de las comunidades y los pueblos de Chile, estimamos que no se puede seguir eligiendo “representantes” sin mandato soberano.

Y para generar esos mandatos, es que todos los sectores sociales y asambleas territoriales, deben avanzar en sus asambleas preconstituyentes en las que se establezcan las que deben ser las premisas fundamentales de la nueva constitución.

En El Ciudadano estimamos que en la nueva carta fundamental debe considerarse, al menos y entre otros, los siguientes puntos:

1.- Debe ponerse fin al centralismo económico y político de Santiago garantizándose la relativa autonomía económica y política de las regiones;

2.- Se deberá garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo local, regional y nacional;

3.- El Estado debe garantizar el bienestar económico, social y cultural de toda la población, en especial de los sectores marginados y discriminados hasta ahora como son las mujeres, los pobres y los pueblos originarios;

4.- La soberanía debe emerger de lo local a lo nacional y no al revés, como ha ocurrido hasta ahora. Por lo mismo, el Estado debe organizarse de manera tal de escuchar y obedecer las demandas barriales, comunales, provinciales y regionales. Por lo mismo, deben reflotarse instituciones suprimidas por la Constitución de 1833 como el cabildo y las asambleas provinciales.

Los municipios deberán ser refundados como la asamblea ciudadana angular del Estado “popular-representativo” (expresión directa de la soberanía local de la comunidad) y deberán estar representados directa y orgánicamente en las Asambleas Provinciales y Regionales.

5.- La ciudadanía (a través de sus asambleas locales y regionales) y el Estado (desde las agencias nacionales) establecerán y garantizarán un sistema educativo en que prevalecerá la voluntad ciudadana (la “comunidad” se autoeduca en relación colectiva consigo misma), en lo tocante a la orientación de los estudios (programas), a su evaluación (excelencia socialmente calificada) y a su administración local (consejos educativos). El Estado, por su parte, cuidará que la educación pública sea gratuita y de excelencia (proveerá los recursos para el perfeccionamiento de profesores y alumnos) y exigirá que la educación privada se autofinancie, sin ninguna subvención estatal.

6.- Deberá dictarse un nuevo Código del Trabajo que sea funcional a los nuevos planes de desarrollo productivo-industrial; que equipare los salarios del hombre y la mujer; que no impida la participación de los trabajadores en instancias políticas locales, regionales o nacionales; que posibilite el perfeccionamiento tecnológico de los trabajadores, en la misma planta o en institutos profesionales; que fije salarios razonables que impidan el endeudamiento de los hogares populares; que determine el porcentaje de las utilidades empresariales que deberán invertirse obligatoriamente (como “salario de comunidad”) en el desarrollo local de los barrios o comunas donde estén instaladas Las empresas y los trabajadores;

7.- Se deberá velar por que las Fuerzas Armadas se formen y organicen considerando como elemento principal y articulador los altos intereses de la ciudadanía y no los de la corrupta oligarquía ni menos los de potencias extranjeras;

8.- Ningún acuerdo político, fuere de nivel local, regional o nacional, podrá ser tomado e impuesto sin un proceso previo de deliberación ciudadana.

9.- La ciudadanía y el Estado deberán nacionalizar o re-nacionalizar las riquezas naturales de que dispone el país (cobre, litio, mar), a efectos de aumentar el índice de su manufacturación y el valor agregado; aumentando, de paso, la oferta laboral en las regiones respectivas.

10.- El acceso al agua debe ser considerado un derecho humano fundamental. El agua debe ser desprivatizada.

11.- La ciudadanía y el Estado promoverán la socialización de todos los fondos de pensión (AFPs e ISAPRES, en particular) y los reorganizará de manera que los propios trabajadores cotizantes participen de modo activo en su administración, con la colaboración de gestores y técnicos especializados. 

12.- La ciudadanía y el Estado deberán reconocer a los pueblos indígenas del país en su condición de tales, y restablecer, progresivamente, el dominio usufructuario de su territorio original, con las limitaciones que indique la prudencia ciudadana.

13.- Las niñas, niños y jóvenes deben tener derechos políticos y su voz debe ser escuchada en todas las esferas de la sociedad.

14.- El Estado debe garantizar el fin de toda discriminación, ya sea de raza, género o relacionada con el origen económico.