Abogados colombianos denunciarán a Uribe y tres de sus ex ministros por acuerdo militar con EEUU

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo podría denunciar en los próximos días al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe y a sus ex ministros de Exteriores Jaime Bermúdez, de Defensa Gabriel Silva y del Interior Fabio Valencia por ceder parte del territorio nacional a Estados Unidos a través del acuerdo militar que le permite […]

Por Wari

19/08/2010

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El colectivo de abogados José Alvear Restrepo podría denunciar en los próximos días al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe y a sus ex ministros de Exteriores Jaime Bermúdez, de Defensa Gabriel Silva y del Interior Fabio Valencia por ceder parte del territorio nacional a Estados Unidos a través del acuerdo militar que le permite usar siete bases en ese país iberoamericano. Por su parte, el diputado colombiano Iván Cepeda ha solicitado al Tribunal Penal Internacional (TPI) estudiar un caso que fue «archivado» por el Congreso, en el que se acusa al ex presidente colombiano Álvaro Uribe por delitos de injurias y calumnias cometidos hace ocho años, y que habrían gatillado el asesinato de 20 pobladores.

«Dicho acuerdo compromete la soberanía nacional al establecer la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, el espacio aéreo y marítimo y del espectro electromagnético a favor de Estados Unidos», reza el comunicado facilitado por los letrados.

Los juristas acusaron a Uribe y a sus ex ministros de cometer los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad y prevaricación. Además, consideraron que los ex funcionarios violaron la separación de poderes del Estado al no someter el documento a la votación del Congreso, tal y como dictaminó la Corte Constitucional esta semana.

Los abogados solicitaron también la intervención de la Fiscalía y de la Procuraduría «para que adelanten las actuaciones disciplinarias a las que haya lugar como quiera que los ex funcionarios gubernamentales terminaron actuando en detrimento de la soberanía y de la autonomía de la institucionalidad colombiana».

En este sentido, Luis Guillermo Pérez, miembro de dicho colectivo de abogados, explicó que el acuerdo suscrito entre ambas naciones no sólo autorizaba a Estados Unidos a utilizar siete bases colombianas sino a que el personal desplegado en ellas –800 militares y 600 contratistas civiles– haga uso libre de las comunicaciones y del espacio aéreo de las mismas, así como a gozar de la inmunidad diplomática.

Por ello, Pérez consideró que «desde hace varios años Estados Unidos viene enarbolando la lucha contra el narcotráfico como pretexto para inmiscuirse en los asuntos internos de los demás países y vulnerar los derechos de los ciudadanos con absoluta impunidad». Así, puso como ejemplo el caso de Ecuador donde la no adhesión de los efectivos estadounidenses a la legislación local provocó «el aumento indiscriminado de la violación de Derechos Humanos».

DIPUTADO CEPEDA SOLICITÓ INVESTIGACIÓN AL TPI

El diputado colombiano Iván Cepeda explicó que remitieron al Tribunal Penal Internacional (TPI) el expediente del proceso por el delito de injurias y calumnias -caso que fue «archivado» por el Congreso- pero que, en su opinión, no fue estudiado cuidadosamente por la Comisión de Acusaciones del Parlamento a la que acusó de dedicarse a hacer «procedimientos burocráticos» en vez de encabezar una «investigación seria».

«Sin embargo, la plenaria utilizando las mayorías de Gobierno archivó el proceso y entones nosotros solicitamos una copia del expediente y grabación de la sesión de la Cámara y ambos documentos los vamos a remitir a la CPI«, comentó el diputado en declaraciones citadas por la emisora local La FM.

En 2002, en el departamento de Antioquia (centro-norte), el entonces presidente Uribe acusó a los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó y al religioso Javier Giraldo de connivencia con la guerrilla. Después de esta acusación, un total de 20 habitantes de esta localidad resultaron asesinados.

El parlamentario del opositor Polo Democrático Alternativo vaticinó que la conclusión del TPI, una vez que analice detalladamente el caso de Uribe, es que «no se está haciendo un trabajo serio en materia de investigación y juzgamiento de una serie de hechos que son preocupantes en Colombia».

«Esperábamos que se actuara en justicia y que la plenaria devolviera el expediente para que se diera una investigación, no pedíamos que se declarara culpable al ex presidente sino que se practicaran las pruebas pero esto nunca se dio», lamentó.

Fotografía: Obama y Uribe

Fuente: www.europapress.es

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