Caso ProCultura: Fiscalía incautó celular del gobernador de Ñuble

El Ministerio Público confiscó el celular del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), durante un allanamiento realizado al edificio del Gobierno Regional, como parte de las investigaciones relacionada con la arista del Caso Convenios que involucra a la extinta fundación ProCultura en diversas regiones del país.

Durante la acción, llevada a cabo por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, también se consfiscaron los teléfonos de la administradora regional, Alicia Salinas, y otro alto funcionario,

Esta no es la primera vez que el fiscal Palma realiza diligencias en este órgano. Desde el Gobierno Regional confirmaron que las acciones consistieron en la confiscación de tres celulares, además de solicitar la nómina de los teléfonos móviles de la institución.

La indagatoria en Ñuble se inició a raíz de una auditoría de la Contraloría General de la República que cuestionó el proyecto “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, por un monto de 268.100.000 pesos, asignado directamente a ProCultura sin la debida fundamentación. La ONG actuó como intermediaria entre el Gobierno Regional y las empresas privadas que ejecutaron los trabajos, con señales de inconsistencias en los pagos.

El fiscal Palma está investigando los convenios de ProCultura, liderados por el siquiatra Alberto Larraín, que cesó sus actividades en noviembre pasado, en regiones como Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, por un total cercano a los 6 mil millones de pesos.

En esta causa se investigan delitos como fraude al Fisco y tráfico de influencias.

El fiscal destacó la gravedad de estos delitos, afirmando que “ambos son un riesgo real para la democracia y el Estado de derecho“, porque el primero «debilita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de gran necesidad y además, erosiona la confianza de las personas en las instituciones gubernamentales», y el segundo «afecta la democracia al permitir que intereses particulares influyan indebidamente en las decisiones políticas y administrativas, degradando la necesaria igualdad de oportunidades e imparcialidad que el Estado debe tener con la comunidad», sostuvo Palma en una columna publicada en el medio aysesino El Divisadero.

Además del allanamiento en el Gobierno Regional de Ñuble, la Fiscalía también realizó diligencias en dependencias del Serviu y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región del Biobío, así como en La Araucanía, como parte de esta investigación en curso.

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