Argentina: 400 organizaciones sociales apoyan ley por un «aborto legal, seguro y gratuito»
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Este martes se presentó ante el Congreso de Argentina un proyecto de Ley que despenaliza y legaliza la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando está en riesgo la vida o salud de la mujer
«Aborto legal en el hospital», coreaba una marea de pañuelos verdes que volvió al Congreso de Argentina para acompañar por octava vez la presentación de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque en agosto de 2018 el Senado rechazó su legalización, tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito vuelve con más fuerza en medio de la campaña presidencial que enfrentará al actual presidente, Mauricio Macri, con la oposición liderada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La marea verde se hizo notar en Buenos Aires y otras 100 ciudades, entre ellas Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Luis, San Miguel de Tucumán, La Rioja, Concordia, Tandil y Lago Puelo. «Vamos a seguir marchando hasta que sea ley», decían las asistentes a la marcha que congregó a miles de mujeres, hombres y representantes de organizaciones sociales, y que se produjo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
El proyecto que se presentó este martes despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.
Deuda con la sociedad
En Argentina, abortar es un crimen que conlleva penas de cárcel que oscilan entre uno y cuatro años. Sin embargo, las estadísticas revelan que anualmente unas 500 mil mujeres se someten a este procedimiento de manera clandestina, y 500 de ellas pierden la vida por recurrir a métodos inseguros o remedios caseros, como infusiones o a base de perejil, para expulsar el embrión.
Victoria Donda, la primera diputada firmante del proyecto legislativo, indicó que es «un pedido de la sociedad que el Congreso vuelva a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más allá de cuestiones electorales o numéricas».
En una rueda de prensa en el Congreso, desde donde pidió a los legisladores que decidan si quieren una sociedad donde las argentinas sigan abortando en la clandestinidad o si van a reconocer por fin «esta deuda que la democracia tiene con las mujeres».
Señaló que no es legítimo que el Estado imponga una controvertida visión sobre el comienzo de la vida humana y persiga penalmente a aquellas personas que no concuerdan con la misma.
“Es necesario discutir hasta qué punto el Estado puede interferir en el ámbito de la autonomía de las mujeres, imponiéndole restricciones para decidir sobre su propio cuerpo”, afirmó.
“Las calles entraron al Congreso porque en las calles estamos todos los días. Venimos a este Congreso a fortalecer la democracia y a exigir un derecho que es una deuda para todas las personas gestantes. El aborto es una cuestión de derechos humanos y justicia social”, indicó por su parte la abogada y activista Mónica Menini.
Novedades del proyecto de Ley
La activista Delia “Choni” Pérez destacó que el proyecto que impulsa la Intervención Voluntaria del Embarazo ingresó este martes al Congreso con 70 firmas de legisladores nacionales y más de 400 organizaciones a nivel nacional. Recordó que la votación en la Cámara Alta el año pasado fue de 38 a 31.
“Son los mismos senadores, hay un contexto electoral que no es ajeno a la pretensión de las militantes, pero no es solo una presentación para reiterar el reclamo, sino que hay un avance en cuanto a los temas que incorpora este nuevo proyecto legislativo”, explicó.
El nuevo texto toma como punto de partida el que fue presentado en el 2018, e integra los debates en el Congreso que enriquecieron el abordaje del tema.
La propuesta de ley está organizada en tres capítulos con sus artículos pertinentes e incluye el concepto de «salud integral», que debe interpretarse conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que establece que «en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional».
Entre los principales cambios de la iniciativa está la incorporación de un sistema de plazos y causales para los casos de violación o en los que la vida o salud integral de la madre corran peligro, además de la completa despenalización para las personas que deciden abortar hasta la semana 14.
Se elimina la cláusula que habilitaba extender el número de semanas para la práctica en caso de malformación en el feto, y se modifica el Código Penal para despenalizar, en cualquier caso, a las mujeres que aborten.
El texto establece que las menores de 13 años necesitarán el consentimiento de uno de sus progenitores o representante legal y se incorpora un Programa Médico Obligatorio para dar cobertura al tratamiento, que será gratuito en el sistema público.
El instrumento legal señala que procedimiento «se debe hacer dentro de los cinco días de su requerimiento”.
También establece que una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que así lo requieran, las asesorías, y éstas le darán información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios.
La Ley incluye una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niege a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
A su vez, la pena se elevará de uno a tres años de prisión si se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. En tanto, se como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena será de 5 años de prisión.
Adicionalmente, incluye la necesidad de promover «políticas de salud sexual y reproductiva» y «educación sexual integral».
Por otra parte, no admite la necesidad de denuncia ante una violación, ni la objeción de conciencia, polémica tras los sonados casos de menores embarazadas como consecuencia de una violación en los que varios médicos se negaron a practicar abortos no punibles, incumpliendo la ley vigente.
El aborto en América Latina
La lucha por el derecho a someterse a un aborto, no es una lucha exclusiva de las mujeres argentinas. De hecho en la mayoría de los países latinoamericanos esta práctica continúa siendo penada.
Solo Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes.
Mientra que los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.
En Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Belice solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro.
En el resto de América Latina todos los Estados incorporan causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre
Ecuador incluye la posibilidad del aborto en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación a una mujer discapacitada mental. Colombia añade la variable del incesto y Belice, los factores socioeconómicos.
En Chile es posible practicarse un aborto en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en embarazos producto de una violación.
En México, cada una de las entidades federativas dispone de su propia legislación sobre el aborto. Las restricciones varían según el estado.
Sin embargo, en Ciudad de México está permitido el aborto libre y sin condiciones, durante las 12 primeras semanas de gestación.
Aborto y elecciones
«Este año que tenemos campaña electoral el aborto tiene que estar en la agenda política y los candidatos y candidatas tienen que pronunciarse. Queremos que no se pueda votar sin saber su posición», afirmó la psicoanalista Martha Rosenberg, una de las voceras de la campaña a favor del aborto legal.
Conocer la opinión de los candidatos presidenciales sobre el derecho que tienen las mujeres a decidir voluntariamente interrumpir un embarazo es sin duda un tema que despierta el interés de los electores.
«Mi voto dependerá de la postura sobre el aborto, espero que el de mis amigas también», señaló la estudiante Carla López, quien este año votará por primera vez. “No tenemos tiempo para esperar porque siguen muriendo mujeres», agregó, citada por el diario El País.
En esta campaña la presión de la sociedad es cada vez mayor, tomando en cuenta el número de muertes registradas por los abortos clandestinos y que en las elecciones de 2015 el tema quedó fuera de la agenda en discusión, aunque los dos candidatos que se enfrentaron en segunda vuelta, el conservador Mauricio Macri y el peronista Daniel Scioli rechazaban legalizarlo.
Al llegar a la Casa Rosada, Macri mantuvo su postura y se declaró «a favor de la vida», lo que es igual a estar en contra del aborto legal.
Sin embargo, fue el primer Jefe de Estado argentino que habilitó el debate legislativo y anticipó que no vetaría la ley en caso de que fuera aprobada por los legisladores.
Alberto Fernández, quien es el principal rival de Macri en la carrera presidencial, apuesta por una propuesta intermedia: la despenalización.
«Por lo pronto, me parece que no debe ser un delito y que eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es un tema que divide a los argentinos», dijo la semana pasada en su primera aparición como candidato de una fórmula que incluye a Cristina Fernández como vicepresidenta, y que hasta el momento lidera la preferencia de los electores.
Entre los demás precandidatos presidenciales las posturas difieren. Sergio Massa está a favor de la despenalización del aborto, al igual que el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Mientras que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se declara «personalmente en contra», pero propone una consulta popular. Nicolás del Caño, candidato del Partido de los Trabajadores Socialistas, es el único que históricamente ha defendido abiertamente la legalización.
Lo cierto es que ante este tema tan sensible para la sociedad, los aspirantes a la Presidencia deberán definir su posición.
El politólogo Sergio Berensztein señaló que la legalización del aborto volvió a insertarse en la agenda pública, por lo que «a la corta o a la larga los postulantes van a tener que volver a hablar del tema».
Sin embargo, planteó que este debate sigue dividiendo a los argentinos y por ello muchos «evitan perder votos».
«No quieren separar las aguas en el inicio de la campaña. Van a tener que opinar, seguro, es un tema que va a estar, pero no hay que anticiparse para evitar costos. Es una cuestión estratégica», advirtió, citado por el portal TN.
Aunque algunos analistas consideran que la propia actividad de la campaña electoral podría desacelerar el debate, y postergar la votación de la Ley para 2020, las organizaciones sociales no abandonarán la lucha.
“No sabemos si se va a tratar este año, pero sí se va a mantener viva la movilización, la ola verde hasta que salga la Ley”, afirmó la activista Delia “Choni” Pérez.
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